Idioma / Language: Español · English
La figura del pirómano llena muchas veces titulares pero explica una porción mínima del fuego. Los datos, los estudios y la propia ley dibujan un problema bastante más incómodo.
El verano que comenzó ardiendo
El 24 de julio de 2026 el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Era la segunda vez que se activaba ese mecanismo desde su creación y la primera por un incendio forestal. Dos días después, el balance oficial hablaba de 131.113 hectáreas quemadas en lo que iba de año y de 32 grandes incendios; el fuego de Ávila, con más de 50.000 hectáreas, se había convertido en el mayor registrado en España, y decenas de miles de personas habían tenido que abandonar sus casas entre la sierra oeste madrileña, el valle del Alberche y la comarca castellonense de la Vall d’Uixó.
El precedente inmediato era igual de sombrío. Según el avance estadístico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2025 se registraron 8.199 siniestros que arrasaron 354.746,67 hectáreas de superficie forestal, la peor cifra de las tres últimas décadas y 3,3 veces la media del decenio anterior. El dato que conviene retener no es solo la magnitud: el número de siniestros fue un 10,6 % inferior a la media decenal. Ardió mucho más con menos fuegos. De los 8.199 partes, únicamente 63 correspondieron a grandes incendios de más de 500 hectáreas, y esos 63 concentraron el 87,42 % de toda la superficie quemada del año.
Esa desproporción marca el terreno de juego de cualquier conversación seria sobre incendiarios. La pregunta operativa dejó de ser cuántas personas encienden fuegos y pasó a ser en qué condiciones una ignición cualquiera —una chispa de radial, una colilla, un mechero— se convierte en un siniestro que ningún operativo puede detener. Aun así, cada agosto el debate público se estrecha hasta caber en una sola figura, la del pirómano, y con ella se explica todo lo demás.
Pirómano, incendiario y negligente no describen a la misma persona
Conviene empezar deshaciendo una confusión que contamina buena parte de la conversación. En el lenguaje corriente, «pirómano» se ha convertido en sinónimo de quien provoca un incendio. En psicopatología designa algo mucho más estrecho. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su quinta edición revisada (DSM-5-TR) sitúa la piromanía entre los trastornos disruptivos del control de los impulsos, y exige provocar fuegos de forma deliberada y repetida, con tensión o activación emocional antes del acto y placer o alivio durante y después, junto a fascinación e interés por el fuego y sus contextos. El propio manual excluye expresamente el diagnóstico cuando el fuego se prende por dinero, por venganza, por ideología, para encubrir otro delito o como consecuencia de un delirio o de un deterioro cognitivo.
Esa exclusión deja fuera a la inmensa mayoría de los incendiarios. El metaanálisis de Katie Sambrooks y colaboradores publicado en Criminal Justice and Behavior (2021), que reunió veinticinco muestras de personas con antecedentes de conducta incendiaria, sitúa el diagnóstico de piromanía en una horquilla del 4 al 10 % de quienes prenden fuegos de forma reiterada. El mismo trabajo cifra en torno al 20 % la conducta incendiaria repetida durante el seguimiento y entre el 8 y el 10 % el delito de incendio propiamente dicho, con una probabilidad cinco veces mayor de volver a prender fuego que la de otros delincuentes. Dicho de otro modo: la reincidencia existe y es medible, y la piromanía como cuadro clínico es un fenómeno raro incluso dentro de ese grupo.
Hay además un grupo que suele quedar fuera del retrato y que pesa en las estadísticas de verano: los menores. La conducta incendiaria infantil y adolescente responde a una lógica evolutiva propia —curiosidad, imitación, búsqueda de sensaciones, señalización de un malestar familiar— y la literatura clínica desaconseja aplicarle sin más las categorías del adulto, porque el diagnóstico de piromanía exige una estabilidad del patrón que rara vez cabe en una biografía de quince años. En términos preventivos, sin embargo, esos fuegos importan mucho: casi siempre empiezan cerca de casa, en horario escolar o de tarde, y su detección temprana es una de las pocas intervenciones con eficacia demostrada.
El derecho añade su propia capa de precisión. El Código Penal español distingue entre quien incendia con dolo, quien lo hace por imprudencia grave y quien provoca el fuego sin voluntad alguna de incendiar. Y la estadística forestal maneja una categoría distinta de las dos anteriores: un incendio «intencionado» en la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) significa que alguien prendió deliberadamente, con independencia de que buscara quemar cinco hectáreas de matorral para que rebrotara el pasto o de que quisiera ver arder una sierra entera. Confundir los tres planos —clínico, penal y estadístico— es el origen de casi todos los titulares equivocados del verano.
Medio siglo de partes de incendio
España cuenta con una de las series estadísticas sobre incendios forestales más largas y detalladas del mundo. La EGIF arranca en 1968 y se nutre de un parte normalizado que recoge más de ciento cincuenta campos por cada siniestro, incluida la causa y, cuando el fuego se considera intencionado, uno de los treinta y un motivos previstos. La Fundación Civio explotó esa base de datos para el periodo 1968-2021 dentro de su proyecto España en llamas, y el resultado permite sustituir impresiones por cifras.
De los 306.646 incendios clasificados como intencionados en esos cincuenta y tres años, 176.866 —más de la mitad— figuran con motivación desconocida. Entre los que sí tienen motivo asignado, el grupo más numeroso son las quemas agrícolas descontroladas, con 54.827 siniestros y 200.630 hectáreas. Le siguen las prácticas ganaderas, con 49.112 incendios que, sin embargo, encabezan con diferencia el recuento por superficie: 498.989 hectáreas quemadas para regenerar pasto. La categoría que la propia estadística denomina «enfermos mentales y pirómanos» suma 14.790 siniestros y 139.661 hectáreas, y el vandalismo, 7.297 fuegos y 41.736 hectáreas.
Esos números admiten una lectura muy directa. Los incendios atribuidos a personas con un trastorno representan un 4,8 % de los intencionados registrados en medio siglo y un 11,4 % de aquellos en los que se llegó a determinar el motivo. La imagen del pirómano como motor del problema forestal español no se sostiene sobre los datos oficiales, y ni siquiera se sostiene sobre el subconjunto de fuegos deliberados.
Hay dos casillas más en ese formulario que merecen atención especial, porque son las que la administración reservó justamente para lo que el debate público llama «intereses económicos». La primera, obtener beneficio en los trabajos de extinción o de restauración, acumula 105 incendios y 491,37 hectáreas en cincuenta y tres años. La segunda, modificar el precio de la madera, registra 162 siniestros y 1.147,99 hectáreas. Sumadas, ambas categorías representan menos de una milésima parte de los incendios intencionados del periodo y una superficie equivalente a la de un fuego mediano de una sola tarde de agosto.
Cinco retratos robot salidos de los atestados
El trabajo de referencia sobre quién prende el monte en España lo firmaron Andrés Sotoca, José Luis González, Santiago Fernández, Dominique Kessel, Olga Montesinos y Miguel Ángel Ruiz en el Anuario de Psicología Jurídica (2013). Su punto de partida es la línea abierta por David Canter: aplicar estadística multivariante a hechos ya esclarecidos para comprobar si existen tipos de personas que cometen con más probabilidad determinados tipos de hechos, lo que se conoce como perfilamiento inductivo. Los investigadores partieron de 138 incendios cometidos en 2011 con autor identificado —304 personas detenidas o imputadas—, depuraron la muestra hasta 117 casos y sometieron doce variables del hecho y treinta y dos del autor a un análisis de conglomerados bietápico. La solución más estable e interpretable resultó ser de cinco perfiles, validados después con 401 incendios de 2009 y 2011 y un índice kappa de concordancia de 0,77.
El primer perfil, agrícola, describe fuegos nacidos de imprudencias punibles, casi siempre por la mañana, en un camino o en cultivos próximos a una zona agrícola. Su autor típico ronda o supera los sesenta años, con frecuencia está jubilado del sector agrario, tiene ingresos inferiores a seiscientos euros, vive en pareja, mantiene una vida social normalizada y suele ser el propietario de la finca. Permanece en el lugar cuando llegan los servicios de extinción y ante la detención asume la responsabilidad del fuego, aunque no la del incendio, porque no hubo voluntad de provocarlo. No encaja con el incendiario en serie.
El segundo, ganadero o de interfase, también responde en su mayoría a imprudencia punible, sin descartar la venganza. Afecta a matorral, a zonas de uso ganadero o al contacto entre monte y casco urbano. El autor suele ser joven, por debajo de los treinta y cuatro años, empleado en la industria, residente en una ciudad y sin relación con el propietario del terreno; llega en coche, lo que facilita hallar vestigios, y puede tener antecedentes penales.
El tercer perfil, forestal, es el primero en el que la motivación deja de tener un sentido aparente. Se caracteriza por varios focos y un punto de inicio próximo a una carretera o a un camino junto a masa arbolada. El autor suele ser menor de treinta y cuatro años, con trabajo esporádico y poco cualificado en el sector forestal, absentismo laboral, dificultades graves de alfabetización, una infancia y una crianza difíciles con antecedentes de trauma familiar, residencia en el domicilio paterno y muy pocos amigos. Actúa con frecuencia bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, enciende con un mechero, se muestra asustado en la detención, asume la responsabilidad y encaja con el patrón de incendiario en serie.
El cuarto, forestal desde pista, comparte la ausencia de motivación clara. El fuego se inicia de noche desde una pista forestal o en el interior de la masa vegetal. El autor está entre los cuarenta y seis y los sesenta años, soltero o separado, con mala adaptación laboral cuando trabaja, estudios primarios completados con dificultad, vida solitaria, residencia con los padres en un pueblo y ningún tratamiento psicológico previo. Suele quemar en su propia localidad, conoce al propietario, emplea un artefacto artesanal y puede acumular antecedentes penales.
El quinto, agrícola-cinegético, es el único cuya motivación declarada es la obtención de un beneficio. Predomina en día laborable, con un solo foco, en casas próximas a dehesas, matorrales o pastizales de uso agrícola o cinegético, y su autor abandona la escena antes de que lleguen los medios. Tiene entre treinta y cuatro y cuarenta y seis años, está desempleado o trabaja en la construcción, arrastra un pobre rendimiento académico, puede abusar de sustancias, conoce al propietario porque suele ser su vecino, va a pie hasta el lugar y ante la detención adopta una actitud arrogante sin asumir responsabilidad alguna.
Tres conclusiones se desprenden de ese mapa. La primera es que el incendiario forestal español responde de forma abrumadora a un patrón rural, local, masculino y de baja cualificación, que quema cerca de donde vive o trabaja. La segunda es que los dos perfiles compatibles con un trastorno —el tercero y el cuarto— existen, están descritos y suponen una parte concreta y acotada del conjunto. La tercera es que la motivación económica aparece en el modelo, ocupa un perfil entero y tiene rostro: un vecino que quema el monte de al lado para mejorar un pasto o favorecer una caza, muy lejos del sicario del fuego que circula por las redes cada agosto.
El sesgo de la celda
Toda la literatura sobre perfiles de incendiarios comparte una limitación que sus propios autores señalan con honestidad, y que conviene tener presente antes de generalizar. Los perfiles se construyen con casos resueltos, y en materia de incendios forestales los casos resueltos son una fracción minúscula del total. El trabajo de Sotoca y su equipo recoge que en 2012 los cuerpos policiales identificaron a 552 presuntos autores en toda España, entre detenidos e imputados, lo que arrojaba una tasa de esclarecimiento que apenas superaba el 2 %. La tesis doctoral que el mismo autor defendió en la Universidad Complutense de Madrid en 2016 mantiene esa horquilla del 2 al 3 %.
El sesgo se agudiza cuando la muestra se toma en prisión. José Luis González Álvarez, Virginia Muñoz Espinosa, María Calcerrada Alcázar y Andrés Sotoca publicaron en Behavior & Law Journal (2017) el primer estudio español centrado en incendiarios forestales privados de libertad, con cincuenta internos. El retrato que sale de ahí es duro: predominio de inteligencia baja, consumo habitual de alcohol y otras drogas, tratamientos psicológicos previos y trastornos diagnosticados. Los propios autores apuntan la lectura correcta de ese hallazgo. Esos déficits explican, probablemente, por qué esas personas concretas fueron detectadas, detenidas y condenadas, mientras el incendiario que planifica, elige el día de viento y no vuelve al lugar sigue sin aparecer en ninguna muestra.
Para ordenar teóricamente todo ese material, la referencia internacional es la teoría multitrayectoria de la conducta incendiaria adulta que Theresa Gannon y su equipo formularon en Aggression and Violent Behavior (2012). El modelo integra tipologías, motivos y factores etiológicos en cinco trayectorias prototípicas: cognición antisocial, agravio, interés por el fuego, expresión emocional con necesidad de reconocimiento, y una trayectoria multifacética que combina varias de las anteriores. Su utilidad práctica está en el tratamiento, porque cada trayectoria señala factores de riesgo dinámicos distintos y, por tanto, intervenciones distintas.
La criminología española ha aportado además una línea propia sobre el comportamiento espacial del incendiario. Diego Maldonado Guzmán ha publicado trabajos sobre perfil geográfico de incendiarios urbanos y sobre sus patrones de movilidad, calibrando el parámetro de zona de amortiguación de la ecuación de Rossmo según el autor sea serial, masivo o espontáneo, con casos de Santander, Palma de Mallorca y Elche. El principio es el mismo que sostiene el perfil geográfico en cualquier otro delito: la conducta incendiaria deja una huella espacial, y esa huella habla del autor.
Fuegos con dueño: lo que sí sostiene la prueba
Llega el punto que más interesa y más se maltrata. ¿Existen en España incendios prendidos por dinero? Sí, y el legislador los previó expresamente. El artículo 353 del Código Penal eleva la pena a prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio reviste especial gravedad, y aplica esa misma pena agravada «cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio». El artículo 357 castiga con prisión de uno a cuatro años a quien incendia bienes propios con propósito de defraudar o perjudicar a terceros, que es la figura clásica del fraude de seguro.
Documentar ese móvil es otra cosa. Las dos casillas de la EGIF pensadas para recogerlo —beneficio en extinción o restauración y alteración del precio de la madera— acumulan, como se ha visto, 267 incendios y poco más de 1.600 hectáreas en cincuenta y tres años. La motivación económica sí aparece con fuerza, en cambio, bajo otra forma mucho más prosaica y mucho más extendida: la quema para regenerar pasto, que es la primera causa por superficie de todo el registro histórico. Ahí hay un beneficio económico directo, medible en toneladas de forraje que no hay que comprar, y detrás no hay ninguna trama, sino una práctica tradicional que la despoblación y el abandono de la ganadería extensiva han vuelto incontrolable.
Los argumentos que atribuyen los grandes incendios al negocio de la madera resisten mal el contraste con el mercado. Tras la oleada de 2025, los lotes de madera quemada salieron a subasta en Galicia a precios medios en torno a diecisiete euros por tonelada, con recorridos desde ocho hasta poco más de veinte, frente a los veinticinco a treinta y seis euros que se pagaban por madera en verde en pie. La madera quemada se devalúa, obliga a una saca urgente en un mercado saturado de oferta y pierde buena parte de su aprovechamiento para sierra, quedando relegada a biomasa. Quemar un pinar para venderlo mejor es, sencillamente, un mal negocio; que la subasta de la madera quemada de los incendios de Ourense alcanzara los 13,5 millones de euros no cambia el signo de la operación para quien poseía ese monte en verde.
Existe una tercera vía, poco explorada y probablemente infradetectada, que es el fuego como herramienta para borrar otra cosa. Un incendio destruye vestigios, y esa propiedad lo convierte en un instrumento útil para encubrir una tala ilegal, un vertido, una construcción irregular o un cadáver. La investigación de causas no siempre está diseñada para detectar ese uso, porque el análisis se orienta a determinar el punto y el medio de inicio, y el delito subyacente puede quedar sepultado bajo la ceniza y bajo la propia urgencia de la extinción. El fraude de seguro que castiga el artículo 357 pertenece a la misma familia y comparte su dificultad probatoria: cuando la póliza aparece en el procedimiento, el fuego lleva semanas apagado.
El otro gran argumento apunta al dinero de la extinción. Greenpeace calculó que los grandes incendios de 2025 costaron entre 3.548 y 6.741 millones de euros, y es cierto que alrededor del fuego existe una industria consolidada de medios aéreos, brigadas subcontratadas y empresas de vigilancia. La existencia de ese mercado está fuera de discusión. Lo que no existe es evidencia judicial de que ese mercado se autoalimente provocando fuegos: los 105 incendios registrados en medio siglo bajo el motivo «obtener beneficio en la extinción» son el suelo empírico de esa hipótesis, y es un suelo muy delgado. Que unos operativos temporales, contratados por campaña y disueltos en octubre, generen un incentivo perverso teórico es una preocupación razonable de política pública; afirmar que ese incentivo explica los grandes incendios españoles va mucho más allá de lo que la prueba permite sostener.
La trama que nadie ha encontrado
La expresión «falsa bandera» aplicada a los incendios forestales se usa con tres significados muy distintos, y separarlos ayuda a discutir con orden. En su acepción más estricta designa el fuego provocado deliberadamente para que la culpa recaiga sobre otro o para que se atribuya a una causa distinta de la real: quemar y dejar que el relato lo cargue en la cuenta de un pirómano anónimo. En una segunda acepción, más amplia, designa el fuego con móvil económico disfrazado de acto gratuito. En la tercera, la que más circula, ya no habla de fuegos sino de narrativas: la atribución mediática o política al pirómano de lo que en realidad fue una imprudencia o un déficit de gestión previa.
Las dos primeras acepciones son penalmente posibles y están tipificadas. La tercera es la que los datos de 2026 respaldan con más claridad, y con un sentido contrario al que suele dársele. En el recuento de los diez mayores incendios declarados este verano, al menos ocho tienen causa humana confirmada o en investigación, y el detalle importa: chispas de una excavadora sin autorización en Burgohondo, labores agrícolas bajo investigación en La Mierla, un vehículo incendiado en la carretera M-501 para el fuego de la sierra oeste madrileña, una radial en La Bisbal d’Empordà, un fallo mecánico de una minicargadora en Sentmenat. Causa humana, sí; dolo incendiario, en la mayor parte de esos casos no.
La memoria de la Fiscalía General del Estado ofrece el mismo cuadro en el conjunto de los procedimientos: en los últimos cinco años, dos de cada tres incendios forestales investigados tuvieron su origen en una negligencia o un accidente, y solo uno de cada cuatro fue intencionado. Hay una brecha aparente entre ese dato y el 55-60 % de intencionalidad que arroja la EGIF, y tiene explicación: la estadística forestal clasifica el fuego por su origen probable según el análisis de campo, mientras que la estadística fiscal recoge los casos en los que hubo un procedimiento y, muchas veces, un autor. Los fuegos con autor identificado tienden a ser, precisamente, los negligentes, porque son los que dejan maquinaria, testigos y rastro documental.
Sobre la existencia de organizaciones dedicadas a incendiar, el balance es igual de sobrio. Los informes de la Fiscalía a lo largo de dos décadas no han acreditado la actuación de tramas criminales coordinadas y planificadas para quemar montes en España, y los perfiles de los detenidos en las grandes oleadas apuntan sistemáticamente en otra dirección. En la de 2025 se detuvo a 41 personas y se investigó a otras 127 en dos meses y medio; en el arranque del verano de 2026, los cuerpos policiales acumulaban 40 detenidos y 119 investigados desde el 1 de junio. Son vecinos que queman rastrojos, ganaderos que buscan pasto, personas con trastornos, adolescentes que juegan con fuego y trabajadores que manejaron una herramienta el día equivocado.
Nada de esto convierte la sospecha en un delito de opinión. Un incendio provocado por encargo cabe perfectamente en el Código Penal, y sería absurdo negar que en un país con miles de igniciones anuales pueda haber casos con ese móvil. Lo que la prueba disponible no autoriza es a explicar con esa hipótesis lo que se explica mucho mejor con tres factores documentados hasta la saciedad: un monte continuo y sin gestionar por abandono rural, una meteorología cada vez más favorable al fuego extremo y una densidad enorme de actividad humana descuidada en un territorio inflamable.
Treinta años de espera, y una excepción
La pregunta sobre si la ley española favorece o desincentiva el incendio interesado tiene una respuesta razonablemente clara en el papel. El artículo 50 de la Ley 43/2003, de Montes, obliga a las comunidades autónomas a garantizar la restauración de los terrenos forestales incendiados, prohíbe el cambio de uso forestal durante al menos treinta años y veta cualquier actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Es una barrera pensada exactamente contra la idea de quemar para construir. El artículo 355 del Código Penal la refuerza desde el otro lado, permitiendo a los jueces y tribunales acordar que la calificación del suelo quemado se mantenga hasta treinta años, y limitar durante ese periodo los usos del terreno afectado.
La grieta llegó con la Ley 21/2015, que modificó ese artículo 50 para introducir una excepción. Las comunidades autónomas pueden autorizar el cambio de uso cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que prevalezcan sobre el carácter forestal del terreno, siempre que se apreciaran con anterioridad al incendio, se declaren mediante una norma con rango de ley sometida a participación pública y se adopten medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente. La excepción no alcanza a los montes catalogados de utilidad pública. Es una puerta estrecha y con muchos cerrojos, pero es una puerta, y buena parte del sector conservacionista la señaló desde el primer día como un incentivo potencial.
La honestidad obliga a matizar en las dos direcciones. Ninguna verificación seria ha documentado un caso español en el que un monte quemado se haya recalificado por esta vía, lo que convierte en bulo la afirmación —repetida cada verano— de que la ley permite construir sobre lo quemado. Al mismo tiempo, una excepción cuyo contenido depende de un concepto jurídico indeterminado como «interés público de primer orden» y que se activa mediante una ley que aprueba el mismo poder que gestiona el territorio es, en términos de diseño normativo, una tentación estructural. La mejor garantía frente a ella no está en la excepción, sino en el cumplimiento efectivo del deber de cartografiar y registrar los terrenos quemados, sin el cual los treinta años de protección son papel mojado.
Existen otras piezas del sistema que sí generan incentivos con efectos reales sobre el terreno, y que rara vez llegan al debate. La condicionalidad de las ayudas de la Política Agrícola Común castiga la superficie quemada mediante los coeficientes de admisibilidad de pastos y las restricciones automáticas al pastoreo posincendio, lo que ha llevado a las organizaciones agrarias a reclamar el reconocimiento automático de la fuerza mayor tras los fuegos de 2026. El efecto perverso es doble: penaliza al ganadero que sufre el incendio y desactiva justamente la herramienta —el diente del ganado— que mantiene el combustible a raya. En el otro extremo, la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, ha empezado a corregir la temporalidad estacional de los operativos regulando la figura profesional, su formación y sus derechos, y el Real Decreto 38/2026 ha homogeneizado tipologías de unidades, protocolos de coordinación aérea, indicativos y equipos de protección entre administraciones.
Por qué arde el monte y casi nadie entra en prisión
Sobre el papel, el arsenal penal español es de los más severos de Europa. El artículo 351 castiga con prisión de diez a veinte años el incendio que comporte peligro para la vida o la integridad física de las personas. El 352 fija de uno a cinco años para quien incendia montes o masas forestales. El 353 sube a tres o seis años en los supuestos de especial gravedad. El 354 castiga incluso la tentativa cuando el fuego no llega a propagarse. Y el 358 bis extiende a los incendios las reglas de los artículos 338 a 340, con pena superior en grado si se afecta a un espacio natural protegido e inferior en grado si el culpable repara voluntariamente el daño.
El resultado práctico es otro. Según las memorias de la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y 2025 los tribunales dictaron 478 sentencias condenatorias por incendios forestales: 109 en 2021, 99 en 2022, 90 en 2023, 94 en 2024 y 86 en 2025. Menos de cien al año en un país que suma miles de siniestros anuales. Alfredo Abadías Selma, profesor de Derecho Penal, resumió el problema en julio de 2026 con una fórmula difícil de mejorar: la dificultad de la prueba. El fuego destruye sus propios rastros, rara vez hay testigos o cámaras, y una sospecha razonable no basta para acreditar una autoría concreta más allá de toda duda.
A esa dificultad probatoria se suma un efecto técnico poco conocido. La pena mínima del tipo básico del artículo 352 es de un año, y el Código Penal permite suspender la ejecución de las penas de prisión que no excedan de dos años en condenados sin antecedentes. Buena parte de las condenas por incendio forestal se sitúan, por tanto, en la franja en la que el condenado no llega a ingresar en prisión. De ahí la propuesta, sostenida entre otros por un magistrado del Tribunal Supremo, de elevar el mínimo a tres años. Junto a ella circulan otras tres medidas de consenso creciente: definiciones legales más precisas, especialización real de jueces y fiscales en materia de incendios, y medios de investigación policial dedicados y estables, del tipo de las brigadas de investigación de incendios que ya operan en algunas comunidades.
Merece la pena detenerse en cómo se averigua la causa de un incendio, porque de ahí sale todo lo demás. El procedimiento estándar en España es el método de las evidencias físicas, que reconstruye la propagación a partir de indicadores direccionales —el ahumado de las rocas, el ángulo de carbonización de los troncos, la deformación de la vegetación herbácea— hasta acotar la zona de inicio y localizar allí el vestigio: una cerilla, un cable, la señal térmica de una máquina. Ese trabajo lo realizan las brigadas de investigación de incendios forestales de las comunidades autónomas, los agentes forestales y medioambientales y las unidades especializadas de la Guardia Civil, y su calidad determina si el asunto llega al juzgado con un informe sólido o con una conjetura. La Fiscalía ha insistido en reforzar la validez procesal de esas actuaciones precisamente porque la investigación de campo es, en la práctica, la única prueba disponible en la mayoría de los casos.
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha añadido en los dos últimos años una línea de trabajo que apunta al eslabón anterior: revisar si los municipios más afectados tenían en vigor y ejecutados sus planes de prevención, y garantizar la validez procesal de las investigaciones realizadas por los agentes forestales. Es un desplazamiento significativo. El foco deja de estar únicamente en quién encendió y pasa a incluir quién debía haber evitado que una ignición cualquiera se convirtiera en una catástrofe.
El culpable equivocado
Cada agosto, la figura del pirómano cumple una función social precisa: convierte un problema estructural, lento y caro en un problema de maldad individual, rápido y barato. Si el monte arde porque hay locos sueltos o mafias organizadas, no hace falta discutir sobre la despoblación de la montaña, sobre el abandono de la ganadería extensiva, sobre el desequilibrio entre presupuesto de extinción y presupuesto de prevención, ni sobre la continuidad de un combustible que lleva cuatro décadas acumulándose en laderas que ya nadie pasta ni desbroza.
La ciencia forense y la criminología pueden aportar bastante a este debate, siempre que se las deje hablar con sus propios datos. Aportan un perfil empírico del incendiario español, construido con atestados reales y validado estadísticamente. Aportan la medida exacta de la piromanía, que es pequeña. Aportan una tasa de esclarecimiento del 2 al 3 % que explica por qué las condenas son tan escasas y por qué cualquier afirmación categórica sobre «los incendiarios» descansa sobre una muestra minúscula y sesgada. Y aportan, sobre todo, una advertencia metodológica: en un fenómeno donde la mitad de los fuegos intencionados figura con motivación desconocida, la modestia explicativa es una forma de rigor.
Queda el trabajo pendiente, que es de política pública y no de perfilación criminal. Mientras el esclarecimiento siga en el 2 %, la disuasión penal apenas funcionará, por severas que sean las penas escritas. Mientras el pasto quemado siga penalizando al ganadero, el mosaico agroganadero que frenaba el fuego seguirá desapareciendo. Y mientras el debate público se agote en agosto buscando a un culpable único, seguirá sin abordarse lo que ocurre los otros once meses del año, que es exactamente cuando se decide cuánto va a arder el siguiente verano.
Who sets the hills alight: the profile and psychology of the firesetter in a burning Spain
The pyromaniac fills the headlines and accounts for a tiny share of the fire. The data, the research and the law itself point to a far more uncomfortable problem.
The summer that began in flames
On 24 July 2026 the Spanish government declared a national-level emergency in the Region of Madrid and the province of Ávila. It was only the second time that mechanism had been activated since it was created, and the first ever for a wildfire. Two days later the official tally stood at 131,113 hectares burned so far that year and 32 large fires; the Ávila blaze, at more than 50,000 hectares, had become the largest on record in Spain, and tens of thousands of people had been forced out of their homes across the western sierra of Madrid, the Alberche valley and the Vall d’Uixó district in Castellón.
The immediate precedent was just as grim. According to the statistical advance report of the Ministry for the Ecological Transition, 2025 saw 8,199 incidents that swept through 354,746.67 hectares of forest land, the worst figure in three decades and 3.3 times the average of the preceding ten years. The number worth holding on to is not only the scale: the number of incidents was 10.6% below the ten-year average. Far more land burned in fewer fires. Of those 8,199 reports, only 63 were large fires of more than 500 hectares, and those 63 accounted for 87.42% of all the land burned that year.
That disproportion sets the terms for any serious conversation about firesetters. The operational question is no longer how many people light fires, but under what conditions any given ignition —a spark from an angle grinder, a cigarette end, a lighter— turns into an event no firefighting force can stop. And yet every August the public debate narrows until it fits inside a single figure, the pyromaniac, and everything else is explained through it.
Pyromaniac, arsonist and negligent are not the same person
It is worth starting by undoing a confusion that contaminates much of the conversation. In everyday Spanish, pirómano has become a synonym for anyone who starts a fire. In psychopathology it designates something far narrower. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition, text revision (DSM-5-TR), places pyromania among the disruptive, impulse-control and conduct disorders, and requires deliberate and repeated firesetting, with tension or affective arousal before the act and pleasure or relief during and after it, together with fascination with and attraction to fire and its contexts. The manual expressly rules out the diagnosis when the fire is set for money, for revenge, for ideology, to conceal another crime, or as a consequence of delusion or cognitive impairment.
That exclusion leaves out the overwhelming majority of firesetters. The meta-analysis by Katie Sambrooks and colleagues published in Criminal Justice and Behavior (2021), pooling twenty-five samples of people with a history of firesetting, places the diagnosis of pyromania somewhere between 4% and 10% of those who set fires repeatedly. The same study puts repeated firesetting during follow-up at around 20%, and the arson offence itself at 8-10%, with a likelihood of setting fire again five times higher than that of other offenders. In other words: recidivism is real and measurable, and pyromania as a clinical condition is rare even within that group.
There is also a group that tends to fall outside the portrait and yet weighs heavily on summer statistics: minors. Firesetting by children and adolescents follows a developmental logic of its own —curiosity, imitation, sensation seeking, the signalling of family distress— and the clinical literature warns against simply applying adult categories to it, because a diagnosis of pyromania requires a stability of pattern that rarely fits into a fifteen-year-old biography. In preventive terms, however, those fires matter a great deal: they almost always start close to home, during or just after school hours, and early detection is one of the few interventions with demonstrated effectiveness.
The law adds a further layer of precision. The Spanish Criminal Code distinguishes between intentional arson, arson through gross negligence, and starting a fire with no intent to burn anything at all. Forest statistics, in turn, work with a category distinct from both: a fire classified as «intentional» in the General Forest Fire Statistics (EGIF) means only that someone lit it deliberately, whether the aim was to burn five hectares of scrub so that grass would grow back or to watch an entire mountain range burn. Conflating those three planes —clinical, criminal and statistical— is the source of nearly every mistaken headline of the summer.
Half a century of fire reports
Spain holds one of the longest and most detailed wildfire statistical series in the world. The EGIF begins in 1968 and is built from a standardised report covering more than one hundred and fifty fields per incident, including the cause and, when the fire is deemed intentional, one of thirty-one listed motives. The Civio Foundation mined that database for the 1968-2021 period within its España en llamas project, and the result allows figures to replace impressions.
Of the 306,646 fires classified as intentional over those fifty-three years, 176,866 —more than half— are recorded with an unknown motive. Among those with an assigned motive, the largest group is uncontrolled agricultural burning, with 54,827 incidents and 200,630 hectares. Livestock practices follow, with 49,112 fires which nonetheless top the ranking by area by a wide margin: 498,989 hectares burned to regenerate pasture. The category the statistics themselves label «mentally ill persons and pyromaniacs» accounts for 14,790 incidents and 139,661 hectares, and vandalism for 7,297 fires and 41,736 hectares.
Those numbers allow a very direct reading. Fires attributed to people with a disorder represent 4.8% of the intentional fires recorded in half a century, and 11.4% of those where a motive was actually established. The image of the pyromaniac as the engine of Spain’s forest problem does not hold up against the official data, and does not even hold up within the subset of deliberate fires.
Two further boxes on that form deserve special attention, because they are precisely the ones the administration set aside for what public debate calls «economic interests». The first, obtaining a benefit from firefighting or restoration work, has accumulated 105 fires and 491.37 hectares in fifty-three years. The second, altering the price of timber, records 162 incidents and 1,147.99 hectares. Taken together, both categories amount to less than one thousandth of the intentional fires of the period, and to an area equivalent to a mid-sized blaze on a single August afternoon.
Five composite portraits drawn from police files
The benchmark study on who sets Spain’s hills alight was signed by Andrés Sotoca, José Luis González, Santiago Fernández, Dominique Kessel, Olga Montesinos and Miguel Ángel Ruiz in the Anuario de Psicología Jurídica (2013). Its starting point is the line opened by David Canter: applying multivariate statistics to solved cases in order to test whether there are types of people more likely to commit certain types of acts, an approach known as inductive profiling. The researchers began with 138 fires set in 2011 whose perpetrator had been identified —304 people arrested or charged— cleaned the sample down to 117 cases, and submitted twelve variables of the event and thirty-two of the offender to a two-step cluster analysis. The most stable and interpretable solution proved to be five profiles, later validated against 401 fires from 2009 and 2011 with a kappa agreement index of 0.77.
The first profile, agricultural, describes fires born of punishable negligence, almost always in the morning, on a track or in crops close to farmland. Its typical author is around or above sixty, often retired from farming, with an income below six hundred euros, living with a partner, socially well integrated, and usually the owner of the plot. He stays at the scene when the fire crews arrive and, on arrest, accepts responsibility for the fire though not for the wildfire, because there was no intent to cause it. He does not fit the serial firesetter.
The second, livestock or interface, also stems mostly from punishable negligence, with revenge not to be ruled out. It affects scrubland, grazing areas or the contact zone between forest and built-up land. The author tends to be young, under thirty-four, employed in industry, living in a city and unconnected to the landowner; he arrives by car, which makes physical traces easier to find, and may have a criminal record.
The third profile, forest, is the first in which the motive ceases to make apparent sense. It is marked by several ignition points and a starting point close to a road or a track beside woodland. The author is usually under thirty-four, in sporadic and low-skilled forestry work, with absenteeism, severe literacy problems, a difficult childhood and upbringing with a history of family trauma, residence in the parental home and very few friends. He frequently acts under the influence of alcohol or other substances, lights the fire with a lighter, appears frightened on arrest, accepts responsibility, and fits the serial firesetter pattern.
The fourth, forest from a track, shares that absence of a clear motive. The fire starts at night from a forest track or inside the vegetation itself. The author is between forty-six and sixty, single or separated, poorly adapted to work when he works at all, with primary schooling completed with difficulty, a solitary life, residence with his parents in a village and no prior psychological treatment. He tends to burn within his own municipality, knows the landowner, uses a home-made device and may have a criminal record.
The fifth, agricultural-hunting, is the only one whose stated motive is obtaining a benefit. It predominates on working days, with a single ignition point, near houses adjoining dehesas, scrub or pasture used for farming or game, and its author leaves the scene before the crews arrive. He is between thirty-four and forty-six, unemployed or working in construction, carries a poor academic record, may abuse substances, knows the landowner because he is usually his neighbour, walks to the spot, and on arrest adopts an arrogant stance without accepting any responsibility.
Three conclusions follow from that map. The first is that the Spanish forest firesetter fits, overwhelmingly, a rural, local, male and low-skilled pattern, burning close to where he lives or works. The second is that the two profiles compatible with a disorder —the third and the fourth— do exist, are described, and account for a specific and bounded share of the whole. The third is that economic motivation does appear in the model, occupies an entire profile and has a face: a neighbour burning the hillside next door to improve pasture or favour a hunt, a long way from the fire-for-hire figure that circulates on social media every August.
The bias of the prison cell
The whole literature on firesetter profiles shares a limitation its own authors flag honestly, and which is worth bearing in mind before generalising. Profiles are built from solved cases, and in wildfire matters solved cases are a minute fraction of the total. Sotoca and his team record that in 2012 police forces identified 552 alleged perpetrators across Spain, arrested or charged, yielding a clearance rate that barely exceeded 2%. The doctoral thesis the same author defended at the Complutense University of Madrid in 2016 keeps that range at 2-3%.
The bias sharpens when the sample is drawn in prison. José Luis González Álvarez, Virginia Muñoz Espinosa, María Calcerrada Alcázar and Andrés Sotoca published in Behavior & Law Journal (2017) the first Spanish study focused on incarcerated forest firesetters, with fifty inmates. The portrait that emerges is harsh: a predominance of low intelligence, habitual use of alcohol and other drugs, prior psychological treatment and diagnosed disorders. The authors themselves point to the correct reading of that finding. Those deficits probably explain why those particular individuals were detected, arrested and convicted, while the firesetter who plans, picks the windy day and never returns to the scene appears in no sample at all.
The international reference for organising all that material theoretically is the multi-trajectory theory of adult firesetting formulated by Theresa Gannon and her team in Aggression and Violent Behavior (2012). The model integrates typologies, motives and aetiological factors into five prototypical trajectories: antisocial cognition, grievance, fire interest, emotionally expressive with a need for recognition, and a multi-faceted trajectory combining several of the previous ones. Its practical value lies in treatment, because each trajectory points to different dynamic risk factors and therefore to different interventions.
Spanish criminology has also contributed a line of its own on the firesetter’s spatial behaviour. Diego Maldonado Guzmán has published work on the geographic profiling of urban firesetters and on their mobility patterns, calibrating the buffer-zone parameter of Rossmo’s equation according to whether the offender is serial, spree or spontaneous, with cases from Santander, Palma de Mallorca and Elche. The principle is the one that underpins geographic profiling in any other offence: firesetting leaves a spatial footprint, and that footprint speaks of its author.
Fires with an owner: what the evidence does support
Now for the point that matters most and is handled worst. Are there fires set for money in Spain? Yes, and the legislator anticipated them explicitly. Article 353 of the Criminal Code raises the penalty to three to six years’ imprisonment and a fine of eighteen to twenty-four months when the fire is of particular gravity, and applies that same aggravated penalty «when the perpetrator acts in order to obtain an economic benefit from the effects of the fire». Article 357 punishes with one to four years anyone who burns their own property with intent to defraud or harm third parties, the classic insurance-fraud offence.
Documenting that motive is another matter. The two EGIF boxes designed to capture it —benefit from firefighting or restoration, and altering the price of timber— total, as we have seen, 267 fires and barely more than 1,600 hectares in fifty-three years. Economic motivation does appear forcefully, however, in a far more prosaic and far more widespread form: burning to regenerate pasture, the leading cause by area in the entire historical record. There is a direct economic benefit there, measurable in tonnes of fodder that need not be bought, and behind it lies no ring at all, but a traditional practice that depopulation and the collapse of extensive livestock farming have rendered uncontrollable.
Arguments attributing the great fires to the timber business hold up poorly against the market. After the 2025 wave, lots of burned timber went to auction in Galicia at average prices of around seventeen euros per tonne, ranging from eight to a little over twenty, against the twenty-five to thirty-six euros paid for standing green timber. Burned timber loses value, forces an urgent harvest into a market flooded with supply, and loses much of its usefulness for sawmilling, ending up as biomass. Burning a pine stand to sell it better is, quite simply, bad business; that the auction of burned timber from the Ourense fires reached 13.5 million euros does not change the arithmetic for whoever owned that forest while it was still green.
There is a third avenue, little explored and probably under-detected: fire as a tool for erasing something else. A fire destroys traces, and that property makes it a useful instrument for concealing illegal logging, a spill, an irregular building or a body. Cause investigation is not always designed to detect that use, because the analysis is geared to establishing the point and means of ignition, and the underlying offence can be buried under the ash and under the sheer urgency of putting the fire out. The insurance fraud punished by article 357 belongs to the same family and shares its evidentiary difficulty: by the time the policy surfaces in the proceedings, the fire has been out for weeks.
The other major argument points to firefighting money. Greenpeace estimated that the large fires of 2025 cost between 3,548 and 6,741 million euros, and it is true that a consolidated industry of aerial resources, subcontracted crews and surveillance firms has grown up around fire. The existence of that market is not in dispute. What does not exist is judicial evidence that the market feeds itself by starting fires: the 105 fires recorded in half a century under the motive «obtaining a benefit from firefighting» are the empirical floor of that hypothesis, and it is a very thin floor. That seasonal crews, hired by campaign and disbanded in October, create a theoretical perverse incentive is a reasonable public-policy concern; claiming that this incentive explains Spain’s great fires goes well beyond what the evidence will bear.
The ring nobody has found
The phrase «false flag» applied to wildfires is used with three very different meanings, and separating them helps to argue in an orderly way. In its strictest sense it designates a fire set deliberately so that the blame falls on someone else, or so that it is attributed to a cause other than the real one: burn, and let the story charge it to an anonymous pyromaniac. In a second, broader sense, it designates a fire with an economic motive disguised as a gratuitous act. In the third, the one in widest circulation, it no longer refers to fires but to narratives: the media or political attribution to a pyromaniac of what was in fact negligence or a failure of prior management.
The first two meanings are criminally possible and duly codified. The third is the one the 2026 data support most clearly, and in the opposite direction to the usual reading. In the tally of the ten largest fires declared this summer, at least eight have a confirmed or suspected human cause, and the detail matters: sparks from an unauthorised excavator in Burgohondo, farm work under investigation in La Mierla, a burning vehicle on the M-501 road for the fire in the western sierra of Madrid, an angle grinder in La Bisbal d’Empordà, a mechanical failure in a mini-loader in Sentmenat. Human cause, yes; arsonist intent, in most of those cases no.
The report of the Spanish Attorney General’s Office paints the same picture across all proceedings: over the last five years, two out of every three wildfires investigated originated in negligence or an accident, and only one in four was intentional. There is an apparent gap between that figure and the 55-60% intentionality reported by the EGIF, and it has an explanation: forest statistics classify a fire by its probable origin according to field analysis, whereas prosecution statistics record cases in which there were proceedings and, very often, an identified author. Fires with an identified author tend to be, precisely, the negligent ones, because they are the ones that leave machinery, witnesses and a paper trail.
On the existence of organisations dedicated to setting fires, the balance is equally sober. Two decades of prosecution reports have not established the operation of coordinated, planned criminal rings burning forests in Spain, and the profiles of those arrested in the great waves point consistently in another direction. In 2025, 41 people were arrested and another 127 investigated in two and a half months; at the start of the summer of 2026, police forces had accumulated 40 arrests and 119 people under investigation since 1 June. They are neighbours burning stubble, livestock farmers after pasture, people with disorders, adolescents playing with fire and workers who handled a tool on the wrong day.
None of this turns suspicion into a thought crime. A fire set to order fits perfectly well within the Criminal Code, and it would be absurd to deny that in a country with thousands of ignitions a year there may be cases with that motive. What the available evidence does not license is explaining through that hypothesis what is far better explained by three exhaustively documented factors: a continuous, unmanaged forest left by rural abandonment, a climate increasingly favourable to extreme fire, and an enormous density of careless human activity across flammable terrain.
Thirty years’ wait, and one exception
The question of whether Spanish law encourages or discourages self-interested burning has a reasonably clear answer on paper. Article 50 of Law 43/2003 on Forests obliges the autonomous communities to guarantee the restoration of burned forest land, prohibits any change of forest use for at least thirty years, and bars any activity incompatible with the regeneration of the plant cover. It is a barrier designed precisely against the idea of burning in order to build. Article 355 of the Criminal Code reinforces it from the other side, allowing courts to order that the classification of the burned land be maintained for up to thirty years, and to restrict the uses of the affected land during that period.
The crack came with Law 21/2015, which amended article 50 to introduce an exception. Autonomous communities may authorise a change of use where overriding reasons of public interest of the first order prevail over the forest character of the land, provided they were recognised before the fire, are declared through legislation subject to public participation, and compensatory measures are adopted allowing an equivalent forest area to be recovered. The exception does not extend to forests listed as being of public utility. It is a narrow door with many locks, but it is a door, and much of the conservation sector flagged it from day one as a potential incentive.
Honesty requires qualification in both directions. No serious fact-check has documented a Spanish case in which burned forest has been reclassified by this route, which makes the claim —repeated every summer— that the law allows building on burned land a piece of misinformation. At the same time, an exception whose content hinges on an indeterminate legal concept such as «public interest of the first order», and which is activated through legislation passed by the very authority that manages the territory, is, in terms of regulatory design, a structural temptation. The best safeguard against it lies not in the exception itself but in effective compliance with the duty to map and register burned land, without which the thirty years of protection are worthless paper.
Other pieces of the system do generate incentives with real effects on the ground, and rarely reach the debate. The conditionality of Common Agricultural Policy payments penalises burned land through pasture eligibility coefficients and automatic post-fire grazing restrictions, which has led farming organisations to demand automatic recognition of force majeure after the 2026 fires. The perverse effect is twofold: it penalises the livestock farmer who suffers the fire, and it disables the very tool —grazing— that keeps fuel loads in check. At the other end, Law 5/2024 on forest firefighters has begun to correct the seasonal precariousness of the crews by regulating the profession, its training and its rights, and Royal Decree 38/2026 has harmonised unit types, aerial coordination protocols, call signs and protective equipment across administrations.
Why the hills burn and hardly anyone goes to prison
On paper, Spain’s criminal arsenal is among the most severe in Europe. Article 351 punishes with ten to twenty years’ imprisonment a fire that endangers life or physical integrity. Article 352 sets one to five years for burning forests or woodland. Article 353 raises it to three or six years in cases of particular gravity. Article 354 punishes even the attempt where the fire fails to spread. And article 358 bis extends to fires the rules of articles 338 to 340, with a penalty one degree higher where a protected natural area is affected and one degree lower where the offender voluntarily repairs the damage.
The practical outcome is another matter. According to the reports of the Attorney General’s Office, between 2021 and 2025 the courts handed down 478 convictions for wildfires: 109 in 2021, 99 in 2022, 90 in 2023, 94 in 2024 and 86 in 2025. Fewer than a hundred a year in a country with thousands of incidents annually. Alfredo Abadías Selma, a criminal-law scholar, summed the problem up in July 2026 with a formula hard to improve on: the difficulty of proof. Fire destroys its own traces, there are seldom witnesses or cameras, and reasonable suspicion is not enough to establish a specific authorship beyond all doubt.
It is worth pausing on how the cause of a fire is established, because everything else flows from there. The standard procedure in Spain is the physical evidence method, which reconstructs propagation from directional indicators —smoke staining on rocks, the angle of charring on trunks, the deformation of herbaceous vegetation— until the ignition area is bounded and the trace located within it: a match, a cable, the thermal signature of a machine. That work is carried out by the regional wildfire investigation brigades, forest and environmental rangers and specialised Civil Guard units, and its quality determines whether the case reaches court with a solid report or with a conjecture. Prosecutors have pressed to reinforce the procedural validity of those actions precisely because field investigation is, in practice, the only evidence available in most cases.
To that evidentiary difficulty is added a little-known technical effect. The minimum penalty for the basic offence in article 352 is one year, and the Criminal Code allows suspension of prison sentences not exceeding two years for offenders without a record. A large share of wildfire convictions therefore falls within the band where the convicted person never enters prison. Hence the proposal, backed among others by a Supreme Court judge, to raise the minimum to three years. Alongside it, three further measures are gathering consensus: more precise legal definitions, real specialisation of judges and prosecutors in fire matters, and dedicated, stable police investigation resources, along the lines of the fire investigation brigades already operating in some regions.
The Coordinating Prosecutor’s Office for the Environment and Urban Planning has added over the last two years a line of work aimed at the preceding link in the chain: checking whether the worst affected municipalities had prevention plans in force and executed, and guaranteeing the procedural validity of investigations carried out by forest rangers. It is a significant shift. The focus is no longer solely on who lit the fire, and now includes who should have prevented any given ignition from becoming a catastrophe.
The wrong culprit
Every August, the figure of the pyromaniac performs a precise social function: it turns a structural, slow and expensive problem into one of individual wickedness, quick and cheap. If the hills burn because there are madmen at large or organised mafias, there is no need to argue about mountain depopulation, about the collapse of extensive livestock farming, about the imbalance between firefighting and prevention budgets, or about the continuity of a fuel load that has been accumulating for four decades on slopes nobody grazes or clears any more.
Forensic science and criminology have a good deal to contribute to this debate, provided they are allowed to speak with their own data. They offer an empirical profile of the Spanish firesetter, built from real police files and statistically validated. They offer the exact measure of pyromania, which is small. They offer a clearance rate of 2-3% that explains why convictions are so scarce and why any categorical claim about «firesetters» rests on a minute and biased sample. And they offer, above all, a methodological warning: in a phenomenon where half of all intentional fires are recorded with an unknown motive, explanatory modesty is a form of rigour.
What remains is a matter of public policy rather than criminal profiling. As long as clearance stays at 2%, criminal deterrence will barely work, however severe the penalties on the books. As long as burned pasture keeps penalising the livestock farmer, the farming-and-grazing mosaic that once slowed fire down will keep disappearing. And as long as public debate exhausts itself every August looking for a single culprit, nothing will be done about what happens during the other eleven months of the year, which is exactly when it is decided how much will burn next summer.
Bibliografía / References
Abadías Selma, A. (2026, 27 de julio). Si incendiar un monte puede costar hasta 20 años de cárcel, ¿por qué apenas hay condenas? The Conversation España. https://theconversation.com/si-incendiar-un-monte-puede-costar-hasta-20-anos-de-carcel-por-que-apenas-hay-condenas-288161
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5.ª ed., texto revisado). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787
Fiscalía General del Estado. (2026). Memoria elevada al Gobierno de S. M.: Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Ministerio de Justicia. https://www.fiscal.es/memorias
Fundación Civio. (2026). Las motivaciones detrás de los incendios forestales intencionados [Proyecto España en llamas, datos EGIF 1968-2021]. https://civio.es/medio-ambiente/2025/07/22/las-motivaciones-detras-de-los-incendios-forestales-intencionados/
Gannon, T. A., Ó Ciardha, C., Doley, R. M., & Alleyne, E. (2012). The multi-trajectory theory of adult firesetting (M-TTAF). Aggression and Violent Behavior, 17(2), 107-121. https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.08.001
González Álvarez, J. L., Muñoz Espinosa, V., Calcerrada Alcázar, M., & Sotoca Plaza, A. (2017). Perfil psicosocial del incendiario forestal español privado de libertad. Behavior & Law Journal, 3(1), 26-34. https://doi.org/10.47442/blj.v3.i1.39
Greenpeace España. (2026). Análisis de los grandes incendios forestales de 2025 en España. https://es.greenpeace.org/
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Boletín Oficial del Estado, 173, de 21 de julio de 2015. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8146
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Boletín Oficial del Estado, 280, de 22 de noviembre de 2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339
Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. Boletín Oficial del Estado, 271, de 9 de noviembre de 2024. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-23272
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 351-358 bis). Boletín Oficial del Estado, 281, de 24 de noviembre de 1995. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
Maldonado Guzmán, D. J. (2018). Perfil geográfico de incendiarios urbanos. Revista Española de Investigación Criminológica, 16, 1-27. https://doi.org/10.46381/reic.v16i0.197
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2026). Los incendios forestales en España. 1 de enero – 31 de diciembre de 2025. Avance informativo. Gobierno de España. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/incendios-forestales/estadisticas-avances.html
Real Decreto 38/2026, de 21 de enero, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales. Boletín Oficial del Estado, 20, de 22 de enero de 2026. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-1483
Sambrooks, K., Olver, M. E., Page, T. E., & Gannon, T. A. (2021). Firesetting reoffending: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 48(10), 1363-1382. https://doi.org/10.1177/00938548211013577
Sotoca, A. (2016). Perfil criminológico del incendiario forestal: estudio empírico basado en la evidencia [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. https://docta.ucm.es/
Sotoca, A., González, J. L., Fernández, S., Kessel, D., Montesinos, O., & Ruiz, M. Á. (2013). Perfil del incendiario forestal español: aplicación del perfilamiento criminal inductivo. Anuario de Psicología Jurídica, 23(1), 31-38. https://doi.org/10.5093/aj2013a6
Créditos de las imágenes / Image credits
Portada: imagen aportada por la redacción de Actum Forense Press (850 × 478 px). — Cover image supplied by the Actum Forense Press newsroom.
Figura 1: «Nube de humo en Castelló de la Plana por el incendio de la Vall d’Uixó» (26 de julio de 2026). Fotografía: MikeSalu2, CC BY 4.0
Figura 2: imagen Sentinel-2 de los incendios al oeste de Madrid, 26 de julio de 2026. Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel (2026), procesados por la ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Figura 3: incendio forestal entre los concellos de Marín y Pontevedra. Fotografía: Bene Riobó, CC BY-SA 4.0
Figura 4: humo de los incendios de la península ibérica el 17 de agosto de 2025. Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel (2025), procesados por la ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Figura 5: «Contra el fuego de la inacción», manifestación al pie del acueducto de Segovia tras los incendios de 2025. Fotografía: Arturo Francisco Barbero, CC BY-SA 4.0
Deja una respuesta