Lección 1ª – Concepto, Definición y Evolución Histórica de la Medicina Legal

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Índice de contenidos

I. Introducción

II. Actuación en la Escena del Crimen y Protocolo de Autopsia Judicial

III. El Médico en la Escena del Crimen y la Autopsia Judicial

1. Levantamiento del Cadáver
2. Examen Externo en la Sala de Autopsias
3. Examen Interno (Apertura de Cavidades)
4. Pruebas Complementarias
5. Informe Pericial Definitivo

IV. El Médico como Perito y Auxiliar de la Justicia

1. Delimitación de la Función Médico-Legal
2. Concepto de Primera Asistencia Facultativa y Tratamiento Médico-Quirúrgico

V. Obligaciones Legales y Tipos de Delitos en el Código Penal

VI. Documentación Médico-Legal y Actuación Pericial

1. Certificados Médicos y de Defunción
2. Oficios y Partes Médico-Legales
3. El Informe Médico-Forense de Sanidad (Lesiones)
4. La Autopsia Judicial: Informe vs. Declaración
5. El Informe o Dictamen Pericial

VII. Referencias Bibliográficas

I. Introducción

La medicina legal, también denominada medicina forense, se constituye como la disciplina que utiliza la totalidad de los recursos biológicos y médicos para la resolución de los problemas que plantea el Derecho. Según Gisbert Calabuig (2019), esta especialidad no se limita a la aplicación práctica de las leyes, sino que contribuye activamente a su perfeccionamiento y evolución, actuando como un nexo científico-jurídico indispensable. En el contexto actual, su función trasciende la mera práctica de autopsias, abarcando áreas como la valoración del daño corporal, la psiquiatría forense y la genética molecular, siempre bajo el principio de auxilio a la administración de justicia cuando el hecho biológico requiere una interpretación técnica que el juzgador no posee por su formación jurídica (Moya Pueyo, 2021).

Históricamente, la disciplina ha transitado por tres fases evolutivas. La denominada etapa ficticia se sitúa en las civilizaciones antiguas de Egipto, el pueblo judío y Grecia. En esta última destaca el concepto de dokimasia o docimasia, término griego que significa «prueba», cuya máxima expresión fue la docimasia galénica hidrostática, técnica que permitía discernir si un recién nacido había llegado a respirar mediante la flotación de los pulmones en agua.

El Derecho Romano consolidó este auxilio médico a través de disposiciones como las leyes Cornelia (sobre el veneno), Aquilia y las reformas de Adriano y Numa Pompilio. No obstante, fue la legislación canónica en la Edad Media, bajo los pontificados de Inocencio III y Gregorio IX, la que impuso por primera vez el peritaje médico como requisito obligatorio para dirimir cuestiones de nulidad matrimonial y consumo del mismo.

La época positiva representa la transición hacia la sistematización normativa. Un hito fundamental fue la Constitutio Criminalis Carolina de 1532, impulsada por Carlos V, la cual estableció la obligación de recurrir a facultativos en casos de homicidio, infanticidio, envenenamiento y errores del arte médico, ampliando posteriormente sus supuestos a procesos por lesiones y partos clandestinos.

En España, el reconocimiento como fundador recae en Juan Fragoso, quien en 1601 redactó la instrucción para los médicos ante los tribunales. Finalmente, la época científica, iniciada en el siglo XIX, marcó la profesionalización de la disciplina. En 1843 se creó la primera cátedra de Medicina Legal en Madrid, regentada por Pedro Mata, lo que sentó las bases para la creación del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y la posterior organización de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), que hoy centralizan la actividad pericial bajo criterios de calidad científica y protocolos actualizados.

II. Actuación en la Escena del Crimen y Protocolo de Autopsia Judicial

El abordaje médico de la escena del crimen, técnicamente denominado diligencia de levantamiento del cadáver, constituye la fase inicial e irrenunciable de la autopsia judicial. Durante esta etapa, el médico forense actúa como asesor directo de la comisión judicial, debiendo mantener una actitud de máxima preservación del escenario.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim 1882/2024), el facultativo debe evitar cualquier manipulación innecesaria que pueda alterar los vestigios biológicos, limitándose a confirmar el óbito y a realizar las primeras estimaciones del cronotanatodiagnóstico mediante la toma de temperatura rectal y la evaluación de los fenómenos cadavéricos precoces como la rigidez (rigor mortis) y las livideces.

Es imperativo que el médico documente el estado del cuerpo y su entorno inmediato mediante croquis, fotografías y anotaciones sobre manchas de sangre o indicios de lucha, colaborando estrechamente con las unidades de policía científica.

La autopsia judicial es una diligencia sumarial de carácter médico-legal que tiene por objeto determinar la causa, el mecanismo y la etiología médico-legal de la muerte (homicida, suicida, accidental o natural). El artículo 343 de la LECrim dispone que, en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, se procederá a la autopsia aun cuando por la inspección externa pueda presumirse la causa del fallecimiento. Este precepto subraya la obligatoriedad de la apertura de cavidades para garantizar la seguridad jurídica.

El procedimiento debe llevarse a cabo en lugares públicos habilitados (art. 353 LECrim), generalmente en las salas de autopsias de los Institutos de Medicina Legal. Actualmente, el protocolo se ha visto reforzado por el Real Decreto 32/2009, que regula el uso de técnicas complementarias como la toxicología, la histopatología y el análisis de ADN, asegurando que el informe pericial final proporcione al juez una base científica sólida para la calificación del hecho delictivo.

III. El Médico en la Escena del Crimen y la Autopsia Judicial

La intervención médico-legal en el fallecimiento de una persona se activa ante la existencia de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, de acuerdo con el artículo 340 de la LECrim. Esta actuación no es un acto aislado, sino un proceso pericial continuo que comienza en el lugar del hallazgo y culmina con la emisión del informe definitivo. Según el artículo 343 de la LECrim, la autopsia es preceptiva en estos supuestos, incluso si la causa de la muerte parece evidente mediante la inspección externa, garantizando así la seguridad jurídica y la exhaustividad en la investigación criminal. El procedimiento se estructura en las siguientes fases técnico-legales:

1. Levantamiento del Cadáver

Constituye la primera fase de la autopsia y se desarrolla en la misma escena del crimen o lugar del hallazgo. El médico forense, como asesor de la comisión judicial, debe observar una actitud de máxima cautela para no alterar la escena (indicios, manchas, posición). Sus funciones principales incluyen la confirmación del óbito, el estudio de los fenómenos cadavéricos (livideces, rigidez y temperatura rectal) para establecer el cronotanatodiagnóstico, y el análisis del entorno para orientar la etiología médico-legal (homicidio, suicidio o accidente). Es fundamental la protección de las manos del cadáver con bolsas de papel o plástico para preservar restos biológicos bajo las uñas, conforme a los protocolos de policía científica (Gisbert Calabuig, 2019).

2. Examen Externo en la Sala de Autopsias

Una vez trasladado el cuerpo al IMLCF (art. 353 LECrim), se inicia el examen macroscópico externo. Esta fase incluye la descripción detallada de la talla, peso, constitución y signos de identificación. Se realiza un inventario minucioso de las lesiones (heridas, contusiones, tatuajes de pólvora), describiendo su ubicación anatómica, forma, dimensiones y caracteres que permitan diferenciar lesiones vitales de postmortales. Asimismo, se inspeccionan las ropas y objetos personales, que pueden contener restos biológicos o trazas criminalísticas esenciales para la reconstrucción de los hechos (Moya Pueyo, 2021).

3. Examen Interno (apertura de cavidades)

Consiste en la disección sistemática y ordenada del cadáver. En España, el protocolo estándar exige la apertura de las tres cavidades principales: craneal, torácica y abdominal. Se analizan los órganos in situ y tras su evisceración para detectar patologías naturales, traumatismos internos, hemorragias o signos de intoxicación. El perito debe describir cualquier anomalía macroscópica y correlacionarla con los hallazgos del examen externo para establecer el mecanismo del fallecimiento.

4. Pruebas Complementarias

Para alcanzar una certeza científica, la autopsia se apoya en análisis de laboratorio especializados que complementan el estudio macroscópico:

• Biológicas y Bioquímicas: Estudio de marcadores en humor vítreo, sangre o líquido cefalorraquídeo para detectar desequilibrios metabólicos o marcadores de inflamación.
• Toxicológicas: Para la detección de drogas, venenos, alcohol o fármacos. En algunas ocasiones se remiten las muestras al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), como centro de referencia de los IMLCF.
• Histológicas: Examen microscópico de muestras de tejidos para diagnosticar patologías preexistentes o confirmar la vitalidad de las lesiones.
• Criminalísticas: Recogida de fibras, fauna cadavérica (entomología forense), restos de pólvora o proyectiles, y perfiles genéticos (ADN) para la identificación del agresor o de la víctima.

5. Informe Pericial Definitivo

La actuación concluye con la redacción del dictamen escrito, el cual debe ser claro, preciso y fundamentado. Este documento recoge los antecedentes, los hallazgos de todas las fases anteriores y la síntesis diagnóstica. El informe debe concluir necesariamente con la determinación de la causa fundamental (lesión o enfermedad inicial), la causa inmediata (el último suceso fisiopatológico) y la etiología médico-legal.

Este documento tiene valor de prueba pericial en el juicio oral, donde el médico podrá ser llamado a ratificarlo o ampliarlo ante el tribunal (Villanueva Cañadas, 2021).

IV. El Médico como Perito y Auxiliar de la Justicia

La función del médico como perito se define como la labor de asesoramiento técnico prestada al órgano judicial para el esclarecimiento de hechos que, por su naturaleza científica, escapan al conocimiento del juzgador. Esta función es un deber ineludible derivado de la condición profesional del facultativo. Según el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el tribunal ordenará el informe pericial cuando sea necesario conocer o apreciar algún hecho o circunstancia relevante en el proceso.

En la actualidad, esta labor se canaliza preferentemente a través de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), aunque cualquier médico colegiado puede ser requerido por la autoridad judicial, quedando obligado a acudir al llamamiento (art. 462 LECrim). La incomparecencia injustificada o la negativa a prestar el informe solicitado acarrea responsabilidades que oscilan desde sanciones pecuniarias hasta el procesamiento por delitos de desobediencia grave o denegación de auxilio, según lo previsto en los artículos 420 y 463 de la LECrim, en relación con el artículo 412 del Código Penal (CP) (Gisbert Calabuig, 2019).

En el ejercicio de su cargo, el perito debe actuar bajo los principios de objetividad, imparcialidad y rigor científico, prestando juramento o promesa de decir verdad y de actuar con la mayor objetividad posible, considerando tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes (art. 474 LECrim).

Aquellos facultativos que no ostenten la condición de funcionarios públicos en el ejercicio de la pericia tienen derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos por el desempeño de su labor, conforme al artículo 465 de la LECrim. Es fundamental subrayar que la valoración de la prueba pericial no es vinculante para el juez, quien la apreciará según las reglas de la «sana crítica», aunque un apartamiento de las conclusiones médicas debe ser motivado de forma razonada en la sentencia (Moya Pueyo, 2021).

1. Delimitación de la función médico-legal

Una precisión conceptual crítica en la práctica forense es que el médico no juzga la responsabilidad penal, pues esta es una categoría jurídica privativa del juez. La misión del facultativo es evaluar las premisas biopsicológicas que fundamentan la imputabilidad y la capacidad. Para ello, se basa en parámetros médicos que analizan la integridad de las facultades intelectivas (capacidad de comprender la ilicitud del hecho) y volitivas (capacidad de actuar conforme a esa comprensión). El perito informa sobre la existencia de trastornos mentales, intoxicaciones o alteraciones de la percepción que puedan actuar como causas de exención o atenuación de la responsabilidad criminal, según los artículos 20 y 21 del CP.

2. Concepto de Primera Asistencia Facultativa y Tratamiento Médico-Quirúrgico

En el ámbito de los delitos contra la integridad física, la distinción entre el delito leve y el delito menos grave de lesiones (art. 147 CP) depende de la naturaleza de la asistencia prestada. Se entiende por primera asistencia facultativa el conjunto de actos médico-quirúrgicos encaminados al diagnóstico, prevención y tratamiento inicial del paciente (curas, vendajes, pautas analgésicas iniciales). No obstante, para que la lesión sea tipificada como delito grave, se requiere que, además de esa primera asistencia, haya mediado un tratamiento médico o quirúrgico posterior. La jurisprudencia actual define este tratamiento como aquel sistema de curación que requiere una planificación y seguimiento médico continuado para la sanidad de la lesión, excluyendo la simple vigilancia o seguimiento de la evolución de la herida. Esta distinción es esencial, ya que determina el marco de la pena y la perseguibilidad del hecho (Villanueva Cañadas, 2021).

V. Obligaciones Legales y Tipos de Delitos en el Código Penal

El ejercicio de la medicina en España se encuentra intrínsecamente ligado a un catálogo de deberes legales cuya inobservancia puede derivar en graves responsabilidades penales. Entre estas obligaciones destaca, por su relevancia ética y jurídica, el deber de socorro. El artículo 195 del Código Penal (CP) tipifica la omisión del deber de socorro genérico, pero es el artículo 196 CP el que establece una modalidad agravada para el profesional sanitario que, estando obligado a prestar asistencia, se desentienda de ella mediando riesgo grave para la salud o la vida. Esta infracción no solo conlleva penas de multa, sino que impone la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un tiempo de seis meses a tres años.

Complementariamente, el médico tiene una obligación específica de denuncia fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), que compele a los profesionales sanitarios a poner en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal cualquier delito público detectado en el ejercicio de su cargo, bajo apercibimiento de multa agravada si la omisión afecta a delitos contra la vida o la integridad (Moya Pueyo, 2021).

En cuanto a la tipología delictiva de interés médico-legal, la legislación vigente ha experimentado transformaciones profundas. Los delitos contra la libertad sexual han sido reformulados tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual, lo que exige al médico una precisión extrema en el parte de lesiones y en la recogida de muestras biológicas para acreditar la ausencia de consentimiento o el uso de violencia.

En el ámbito de las lesiones, los artículos 147 a 156 del CP regulan desde las lesiones básicas hasta aquellas que conllevan la pérdida o inutilidad de órganos o miembros principales. Por otro lado, la protección de la vida humana prenatal y la integridad del feto se articula en los artículos 157 y 158, mientras que los artículos 159 a 162 del CP abordan las realidades biotecnológicas, castigando la manipulación genética no autorizada o aquella dirigida a la alteración del genotipo humano con fines distintos a la terapia o la investigación diagnóstica (Gisbert Calabuig, 2019).

Finalmente, el marco penal protege la esfera de la intimidad mediante la regulación del secreto profesional. El artículo 199.2 del CP castiga específicamente al profesional que, con incumplimiento de sus obligaciones de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, reforzando la confidencialidad como pilar de la relación médico-paciente.

Asimismo, el médico debe ser consciente de las responsabilidades derivadas de la administración pública y la justicia, como el falso testimonio (arts. 458-460 CP) si faltare a la verdad en su pericia, o el intrusismo profesional (art. 403 CP), que penaliza el ejercicio de actos médicos sin la titulación académica correspondiente. El conocimiento de estas figuras delictivas y de las circunstancias eximentes y atenuantes (arts. 20 y 21 CP), como la anomalía psíquica o el estado de necesidad, es imprescindible para el perito al evaluar la imputabilidad de los encausados (Villanueva Cañadas, 2021).

La siguiente tabla sintetiza las penas asociadas a las infracciones documentales y de auxilio más relevantes para el facultativo según el Código Penal vigente:

Tabla 1

Responsabilidades Penales del Facultativo según el Código Penal Español

Delito / Infracción	Artículo CP	Sanción / Pena Prevista
Falsificación de certificado por facultativo	397	Multa de 3 a 12 meses.
Intrusismo profesional	403	Multa de 6 a 12 meses (o prisión si hay publicidad).
Denegación de auxilio judicial	412	Multa de 3 a 12 meses y suspensión de 6 meses a 2 años.
Falso testimonio de perito	459	Prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial.
Omisión del deber de socorro (profesional)	196	Penas en su mitad superior e inhabilitación de 6 meses a 3 años.

Nota. Elaboración propia basada en la Ley Orgánica 10/1995 (Código Penal) y sus actualizaciones hasta 2024.

VI. Documentación Médico-Legal y Actuación Pericial

La comunicación entre el estamento médico y la Administración de Justicia es un proceso formalizado mediante documentos técnicos con valor probatorio. La piedra angular de esta relación es la historia clínica, que según la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, constituye el registro obligatorio de todos los procesos asistenciales. Su relevancia médico-legal es máxima, pues en caso de presunta malpraxis o reclamaciones de daños, es el documento principal de prueba; su ausencia, alteración o custodia negligente puede generar responsabilidades civiles y penales directas para el facultativo (Gisbert Calabuig, 2019).

1. Certificados Médicos y de Defunción

El certificado médico es un documento expedido por el facultativo, a petición del interesado, para acreditar hechos de salud presentes y comprobables. El Certificado Médico Oficial de Defunción es un tipo especial cuya finalidad es acreditar el fallecimiento natural y sus causas, permitiendo la inscripción en el Registro Civil.

Es imperativo que el médico no certifique una muerte si existen indicios de violencia o sospecha de criminalidad, en cuyo caso debe emitir un parte judicial. La emisión de «certificados de complacencia» (aquellos que faltan a la verdad por favor al paciente) está tipificada como delito de falsedad en el artículo 397 del Código Penal.

2. Oficios y Partes Médico-Legales

El oficio es el medio de comunicación escrita que el Juez dirige al médico para solicitar una actuación específica (ej. «practíquese autopsia»). Por su parte, el parte es el documento por el que el médico informa a la autoridad judicial de un hecho de interés legal. Destacan tres modalidades en la evolución de un paciente:

• Parte de asistencia inicial: Informa de la primera atención prestada a un lesionado.
• Parte de adelanto o confirmación: Se emite periódicamente (según el art. 355 LECrim) para informar de novedades relevantes o complicaciones en el proceso de curación.
• Parte de estado: Documento que resume la situación del lesionado en un momento concreto de la evolución.

3. El Informe Médico-Forense de Sanidad (lesiones)

Este informe es fundamental en procesos por agresiones, siniestros de tráfico y/o laborales. A diferencia del parte asistencial, este dictamen es emitido por un médico forense tras el examen del lesionado y el estudio de sus antecedentes clínicos.

Su objetivo es tasar el daño corporal mediante la determinación de los días de perjuicio personal (básico o moderado/grave/muy grave) y las secuelas (perjuicios permanentes). El facultativo debe precisar si la lesión requirió tratamiento médico o quirúrgico para diferenciar el tipo delictivo según el Código Penal vigente (Moya Pueyo, 2021).

4. La Autopsia Judicial: Informe vs. Declaración

Es preciso diferenciar entre el informe de autopsia y la declaración. El informe es el documento escrito, exhaustivo y fundamentado que recoge los hallazgos del levantamiento, el examen externo, el examen interno y los resultados de pruebas complementarias (toxicología, histopatología, etc.).

Por el contrario, la declaración de autopsia (o ratificación) es la actuación verbal y jurada que el médico realiza durante el juicio oral. En esta fase, el perito debe explicar de forma comprensible para el tribunal las conclusiones del informe, respondiendo a las preguntas de las partes y aclarando extremos sobre la mecánica del fallecimiento o la hora de la muerte (Villanueva Cañadas, 2021).

5. El Informe o Dictamen Pericial

El dictamen pericial es la pieza documental más compleja de la medicina forense. Estructuralmente, se organiza en:

• Preámbulo: Identificación del perito y la autoridad solicitante.
• Antecedentes (conmemorativos): Resumen de los hechos y datos previos.
• Exposición (reconocimiento): Descripción de los hallazgos médicos objetivos.
• Discusión: Razonamiento científico que vincula los hallazgos con la fisiopatología forense.
• Conclusiones: Respuestas concretas y numeradas a las cuestiones planteadas por el juez.
• Fórmula final: Cierre formal que garantiza la objetividad del perito bajo la fórmula «Es cuanto tengo el honor de informar, sometiéndolo a cualquier otro mejor criterio fundado en derecho» (Moya Pueyo, 2021).

VII. Referencias Bibliográficas

Gisbert Calabuig, J. A. (2019). Medicina Legal y Toxicología (7.ª ed.). Elsevier España.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Boletín Oficial del Estado.

Ley de Enjuiciamiento Criminal [LECrim]. (2024). Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Texto consolidado). Boletín Oficial del Estado.

Moya Pueyo, V. (2021). Manual de Medicina Legal y Forense (2.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

Villanueva Cañadas, E. (2021). Tratado de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Granada.

Serrano Gómez, A., & Serrano Maíllo, A. (2023). Curso de Derecho Penal: Parte Especial (8.ª ed.). Dykinson.urso de Derecho Penal: Parte Especial (8.ª ed.). Dykinson.

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