Idioma / Language: Español · English
Segunda entrega de la saga sobre la película de Frank Darabont. Esta vez la mirada se dirige a la institución y a quienes la sirven: el coste psíquico de trabajar en un corredor de la muerte, los mecanismos que hacen posible ejecutar a alguien a quien se conoce por su nombre, el deterioro que produce la espera y el problema, poco tratado, de los condenados que piden que se cumpla la sentencia.
Autora: Manuela González
Una historia contada desde el lado de las llaves
En la primera entrega de esta saga analizamos el caso que llevó a John Coffey al corredor de la muerte de la penitenciaría de Cold Mountain y las razones por las que aquel procedimiento produjo una condena equivocada. Toca ahora entrar en el edificio. La milla verde (Frank Darabont, 1999) tiene una peculiaridad narrativa que se comenta poco: es una película sobre un corredor de la muerte contada íntegramente desde el punto de vista de los funcionarios. El protagonista es Paul Edgecomb, el jefe de vigilantes; el narrador es él mismo sesenta y cuatro años después, en una residencia de ancianos de Georgia; y lo que el espectador ve del bloque E son las horas de trabajo de cinco hombres con uniforme.
Esa perspectiva convierte la película en un material poco común para hablar de algo que la criminología penitenciaria estudia desde hace décadas y que el debate público sobre la pena de muerte suele dejar fuera: qué le ocurre a la gente que la aplica. También permite abordar de frente otras tres cuestiones que el argumento plantea sin resolverlas: la espera del condenado, el funcionario violento al que nadie corrige y el preso que acaba pidiendo que le maten.
Un oficio que consiste en cuidar de quien vas a matar
La primera escena de trabajo de la película establece el tono. Edgecomb explica a un compañero nuevo que en el bloque E se habla bajo, que a los hombres no se les provoca, que se les llama por su nombre y que la única norma verdadera es que lleguen tranquilos al final del pasillo. Ese es el oficio: mantener en calma durante meses a personas a las que se va a matar en una fecha conocida, y hacerlo con una amabilidad que resulta genuina.
La relación que la película construye entre los vigilantes y Eduard Delacroix, el preso francés que amaestra un ratón, es el ejemplo más claro. Los funcionarios le siguen la corriente con el animal, le fabrican una caja, le organizan un espectáculo; y después lo sujetan a una silla y lo electrocutan. Esa convivencia prolongada con quien uno va a ejecutar constituye una situación que no tiene equivalente en ningún otro trabajo, y explica por qué la investigación sobre el personal de ejecución encontró lo que encontró.
Desconexión moral: cómo se hace posible
Albert Bandura describió a lo largo de su obra un conjunto de mecanismos psicológicos que permiten a personas corrientes hacer cosas que su propia moral condena, sin dejar por ello de considerarse gente decente. Los llamó mecanismos de desconexión moral, y son ocho: la justificación moral del acto, el lenguaje eufemístico, la comparación ventajosa con conductas peores, el desplazamiento de la responsabilidad hacia quien da la orden, la difusión de la responsabilidad entre muchas manos, la minimización de las consecuencias, la deshumanización de la víctima y la atribución a esta de la culpa de lo que le pasa.
En 2005, Michael Osofsky, el propio Bandura y Philip Zimbardo llevaron esa teoría al sitio exacto donde hacía falta comprobarla. Evaluaron a personal de penitenciarías de tres estados del sur de Estados Unidos, distribuido en tres grupos: los equipos que ejecutan materialmente la pena, los equipos de apoyo que acompañan a las familias de la víctima y del condenado, y los vigilantes sin participación en el proceso. El resultado fue nítido. Quienes ejecutaban puntuaban significativamente más alto en justificación moral, social y económica de la pena, en desentendimiento de la responsabilidad personal y en deshumanización del condenado. Los equipos de apoyo, cuyo trabajo consiste precisamente en tratar con el sufrimiento de los vivos, rechazaban esos mecanismos; los vigilantes no implicados quedaban en una posición intermedia.
La conclusión que interesa aquí es que la desconexión moral funciona como una adaptación al puesto. No la traen de casa quienes ejecutan, la desarrollan porque la necesitan. Y el procedimiento institucional los ayuda: la película muestra con precisión cómo. El bloque E ensaya las ejecuciones con un funcionario sentado en la silla haciendo de reo, se recitan fórmulas fijas, cada tarea está fragmentada entre varias personas —quien sujeta las correas, quien coloca la esponja, quien acciona el interruptor desde otra sala—, y todo el proceso se envuelve en un lenguaje administrativo. El ritual reparte la responsabilidad hasta que ninguna mano en concreto ha matado a nadie.
Lo que el oficio deja
El desenlace de la película en este punto es más realista de lo que parece. Después de la ejecución de Coffey, Edgecomb y sus compañeros abandonan el bloque; piden el traslado a un reformatorio de menores y ninguno vuelve a trabajar en un corredor de la muerte. Y el narrador anciano dice que sigue pagando aquello.
Los datos sobre salud mental del personal penitenciario respaldan la escena. El estudio de referencia en este terreno, dirigido por Caterina Spinaris y publicado en 2012 sobre una muestra estadounidense de 3.599 profesionales de instituciones penitenciarias, encontró que el 27 % presentaba síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático referidos a los treinta días anteriores, cifra que subía al 31 % entre el personal de seguridad. La prevalencia del trastorno en la población general norteamericana ronda el 7 %. La totalidad de los participantes declaró haber presenciado al menos un episodio de violencia grave, lesión o muerte a lo largo de su carrera, con una media de veintiocho episodios por profesional. Las revisiones sistemáticas posteriores han confirmado el patrón para el TEPT, la depresión y los trastornos de ansiedad en este colectivo.
Conviene decirlo con cuidado, porque la victimización de quien trabaja en prisión no compite con la del preso ni la compensa. Son dos daños distintos que ocurren en el mismo edificio. Lo que la investigación muestra es que el coste institucional de la pena capital no termina en el ejecutado: alcanza a los equipos, a sus familias y, en los estudios sobre acompañamiento a familiares, también a quienes asisten como testigos.
La espera, y una paradoja incómoda
Hay un aspecto del corredor de la muerte contemporáneo que la película no puede mostrar, y la razón es histórica. En la Luisiana de 1935 los plazos entre la sentencia y la ejecución se medían en semanas o en meses; la película refleja bien esa cadencia. En el sistema actual ocurre lo contrario: quienes fueron ejecutados en Estados Unidos durante la primera mitad de 2025 habían pasado en el corredor una media de veinticuatro años.
A esa situación se la conoce como fenómeno del corredor de la muerte, y su entrada en el derecho europeo tiene fecha y nombre. En 1989, en el asunto Soering contra el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó la extradición a Virginia de un ciudadano alemán acusado de un doble homicidio. El Tribunal no declaró contraria al Convenio la pena de muerte en sí, que entonces el texto todavía admitía con condiciones; lo que consideró contrario al artículo 3, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, fue el conjunto de circunstancias que esperaban al extraditado, valorando cuatro elementos: la duración previsible de la espera, las condiciones de reclusión en el corredor, la edad y el estado mental del afectado y la existencia de una alternativa —la entrega a Alemania— que evitaba el problema. La resolución bloqueó la extradición y estableció una doctrina que sigue aplicándose.
El daño de esa espera no es una metáfora. Los regímenes de corredor de la muerte suelen implicar reclusión en celda individual durante más de veinte horas al día durante años, y la investigación sobre aislamiento prolongado —Craig Haney es probablemente la referencia más citada— documenta insomnio, ansiedad, deterioro cognitivo, episodios psicóticos y aumento del riesgo de suicidio. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela y aprobadas en 2015, definen como aislamiento prolongado el que supera quince días consecutivos y lo prohíben expresamente.
La paradoja está en el origen de esa demora. Los años de espera son el resultado de los recursos, las revisiones y las garantías que se fueron añadiendo, precisamente, para evitar casos como el de la primera entrega de esta saga, lejos de cualquier capricho burocrático. Un sistema capital rápido produce errores irreparables; un sistema capital cuidadoso produce dos décadas de encierro en condiciones que los organismos internacionales consideran degradantes. Las dos cosas son ciertas a la vez, y esa contradicción es uno de los argumentos abolicionistas más sólidos, porque no depende de la opinión moral que cada cual tenga sobre el castigo.
Europa, el artículo 3 y el derecho a la esperanza
En el continente europeo la cuestión se plantea hoy sobre la pena que ha ocupado el lugar de la capital. En Vinter y otros contra el Reino Unido (2013), la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo declaró que una condena a prisión perpetua sin ningún mecanismo de revisión vulnera el artículo 3 del Convenio. El razonamiento tiene interés para lo que aquí nos ocupa: lo que el Tribunal consideró degradante fue suprimir toda perspectiva de excarcelación, porque priva al condenado de la posibilidad de cambiar y de que ese cambio cuente para algo. De ahí la expresión, muy repetida desde entonces, del derecho a la esperanza.
En España, la prisión permanente revisable introducida por la reforma de 2015 fue avalada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 169/2021, con el argumento de que la revisión periódica en fase de ejecución preserva la expectativa de reinserción que exige el artículo 25.2 de la Constitución. La sentencia contó con votos particulares y la doctrina sigue discutiéndola. Lo relevante para el hilo de este artículo es la lógica compartida: el ordenamiento europeo admite castigos muy severos, y se detiene en el punto en que el castigo cancela por completo el futuro de una persona.
Percy Wetmore, o el funcionario al que nadie va a tocar
Percy es el único personaje verdaderamente desagradable de la película, y su interés criminológico no está en su carácter sino en su posición. Es sobrino de la mujer del gobernador del estado. Todo el bloque lo sabe, empezando por Edgecomb, que no puede sancionarlo ni apartarlo. Sobre esa impunidad, Percy construye una carrera breve y destructiva: humilla a los presos, golpea a Delacroix, mata al ratón amaestrado delante de su dueño y, por último, sabotea deliberadamente una ejecución omitiendo mojar la esponja del casco, lo que convierte el procedimiento en una tortura de varios minutos ante los testigos.
Es tentador explicar a Percy con el experimento de la prisión de Stanford, y conviene no hacerlo. Aquel montaje de 1971, según el cual unos estudiantes normales se volvían crueles por el mero hecho de vestir un uniforme, ha quedado seriamente comprometido: el trabajo de Thibault Le Texier publicado en 2019 en American Psychologist, basado en el archivo original del experimento y en entrevistas con quince participantes, documentó que a los guardias se les indicó cómo debían comportarse para sostener la tesis de los investigadores, además de otros problemas metodológicos graves. Citarlo como prueba de que el contexto fabrica torturadores es hoy insostenible.
Lo que sí sostiene la evidencia disponible sobre malos tratos institucionales es menos espectacular y más útil: los abusos se concentran allí donde coinciden una selección de personal deficiente, una supervisión inexistente, una cultura interna que castiga la denuncia más que el abuso y la certeza de que no habrá consecuencias. Los cuatro elementos están en el guion. Y de los cuatro, el decisivo es el último, porque los compañeros de Percy no ignoran lo que hace; simplemente saben que informar no serviría de nada.
El derecho ha ido construyendo respuestas para exactamente ese escenario. El artículo 3 del Convenio Europeo, además de prohibir los malos tratos, impone al Estado una obligación de investigar de forma efectiva e independiente cuando hay denuncia o indicios, doctrina que el Tribunal de Estrasburgo ha aplicado en varias ocasiones a España. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura añade un mecanismo preventivo: visitas sin aviso a los lugares de privación de libertad por un organismo independiente, función que en España ejerce el Defensor del Pueblo. La lógica de todo ello consiste en no depender de que un jefe de vigilantes íntegro se atreva a enfrentarse al sobrino del gobernador.
El preso que pide que lo maten
El final de la película plantea el problema ético más difícil de todos, y lo hace de pasada. Cuando Edgecomb comprende que Coffey es inocente y le ofrece buscar una salida, Coffey se niega. Está cansado, dice; cansado del dolor ajeno que percibe sin poder evitarlo, del ruido del mundo, de la gente cruel. Pide que se cumpla la sentencia. Sus vigilantes lo aceptan, y esa aceptación les permite ejecutarlo con la conciencia algo más tranquila.
La categoría existe en la realidad y tiene nombre propio en la literatura estadounidense: los llamados volunteers, condenados que renuncian a los recursos disponibles y piden que se ejecute la pena. El primero de la era moderna fue Gary Gilmore, ejecutado en Utah en enero de 1977, apenas seis meses después de que el Tribunal Supremo reactivara la pena capital. Desde entonces y hasta el análisis publicado por el Death Penalty Information Center en octubre de 2024, al menos 165 personas han sido ejecutadas a petición propia, en torno a una de cada diez ejecuciones del periodo.
Los perfiles de ese grupo son elocuentes. Según ese mismo análisis, el 87 % de quienes renunciaron a recurrir presentaba enfermedad mental, consumo problemático de sustancias o ambas cosas, una proporción que coincide con la encontrada en un estudio anterior de 2005. La tasa de renuncia equivale a unas 137 personas por cada cien mil, frente a las 14,2 por cien mil de la tasa de suicidio de la población civil estadounidense. Y el listón jurídico para aceptar esa renuncia es bajo: basta una constatación mínima de capacidad procesal. El juez Thurgood Marshall describió la práctica como un suicidio administrado por el Estado.
El contraste con otro ámbito donde el derecho regula una petición de morir resulta instructivo. En los ordenamientos que han despenalizado la eutanasia, incluida la ley española de 2021, la solicitud exige capacidad verificada, información completa sobre alternativas, reiteración a lo largo del tiempo, evaluación por profesionales distintos e intervención de una comisión de control. Ninguna de esas cautelas se aplica cuando quien pide morir está en una celda del corredor, lleva años en aislamiento y muy probablemente padece un trastorno mental. Ahí es donde la escena de la película, que el espectador recibe como un gesto de serenidad, se vuelve incómoda: una persona con discapacidad intelectual, en un contexto de encierro, rechaza defender su inocencia, y ese rechazo se toma como una decisión libre.
La escena que resume el problema
En el trayecto final, Coffey pide una sola cosa: que no le pongan la capucha, porque tiene miedo de la oscuridad. Es la petición de un hombre asustado, y sus vigilantes se la conceden. Ese detalle, minúsculo, condensa lo que la película lleva tres horas exponiendo. Un procedimiento cuidadosamente diseñado para ser humano —el trato correcto, la última comida, el ensayo previo, la fórmula recitada— sirve para matar a alguien de quien se ha llegado a saber que tiene miedo a la oscuridad. La cortesía institucional no compensa nada; hace el conjunto más soportable para quienes lo ejecutan, que es exactamente su función.
La tercera y última entrega de esta saga se ocupará de la parte técnica y de la más incómoda de todas: las formas concretas en que un Estado ha ido matando a los condenados, de la electrocución al gas y a la inyección letal, lo que la medicina legal sabe sobre lo que cada método produce en un cuerpo, y la razón por la que la raza del acusado sigue pesando en el resultado.
The Green Mile (II): inside E Block
The second part of our series on Frank Darabont’s film. This time the focus is the institution and the people who serve it: the psychological cost of working on death row, the mechanisms that make it possible to execute someone you know by name, the deterioration produced by waiting, and the little-discussed problem of condemned prisoners who ask for the sentence to be carried out.
By Manuela González
A story told from the side that holds the keys
In the first part of this series we examined the case that took John Coffey to the death house at Cold Mountain Penitentiary and the reasons why that procedure produced a wrongful conviction. It is time to step into the building. The Green Mile (Frank Darabont, 1999) has a narrative peculiarity that is rarely commented on: it is a film about a death row told entirely from the officers’ point of view. The protagonist is Paul Edgecomb, the head guard; the narrator is the same man sixty-four years later, in a Georgia nursing home; and what the audience sees of E Block is the working day of five men in uniform.
That perspective turns the film into unusual material for something prison criminology has been studying for decades and that public debate on capital punishment tends to leave out: what happens to the people who administer it. It also allows us to face three further questions the plot raises without settling them: the condemned man’s wait, the violent officer nobody corrects, and the prisoner who ends up asking to be killed.
A job that consists of caring for the man you are going to kill
The first working scene sets the tone. Edgecomb explains to a new colleague that on E Block you speak quietly, that the men are not provoked, that they are called by their names and that the only real rule is that they should reach the end of the corridor calm. That is the job: keeping people who will be killed on a known date settled for months, and doing so with a kindness that is genuine.
The relationship the film builds between the guards and Eduard Delacroix, the French prisoner who trains a mouse, is the clearest example. The officers humour him about the animal, build it a box, stage a show for him; and then they strap him into a chair and electrocute him. This prolonged coexistence with the person one is going to execute has no equivalent in any other line of work, and it explains what research on execution personnel found.
Moral disengagement: how it becomes possible
Across his work, Albert Bandura described a set of psychological mechanisms that allow ordinary people to do things their own morality condemns without ceasing to regard themselves as decent. He called them mechanisms of moral disengagement, and there are eight: moral justification of the act, euphemistic labelling, advantageous comparison with worse conduct, displacement of responsibility onto whoever gives the order, diffusion of responsibility among many hands, minimising the consequences, dehumanising the victim, and attributing the blame to the victim.
In 2005 Michael Osofsky, Bandura himself and Philip Zimbardo took that theory to the precise place where it needed testing. They assessed prison personnel in three southern American states, divided into three groups: the teams that physically carry out the execution, the support teams that accompany the families of the victim and of the condemned prisoner, and guards with no involvement in the process. The result was clear. Those who carried out executions scored significantly higher on moral, social and economic justification of the penalty, on disavowal of personal responsibility and on dehumanisation of the condemned man. The support teams, whose work consists precisely in dealing with the suffering of the living, rejected those mechanisms; the uninvolved guards fell in between.
The conclusion that matters here is that moral disengagement works as an adaptation to the post. Executioners do not bring it from home, they develop it because they need it. And institutional procedure helps them: the film shows exactly how. E Block rehearses executions with an officer sitting in the chair playing the prisoner, fixed formulas are recited, each task is split among several people — the man who fastens the straps, the man who places the sponge, the man who throws the switch from another room — and the whole process is wrapped in administrative language. The ritual divides responsibility until no particular pair of hands has killed anyone.
What the job leaves behind
The film’s resolution on this point is more realistic than it looks. After Coffey’s execution, Edgecomb and his colleagues leave the block; they request transfers to a juvenile facility and none of them ever works on a death row again. And the elderly narrator says he is still paying for it.
The data on prison staff mental health support the scene. The reference study in this field, led by Caterina Spinaris and published in 2012 on an American sample of 3,599 corrections professionals, found that 27 % showed symptoms consistent with post-traumatic stress disorder over the previous thirty days, rising to 31 % among security personnel. Prevalence of the disorder in the North American general population is around 7 %. Every participant reported having witnessed at least one incident of serious violence, injury or death during their career, with an average of twenty-eight such incidents per professional. Later systematic reviews have confirmed the pattern for PTSD, depression and anxiety disorders in this group.
This has to be said carefully, because the victimisation of prison staff neither competes with that of prisoners nor offsets it. They are two distinct harms occurring in the same building. What the research shows is that the institutional cost of capital punishment does not end with the person executed: it reaches the teams, their families and, according to studies on family liaison work, those who attend as witnesses.
The wait, and an awkward paradox
There is an aspect of the contemporary death row the film cannot show, for historical reasons. In 1935 Louisiana the interval between sentence and execution was measured in weeks or months; the film reflects that rhythm well. In today’s system the opposite is true: people executed in the United States during the first half of 2025 had spent an average of twenty-four years on death row.
That situation is known as the death row phenomenon, and its entry into European law has a date and a name. In 1989, in Soering v. the United Kingdom, the European Court of Human Rights examined the extradition to Virginia of a German national accused of a double murder. The Court did not declare the death penalty itself contrary to the Convention, which at the time still permitted it under conditions; what it found contrary to article 3, which prohibits torture and inhuman or degrading treatment, was the combination of circumstances awaiting the man, weighing four elements: the likely length of the wait, conditions of detention on death row, the applicant’s age and mental state, and the existence of an alternative — surrender to Germany — that avoided the problem. The ruling blocked the extradition and set a doctrine still in use.
The harm of that wait is no metaphor. Death row regimes usually involve single-cell confinement for more than twenty hours a day over years, and research on prolonged isolation — Craig Haney is probably the most cited author — documents insomnia, anxiety, cognitive deterioration, psychotic episodes and increased suicide risk. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, known as the Mandela Rules and adopted in 2015, define isolation beyond fifteen consecutive days as prolonged solitary confinement and expressly prohibit it.
The paradox lies in the origin of that delay. The years of waiting are the product of the appeals, reviews and safeguards added, precisely, to prevent cases like the one in the first part of this series, and owe nothing to bureaucratic whim. A fast capital system produces irreparable errors; a careful capital system produces two decades of confinement in conditions international bodies regard as degrading. Both things are true at once, and that contradiction is one of the strongest abolitionist arguments, because it does not depend on anyone’s moral view of punishment.
Europe, article 3 and the right to hope
In Europe the question now arises around the penalty that has taken the place of the capital one. In Vinter and Others v. the United Kingdom (2013), the Grand Chamber in Strasbourg held that a whole-life sentence with no review mechanism violates article 3 of the Convention. The reasoning is relevant here: what the Court found degrading was the removal of any prospect of release, because it deprives the prisoner of the possibility of changing and of that change counting for something. Hence the much-repeated phrase about a right to hope.
In Spain, the reviewable permanent prison sentence introduced by the 2015 reform was upheld by the Constitutional Court in judgment 169/2021, on the argument that periodic review during the enforcement phase preserves the expectation of reintegration required by article 25.2 of the Constitution. The judgment carried dissenting opinions and scholars continue to dispute it. What matters for the thread of this article is the shared logic: European law admits very severe punishments and stops at the point where punishment cancels a person’s future altogether.
Percy Wetmore, or the officer nobody will touch
Percy is the only genuinely unpleasant character in the film, and his criminological interest lies in his position rather than his personality. He is the nephew of the state governor’s wife. The whole block knows it, starting with Edgecomb, who can neither discipline nor remove him. On that impunity Percy builds a short, destructive career: he humiliates prisoners, beats Delacroix, kills the trained mouse in front of its owner and finally sabotages an execution on purpose by failing to wet the sponge in the headpiece, turning the procedure into several minutes of torture in front of the witnesses.
It is tempting to explain Percy through the Stanford prison experiment, and it is better not to. That 1971 set-up, according to which ordinary students turned cruel by the mere fact of wearing a uniform, has been seriously compromised: Thibault Le Texier’s paper published in 2019 in American Psychologist, based on the experiment’s original archive and interviews with fifteen participants, documented that the guards were told how to behave in order to sustain the researchers’ thesis, alongside other grave methodological problems. Citing it as proof that context manufactures torturers is untenable today.
What the available evidence on institutional abuse does support is less spectacular and more useful: abuses cluster where poor staff selection, absent supervision, an internal culture that punishes reporting more than misconduct, and the certainty of impunity all coincide. All four are in the script. And of the four, the decisive one is the last, because Percy’s colleagues are not unaware of what he does; they simply know that reporting it would achieve nothing.
The law has been building responses to exactly that scenario. Article 3 of the European Convention, besides prohibiting ill-treatment, imposes on the State a duty to investigate effectively and independently whenever there is a complaint or evidence, a doctrine the Strasbourg Court has applied to Spain on several occasions. The Optional Protocol to the Convention against Torture adds a preventive mechanism: unannounced visits to places of detention by an independent body, a role performed in Spain by the Ombudsman. The logic of all this is not to have to depend on an upright head guard daring to take on the governor’s nephew.
The prisoner who asks to be killed
The ending of the film raises the hardest ethical problem of all, and does so in passing. When Edgecomb realises Coffey is innocent and offers to find a way out, Coffey refuses. He is tired, he says; tired of other people’s pain, which he perceives without being able to prevent it, of the noise of the world, of cruel people. He asks for the sentence to be carried out. His guards accept that, and the acceptance lets them execute him with a slightly easier conscience.
The category exists in reality and has its own name in American writing: the so-called volunteers, condemned prisoners who waive the appeals available to them and ask for the sentence to be executed. The first of the modern era was Gary Gilmore, executed in Utah in January 1977, barely six months after the Supreme Court reinstated capital punishment. From then until the analysis published by the Death Penalty Information Center in October 2024, at least 165 people have been executed at their own request, around one in ten executions in the period.
The profile of that group is telling. According to the same analysis, 87 % of those who waived their appeals had mental illness, substance abuse problems or both, a proportion matching that found in an earlier 2005 study. The waiver rate works out at some 137 per hundred thousand, against 14.2 per hundred thousand for suicide in the American civilian population. And the legal threshold for accepting the waiver is low: a minimal finding of competence suffices. Justice Thurgood Marshall described the practice as state-administered suicide.
The contrast with another area where the law regulates a request to die is instructive. In jurisdictions that have decriminalised euthanasia, including the Spanish law of 2021, the request requires verified capacity, full information about alternatives, repetition over time, assessment by separate professionals and the involvement of a review commission. None of those safeguards applies when the person asking to die is in a death row cell, has spent years in isolation and very probably has a mental disorder. That is where the scene in the film, which the audience receives as a gesture of serenity, becomes uncomfortable: a man with an intellectual disability, in a setting of confinement, declines to defend his innocence, and that refusal is taken as a free decision.
The scene that sums up the problem
On the final walk, Coffey asks for one thing: not to be hooded, because he is afraid of the dark. It is the request of a frightened man, and his guards grant it. That tiny detail condenses what the film has spent three hours setting out. A procedure carefully designed to be humane — the correct treatment, the last meal, the rehearsal, the recited formula — serves to kill someone about whom it has become known that he is afraid of the dark. Institutional courtesy compensates for nothing; it makes the whole thing more bearable for those carrying it out, which is exactly its function.
The third and final part of this series will deal with the technical side and the most uncomfortable one of all: the specific ways a State has gone about killing the condemned, from electrocution to gas and lethal injection, what forensic medicine knows about what each method does to a body, and why the defendant’s race still weighs on the outcome.
Bibliografía / References
Bandura, A. (2016). Moral disengagement: How people do harm and live with themselves. Worth Publishers.
Death Penalty Information Center. (2024, 24 de octubre). New analysis: Death-sentenced prisoners «volunteer» for execution at ten times civilian suicide rate. https://deathpenaltyinfo.org/new-analysis-death-sentenced-prisoners-volunteer-for-execution-at-ten-times-civilian-suicide-rate
Death Penalty Information Center. (2025). Mid-year review 2025: New death sentences remain low amidst increase in executions. https://deathpenaltyinfo.org/news/mid-year-review-2025-new-death-sentences-remain-low-amidst-increase-in-executions-2
Haney, C. (2018). Restricting the use of solitary confinement. Annual Review of Criminology, 1, 285-310. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092326
Le Texier, T. (2019). Debunking the Stanford Prison Experiment. American Psychologist, 74(7), 823-839. https://doi.org/10.1037/amp0000401
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, 72, de 25 de marzo de 2021. https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3
Naciones Unidas. (2015). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Resolución 70/175 de la Asamblea General. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
Osofsky, M. J., Bandura, A., & Zimbardo, P. G. (2005). The role of moral disengagement in the execution process. Law and Human Behavior, 29(4), 371-393. https://doi.org/10.1007/s10979-005-4930-1
Regehr, C., Carey, M., Wagner, S., Alden, L. E., Buys, N., Corneil, W., Fyfe, T., Fraess-Phillips, A., Krutop, E., Matthews, L., Randall, C., White, M., & White, N. (2021). Prevalence of PTSD, depression and anxiety disorders in correctional officers: A systematic review. Corrections, 6(3), 229-241. https://doi.org/10.1080/23774657.2019.1641765
Soering c. el Reino Unido, n.º 14038/88 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 7 de julio de 1989). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
Spinaris, C. G., Denhof, M. D., & Kellaway, J. A. (2012). Posttraumatic stress disorder in United States corrections professionals: Prevalence and impact on health and functioning. Desert Waters Correctional Outreach. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/posttraumatic-stress-disorder-united-states-corrections
Tribunal Constitucional (España). Sentencia 169/2021, de 6 de octubre. https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26820
Vinter y otros c. el Reino Unido [GS], n.os 66069/09, 130/10 y 3896/10 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 9 de julio de 2013). https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664
Créditos de las imágenes / Image credits
Todas las imágenes de este artículo son fotogramas o material promocional de La milla verde (The Green Mile, Frank Darabont, 1999), © Castle Rock Entertainment / Warner Bros. Se reproducen en número limitado y a baja resolución al amparo del derecho de cita y del uso legítimo con fines de crítica, reseña y comentario. Todos los derechos sobre la obra pertenecen a sus titulares. Fuente de las imágenes: The Movie Database (image.tmdb.org).
All images in this article are stills or promotional material from The Green Mile (Frank Darabont, 1999), © Castle Rock Entertainment / Warner Bros. They are reproduced in limited number and at low resolution under the right of quotation and fair use for the purposes of criticism, review and comment. All rights in the work belong to their owners. Image source: The Movie Database (image.tmdb.org).
Deja una respuesta