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Tercera y última entrega de la saga sobre la película de Frank Darabont. La silla eléctrica del bloque E frente a la Luisiana real, la fisiopatología de la electrocución y de la ejecución fallida de Delacroix, el siglo largo de la cámara de gas, la inyección letal que nadie llegó a investigar y el peso que la raza del acusado sigue teniendo en el resultado.
Autora: Manuela González
Donde acaba el pasillo
Casi coincidiendo con la terrible polémica suscitada por la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, dedicamos esta tercera entrega de la saga a la parte que la película filma con más detenimiento y de la que menos se habla: el procedimiento con el que un Estado mata a una persona. La milla verde (Frank Darabont, 1999) muestra tres ejecuciones en la silla eléctrica, una de ellas deliberadamente saboteada, y las rueda con una precisión técnica que permite explicar bastantes cosas.
Este artículo agrupa dos asuntos que en la práctica van juntos, aunque parezcan distintos: cómo se mata y a quién se mata. La razón de tratarlos en el mismo texto es que la historia de los métodos de ejecución en Estados Unidos y la historia de su aplicación desigual según la raza del acusado y de la víctima ocurren en el mismo escenario y, en buena medida, por las mismas fechas.
Lo que la película acierta y lo que se inventa
Conviene empezar por un anacronismo, porque tiene interés. En la Luisiana de 1935 no existía la escena que la película construye. El estado no ejecutaba por electrocución: la pena se cumplía en la horca, en el juzgado o la cárcel de la parroquia donde el condenado había sido juzgado. La legislatura de Luisiana cambió el método en 1940 y la electrocución entró en vigor el 1 de junio de 1941, con una particularidad singular: la silla viajaba de parroquia en parroquia en un camión, con su generador, sin llegar a tener sede fija. Los presos la bautizaron Gruesome Gertie. Un hombre condenado en 1935 no habría esperado su turno en un bloque como el que la película retrata.
Dicho eso, el procedimiento que se ve en pantalla es fiel a la electrocución judicial estadounidense tal como se practicó durante décadas: el rapado de la cabeza y de la pantorrilla, el electrodo cefálico sujeto con un casco metálico, el electrodo de tobillo, las correas, la esponja empapada en solución salina entre el cuero cabelludo y el metal, la sala de testigos separada por un cristal, las fórmulas recitadas y la descarga aplicada desde una cabina contigua. Incluso el ensayo previo con un funcionario sentado en la silla haciendo de condenado responde a la práctica real.
El color del acusado
La película nunca lo enuncia, y no le hace falta. Un hombre negro es acusado de violar y asesinar a dos niñas blancas en un condado rural del sur profundo en 1935. Cualquier espectador entiende que el juicio fue un trámite. Es exactamente lo que da tanta fuerza a la escena en la que el jefe de vigilantes descubre que aquel hombre era inocente y comprende, al mismo tiempo, que nadie va a creerle.
El contexto histórico es conocido y está documentado con precisión. La Equal Justice Initiative ha registrado más de cuatro mil cuatrocientos linchamientos raciales de personas negras en Estados Unidos entre 1877 y 1950, y cerca de seis mil quinientos si se amplía el periodo hasta 1865. Las condenas capitales rápidas de acusados negros en el Sur funcionaron durante décadas como la versión con toga de aquella misma violencia; el caso de los llamados chicos de Scottsboro, nueve adolescentes negros juzgados en Alabama en 1931 en cuestión de días y condenados a muerte casi todos ellos, es el ejemplo que llegó al Tribunal Supremo y del que hablamos en la primera entrega de esta saga.
Lo interesante llega después, cuando el sistema ya ha sido reformado. En los años ochenta, el profesor David Baldus y sus colaboradores analizaron más de dos mil casos de homicidio juzgados en Georgia durante la década anterior. En los datos brutos, quien mataba a una persona blanca recibía pena de muerte en el 11 % de los casos, y quien mataba a una persona negra, en el 1 %. Tras controlar treinta y nueve variables no raciales —gravedad, antecedentes, número de víctimas, circunstancias del hecho—, el modelo seguía arrojando que los acusados de matar a una víctima blanca tenían 4,3 veces más probabilidades de ser condenados a muerte.
Ese estudio llegó al Tribunal Supremo en 1987 con el recurso de Warren McCleskey, un hombre negro condenado a muerte en Georgia por el homicidio de un policía blanco. La sentencia McCleskey contra Kemp es probablemente la resolución más comentada de la historia moderna de la pena capital estadounidense, y su razonamiento explica por qué. El Tribunal aceptó la validez estadística del estudio a efectos de la discusión, y aun así rechazó el recurso por cinco votos contra cuatro: para anular una condena por discriminación racial, sostuvo, no basta acreditar una disparidad estadística en el conjunto del sistema, hay que demostrar que hubo intención discriminatoria en el caso concreto del recurrente. Dicho de otro modo, un sesgo demostrado a escala de sistema resulta jurídicamente inatacable si nadie lo confiesa en un expediente.
Las cifras posteriores no han corregido el patrón. En la composición actual de los corredores de la muerte estadounidenses, en torno al 42 % de los condenados son blancos, el 41 % negros y el 14 % latinos, proporciones muy alejadas del peso de cada grupo en la población general. Y en el dato que mejor resume la asimetría, desde 1977 se han ejecutado alrededor de trescientos acusados negros condenados por matar a una víctima blanca, frente a veintiún acusados blancos ejecutados por matar a una víctima negra.
Conviene precisar el matiz, porque suele perderse. Lo que la investigación documenta con mayor solidez tiene que ver con la raza de la víctima más que con la del acusado: el sistema valora de forma distinta las vidas perdidas, y los homicidios con víctima blanca acaban en pena capital con mucha mayor frecuencia. Es un sesgo más incómodo de explicar y más difícil de corregir, porque no se localiza en una sala concreta ni en un funcionario concreto; está repartido en toda la cadena de decisiones, desde la calificación del fiscal hasta la selección del jurado.
La silla: ingeniería aplicada al castigo
La silla eléctrica nació de un propósito humanitario, como todos los métodos que la siguieron. A finales del siglo XIX, el estado de Nueva York buscaba una alternativa a la horca, cuyos fallos —decapitaciones por caída excesiva, agonías por estrangulamiento lento— se habían vuelto un escándalo público. Un dentista de Buffalo, Alfred Southwick, propuso la electricidad tras conocer el caso de un hombre que había muerto de forma aparentemente instantánea al tocar un generador. La decisión técnica quedó envuelta en la guerra comercial entre la corriente continua de Edison y la alterna de Westinghouse, y la primera ejecución se llevó a cabo en la prisión de Auburn el 6 de agosto de 1890.
Salió mal. William Kemmler recibió unos setecientos voltios durante diecisiete segundos, tras los cuales quedó claro que seguía vivo; hubo que preparar una segunda descarga de algo más de mil voltios que se prolongó cerca de dos minutos, mientras los testigos percibían olor a ropa y carne quemadas. La autopsia mostró que el electrodo dorsal había quemado los tejidos hasta la columna. Westinghouse resumió la jornada con una frase que ha sobrevivido a todo lo demás: habría sido mejor con un hacha.
Desde el punto de vista médico-legal, la muerte por electrocución judicial combina varios mecanismos. La corriente que atraviesa el tórax puede provocar fibrilación ventricular; la tetanización de la musculatura respiratoria y la afectación de los centros bulbares producen parada respiratoria; y el paso de intensidades elevadas genera calor en los puntos de contacto, con quemaduras características. La revisión de cuarenta y tres autopsias de electrocuciones judiciales practicadas en Florida entre 1983 y 1999, publicada por Li y Hamilton en 2005, encontró como hallazgos más constantes una quemadura anular en la cabeza, producida por el electrodo del casco, y otra en la pantorrilla derecha, correspondiente al electrodo de tobillo. Sobre si hay o no percepción consciente del dolor durante el procedimiento existe una discusión que no está cerrada, porque la propia naturaleza del acto impide cualquier observación fiable.
La esponja de Delacroix
Aquí es donde la película demuestra que se documentó bien. La esponja empapada en solución salina que se coloca entre el cuero cabelludo y el electrodo cumple una función eléctrica precisa: reducir la resistencia de contacto para que la corriente fluya de manera homogénea. Sin ese medio conductor, la resistencia en la interfaz aumenta, la energía se disipa en forma de calor en un punto concreto y el resultado deja de ser una descarga que atraviesa el cuerpo para convertirse en una combustión localizada. Eso es exactamente lo que ocurre cuando Percy Wetmore omite deliberadamente mojar la esponja antes de la ejecución de Eduard Delacroix: el condenado arde durante minutos ante los testigos.
La escena podría parecer un exceso de guionista si no fuera porque ocurrió dos veces en Florida, en la vida real y sin nadie que lo hiciera a propósito. En la ejecución de Jesse Tafero, en mayo de 1990, se empleó por error una esponja sintética de uso doméstico en lugar de la esponja natural del protocolo; brotaron llamas de quince centímetros alrededor de la cabeza y hubo que aplicar tres descargas. En marzo de 1997, en la ejecución de Pedro Medina, la esponja no estaba correctamente empapada en la solución salina y volvió a arder, llenando de humo la sala. Florida suspendió las ejecuciones durante un año y terminó pasándose a la inyección letal en 2000.
Y hay un antecedente todavía más cercano al argumento de la película, ocurrido en la misma Luisiana once años después de la fecha en que se ambienta. El 3 de mayo de 1946, Willie Francis, un adolescente negro de diecisiete años condenado por el homicidio de su antiguo empleador, fue sentado en Gruesome Gertie. La silla falló: la descarga le causó dolor y quemaduras, pero no la muerte, y la ejecución hubo de interrumpirse. Se supo después que los dos encargados de manejarla habían estado bebiendo la noche anterior. Sus abogados sostuvieron que repetir el procedimiento constituía un castigo cruel e inusual, y el asunto llegó al Tribunal Supremo, que en 1947 autorizó la segunda ejecución por cinco votos contra cuatro. Willie Francis volvió a sentarse en la misma silla el 9 de mayo de 1947, y esa vez funcionó. Setenta y nueve años después, la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee ha vuelto a plantear la pregunta que el Tribunal Supremo respondió entonces: si el Estado puede intentarlo de nuevo cuando el condenado sobrevive.
Un siglo de cámara de gas
El siguiente método humanitario llegó por la misma vía: alguien pensó que había una forma más suave de matar. Nevada aprobó la ejecución mediante gas letal en 1921, y el 8 de febrero de 1924 Gee Jon se convirtió en la primera persona ejecutada de ese modo. El plan original consistía en bombear cianuro en su celda mientras dormía, y se abandonó porque el gas se escapaba; hubo que construir una cámara estanca.
El mecanismo del cianuro de hidrógeno es una hipoxia histotóxica: la molécula bloquea la citocromo c oxidasa en la cadena respiratoria mitocondrial, de manera que las células dejan de poder utilizar el oxígeno aunque siga llegándoles por la sangre. La muerte no es rápida y el proceso es consciente durante buena parte de su desarrollo. Dos ejecuciones de 1992 acabaron con el método en la práctica: la de Donald Harding en Arizona, que se prolongó unos once minutos y resultó tan penosa para los testigos que impulsó el cambio legislativo en aquel estado, y la de Robert Alton Harris en California, la primera en veinticinco años en ese estado y sometida a un litigio que terminó con la declaración judicial de inconstitucionalidad del método. A todo ello se sumaba una carga simbólica difícil de sostener después de que el mismo compuesto se empleara en el exterminio nazi.
El gas, sin embargo, ha vuelto. El 25 de enero de 2024, Alabama ejecutó a Kenneth Eugene Smith mediante hipoxia por nitrógeno, un procedimiento nunca antes empleado con seres humanos, cuyo fundamento consiste en desplazar el oxígeno del aire inspirado hasta provocar una anoxia. Las autoridades lo habían presentado como rápido e indoloro. Según los testigos presenciales, Smith permaneció consciente varios minutos, convulsionó y forcejeó contra las correas, y el procedimiento se prolongó más de veinte minutos. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas expresó públicamente su consternación. El estado lo calificó de ejecución de manual y anunció que seguiría empleándolo.
La inyección letal, un protocolo escrito en una tarde
De todos los datos de este artículo, el que suele producir más incredulidad es el origen de la inyección letal. En 1977, el estado de Oklahoma pidió a su médico forense jefe, Jay Chapman, que propusiera un procedimiento. Chapman diseñó una secuencia de tres fármacos: un barbitúrico de acción rápida, el tiopental sódico, para inducir la inconsciencia; un bloqueante neuromuscular, el bromuro de pancuronio, que paraliza toda la musculatura, incluida la respiratoria; y cloruro potásico en concentración suficiente para detener el corazón. Años después, preguntado por la base científica de aquel diseño, Chapman respondió que no había hecho ninguna investigación, que simplemente sabía lo que hacía falta por haber estado él mismo bajo anestesia. Ese protocolo, con variantes, se extendió a casi todos los estados y sigue siendo el método principal en Estados Unidos.
El problema técnico lo expuso en 2005 un equipo dirigido por Leonidas Koniaris en The Lancet: al revisar los datos toxicológicos disponibles de ejecuciones, encontraron concentraciones postmortem de tiopental inferiores a las requeridas para una anestesia quirúrgica en una parte importante de los casos, lo que abre la posibilidad de que el condenado permanezca consciente. Si eso ocurre, el segundo fármaco garantiza que nadie lo note: el paralítico impide cualquier movimiento, gesto o vocalización, de modo que una asfixia consciente seguida de la quemazón intensa del cloruro potásico resultaría, desde la sala de testigos, indistinguible de un sueño tranquilo. A ese efecto se le ha llamado con acierto censura del sufrimiento.
Los estudios sobre las autopsias apuntan en la misma dirección. Una revisión de informes de necropsia de ejecutados por inyección letal encontró edema pulmonar, con frecuencia masivo y con espuma ocupando la vía aérea, en treinta y tres de cuarenta y tres casos, un hallazgo compatible con distrés respiratorio agudo durante el procedimiento. El Tribunal Supremo estadounidense, por su parte, ha avalado los protocolos en Baze contra Rees (2008) y en Glossip contra Gross (2015), esta última con una exigencia procesal muy discutida: para impugnar un método de ejecución, el recurrente debe proponer una alternativa viable y menos dolorosa.
Hay dos elementos más que explican el estado actual del asunto. El primero es de abastecimiento: los fabricantes europeos de los fármacos se negaron a suministrarlos para ese uso y la Unión Europea sometió su exportación a control mediante la normativa que regula el comercio de productos utilizables para aplicar la pena de muerte o la tortura, hoy el Reglamento (UE) 2019/125. La escasez resultante llevó a varios estados a improvisar protocolos con sedantes como el midazolam, con resultados documentados que incluyen ejecuciones prolongadas y visiblemente penosas. El segundo elemento es deontológico: la Asociación Médica Mundial y la Asociación Médica Estadounidense prohíben a los médicos participar de cualquier forma en una ejecución, incluidas la selección de vías, la preparación o administración de los fármacos, la supervisión del personal y el asesoramiento técnico. El resultado es una paradoja perfecta: un procedimiento con apariencia clínica que, por imperativo ético, deben ejecutar personas sin formación clínica.
La paradoja de humanizar
Puestos en fila, los métodos cuentan siempre la misma historia. La silla eléctrica se introdujo como alternativa humanitaria a la horca; el gas, como alternativa a la silla; la inyección letal, como alternativa al gas; y la hipoxia por nitrógeno se ha presentado en 2024 como alternativa a la inyección. Cada uno se anunció con el argumento de que el anterior era cruel, y cada uno terminó acumulando su propio registro de ejecuciones fallidas.
El dato que mejor resume el conjunto lo aportó Austin Sarat en su estudio sobre ejecuciones fallidas: entre 1890 y 2010 se llevaron a cabo en Estados Unidos 8.776 ejecuciones, de las cuales 276 —el 3,15 %— presentaron algún fallo relevante. Y la mayor tasa de fracaso corresponde a la inyección letal, con una proporción en torno al 7 %, por delante de los procedimientos más antiguos y aparentemente más toscos. La explicación más plausible tiene poco de misteriosa: la aguja transmite una apariencia médica que no responde a ninguna práctica médica real; canalizar una vía en personas con venas dañadas, calcular dosis sin formación farmacológica y reaccionar ante una complicación son tareas clínicas encomendadas a quien no puede haberlas aprendido. La apariencia de serenidad se consigue ocultando el sufrimiento, y no evitándolo, que es precisamente lo que la película muestra al revés: la electrocución de Delacroix es insoportable de ver justamente porque no oculta nada.
El mapa de hoy
Fuera de la ficción, el panorama internacional tiene sus propios números. Amnistía Internacional documentó 1.518 ejecuciones en el mundo durante 2024, un 32 % más que las 1.153 del año anterior y la cifra más alta desde 2015; el aumento se concentra en Irán, Irak y Arabia Saudí, que suman alrededor del 91 % del total conocido. Esas cifras excluyen a China, donde el número se considera secreto de Estado y se estima en miles. En sentido contrario, la tendencia de fondo sigue siendo abolicionista: cada vez son menos los países que ejecutan, aunque los que lo hacen ejecuten más.
En Europa la pena capital ha desaparecido del ordenamiento. El Protocolo n.º 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos la abolió en tiempo de paz y el Protocolo n.º 13, abierto a la firma en Vilna en 2002, lo hizo en todas las circunstancias. En España, las últimas ejecuciones se produjeron el 27 de septiembre de 1975, con el fusilamiento de cinco condenados; el artículo 15 de la Constitución de 1978 abolió la pena de muerte salvo lo que pudieran disponer las leyes penales militares en tiempo de guerra, y la Ley Orgánica 11/1995 suprimió también esa última excepción. España ratificó el Protocolo n.º 13 en diciembre de 2009.
Volver a Cold Mountain
Al final de la película, John Coffey recorre el pasillo, se sienta, pide que no le pongan la capucha porque teme la oscuridad y muere electrocutado ante una docena de testigos, con la esponja bien mojada y el procedimiento ejecutado a la perfección. Ese es el punto exacto en el que las tres entregas de esta saga se juntan: el procedimiento funcionó, la institución cumplió su trabajo con corrección y el resultado fue matar a un inocente. La calidad técnica de una ejecución no dice nada sobre la calidad del proceso que llevó hasta ella, y ningún protocolo, por depurado que sea, corrige un error cometido veinte años antes en la orilla de un río.
De ahí que el argumento más resistente contra la pena capital no sea moral sino estadístico, y ya lo hemos citado en la primera entrega: en Estados Unidos se han documentado desde 1989 más de tres mil setecientas exoneraciones, y en el corredor de la muerte, casi doscientas. Un sistema que se equivoca en esa proporción y aplica un castigo irreversible está garantizando matemáticamente la ejecución de inocentes. La película lo dice mejor, y de una forma que solo la ficción puede permitirse: pone al espectador a mirar cómo matan al único hombre del edificio que no había hecho nada, y no le concede el consuelo de creer que los responsables eran monstruos.
The Green Mile (III): the ways of killing
The third and final part of our series on Frank Darabont’s film. The electric chair of E Block against the real Louisiana, the physiology of electrocution and of Delacroix’s botched execution, a full century of the gas chamber, the lethal injection nobody ever researched, and the weight the defendant’s race still carries in the outcome.
By Manuela González
Where the corridor ends
Coming hard on the heels of the bitter controversy over Christa Pike’s failed execution in Tennessee, this third part of the series turns to what the film shoots most carefully and what is least discussed: the procedure by which a State kills a person. The Green Mile (Frank Darabont, 1999) shows three executions in the electric chair, one of them deliberately sabotaged, and films them with a technical precision that lets us explain a good deal.
This article brings together two matters that go together in practice, however different they look: how people are killed and who is killed. The reason for treating them in the same text is that the history of execution methods in the United States and the history of their unequal application according to the race of the defendant and of the victim take place on the same stage and, largely, in the same years.
What the film gets right and what it invents
It is worth starting with an anachronism, because it is instructive. In 1935 Louisiana the scene the film builds did not exist. The state did not execute by electrocution: the sentence was carried out on the gallows, at the courthouse or jail of the parish where the prisoner had been tried. The Louisiana legislature changed the method in 1940 and electrocution took effect on 1 June 1941, with a singular feature: the chair travelled from parish to parish on a truck, generator included, and never had a fixed home. Prisoners christened it Gruesome Gertie. A man sentenced in 1935 would not have waited his turn in a block like the one the film portrays.
That said, the procedure shown on screen is faithful to American judicial electrocution as practised for decades: the shaving of the head and calf, the scalp electrode held by a metal headpiece, the ankle electrode, the straps, the sponge soaked in saline between scalp and metal, the witness room behind glass, the recited formulas and the current applied from an adjoining booth. Even the rehearsal with an officer sitting in the chair playing the condemned man matches real practice.
The colour of the defendant
The film never states it, and it does not need to. A Black man is accused of raping and murdering two white girls in a rural county of the deep South in 1935. Any viewer understands that the trial was a formality. That is precisely what gives such force to the scene in which the head guard discovers the man was innocent and realises, at the same moment, that nobody is going to believe him.
The historical context is well known and precisely documented. The Equal Justice Initiative has recorded more than four thousand four hundred racial terror lynchings of Black people in the United States between 1877 and 1950, and close to six thousand five hundred if the period is extended back to 1865. Swift capital convictions of Black defendants in the South served for decades as the robed version of that same violence; the case of the Scottsboro Boys, nine Black teenagers tried in Alabama in 1931 within days and almost all sentenced to death, is the example that reached the Supreme Court and that we discussed in the first part of this series.
What is interesting comes afterwards, once the system has been reformed. In the 1980s, Professor David Baldus and his colleagues analysed more than two thousand homicide cases tried in Georgia during the previous decade. In the raw data, those who killed a white person received a death sentence in 11 % of cases, and those who killed a Black person in 1 %. After controlling for thirty-nine non-racial variables — severity, prior record, number of victims, circumstances of the offence — the model still showed that defendants charged with killing a white victim were 4.3 times more likely to be sentenced to death.
That study reached the Supreme Court in 1987 with the appeal of Warren McCleskey, a Black man sentenced to death in Georgia for killing a white police officer. McCleskey v. Kemp is probably the most discussed ruling in the modern history of American capital punishment, and its reasoning explains why. The Court accepted the statistical validity of the study for the sake of argument, and still rejected the appeal by five votes to four: to overturn a conviction for racial discrimination, it held, a statistical disparity across the system is not enough, one must prove discriminatory intent in the appellant’s own case. In other words, a bias demonstrated at system level is legally unassailable unless someone confesses to it in a file.
Later figures have not corrected the pattern. In the current composition of American death rows, around 42 % of prisoners are white, 41 % Black and 14 % Latino, proportions far removed from each group’s weight in the general population. And in the figure that best sums up the asymmetry, since 1977 some three hundred Black defendants have been executed for killing a white victim, against twenty-one white defendants executed for killing a Black victim.
The nuance deserves stating, because it usually gets lost. What research documents most robustly has more to do with the race of the victim than with that of the defendant: the system values lost lives differently, and homicides with white victims end in capital sentences far more often. It is a harder bias to explain and a harder one to correct, because it cannot be located in a particular courtroom or a particular official; it is spread across the whole chain of decisions, from the prosecutor’s charging choice to jury selection.
The chair: engineering applied to punishment
The electric chair was born of a humanitarian purpose, like every method that followed it. In the late nineteenth century New York State was looking for an alternative to hanging, whose failures — decapitations from an excessive drop, slow strangulation — had become a public scandal. A Buffalo dentist, Alfred Southwick, proposed electricity after hearing of a man who had died apparently instantly on touching a generator. The technical decision became entangled in the commercial war between Edison’s direct current and Westinghouse’s alternating current, and the first execution was carried out at Auburn Prison on 6 August 1890.
It went wrong. William Kemmler received some seven hundred volts for seventeen seconds, after which it was plain he was still alive; a second charge of a little over a thousand volts had to be prepared and lasted close to two minutes, while witnesses noticed the smell of burnt clothing and flesh. The autopsy showed the back electrode had burned the tissue through to the spine. Westinghouse summed up the day with a line that has outlived everything else: they would have done better with an axe.
In forensic terms, death by judicial electrocution combines several mechanisms. Current crossing the thorax can trigger ventricular fibrillation; tetanic contraction of the respiratory muscles and involvement of the brainstem centres produce respiratory arrest; and the passage of high currents generates heat at the contact points, with characteristic burns. The review of forty-three autopsies of judicial electrocutions carried out in Florida between 1983 and 1999, published by Li and Hamilton in 2005, found as the most consistent findings an annular burn on the head, produced by the headpiece electrode, and another on the right calf, matching the ankle electrode. Whether there is conscious perception of pain during the procedure remains an open argument, because the nature of the act itself rules out any reliable observation.
Delacroix’s sponge
This is where the film proves it did its homework. The saline-soaked sponge placed between scalp and electrode serves a precise electrical function: reducing contact resistance so that current flows evenly. Without that conductive medium, resistance at the interface rises, energy is dissipated as heat at a single point, and the result stops being a discharge crossing the body and becomes localised combustion. That is exactly what happens when Percy Wetmore deliberately fails to wet the sponge before Eduard Delacroix’s execution: the condemned man burns for minutes in front of the witnesses.
The scene might look like a screenwriter’s excess were it not that it happened twice in Florida, in real life and with nobody doing it on purpose. At the execution of Jesse Tafero in May 1990, a synthetic household sponge was used by mistake instead of the natural sponge required by protocol; fifteen-centimetre flames burst around his head and three charges had to be applied. In March 1997, at the execution of Pedro Medina, the sponge had not been properly soaked in saline and again caught fire, filling the room with smoke. Florida suspended executions for a year and eventually moved to lethal injection in 2000.
And there is an antecedent still closer to the plot of the film, which happened in Louisiana itself eleven years after the date in which it is set. On 3 May 1946 Willie Francis, a seventeen-year-old Black youth convicted of murdering his former employer, was strapped into Gruesome Gertie. The chair failed: the current caused him pain and burns but not death, and the execution had to be halted. It later emerged that the two men operating it had been drinking the night before. His lawyers argued that repeating the procedure amounted to cruel and unusual punishment, and the matter reached the Supreme Court, which in 1947 authorised the second execution by five votes to four. Willie Francis sat in the same chair again on 9 May 1947, and that time it worked. Seventy-nine years later, Christa Pike’s failed execution in Tennessee has raised once more the question the Supreme Court answered then: whether the State may try again when the condemned person survives.
A century of the gas chamber
The next humanitarian method arrived by the same route: someone thought there was a gentler way to kill. Nevada approved execution by lethal gas in 1921, and on 8 February 1924 Gee Jon became the first person executed that way. The original plan was to pump cyanide into his cell while he slept, and it was abandoned because the gas escaped; an airtight chamber had to be built.
The mechanism of hydrogen cyanide is histotoxic hypoxia: the molecule blocks cytochrome c oxidase in the mitochondrial respiratory chain, so that cells can no longer use oxygen even though the blood keeps delivering it. Death is not quick and the process is conscious for much of its course. Two executions in 1992 finished off the method in practice: that of Donald Harding in Arizona, which lasted some eleven minutes and proved so distressing to witnesses that it drove legislative change in that state, and that of Robert Alton Harris in California, the first there in twenty-five years and the subject of litigation that ended with the method being declared unconstitutional. On top of all that lay a symbolic burden that was hard to sustain after the same compound had been used in the Nazi extermination.
Gas, however, has returned. On 25 January 2024, Alabama executed Kenneth Eugene Smith by nitrogen hypoxia, a procedure never before used on human beings, whose rationale is to displace the oxygen in inspired air until anoxia sets in. The authorities had presented it as swift and painless. According to eyewitnesses, Smith remained conscious for several minutes, convulsed and strained against the restraints, and the procedure lasted more than twenty minutes. A group of United Nations experts publicly expressed their dismay. The state called it a textbook execution and announced it would go on using the method.
Lethal injection, a protocol written in an afternoon
Of all the facts in this article, the one that tends to produce the most disbelief is the origin of lethal injection. In 1977 the state of Oklahoma asked its chief medical examiner, Jay Chapman, to propose a procedure. Chapman designed a three-drug sequence: a fast-acting barbiturate, sodium thiopental, to induce unconsciousness; a neuromuscular blocker, pancuronium bromide, which paralyses all muscle including the respiratory muscles; and potassium chloride in a concentration sufficient to stop the heart. Years later, asked about the scientific basis of that design, Chapman answered that he had done no research, that he simply knew what was needed from having been under anaesthesia himself. That protocol, with variations, spread to almost every state and remains the main method in the United States.
The technical problem was set out in 2005 by a team led by Leonidas Koniaris in The Lancet: reviewing the toxicological data available from executions, they found post-mortem thiopental concentrations below those required for surgical anaesthesia in a substantial share of cases, which raises the possibility that the condemned person remains conscious. If that happens, the second drug guarantees nobody notices: the paralytic prevents any movement, gesture or sound, so that conscious asphyxiation followed by the intense burning of potassium chloride would be, from the witness room, indistinguishable from quiet sleep. That effect has aptly been called the censorship of suffering.
Autopsy studies point the same way. A review of post-mortem reports on people executed by lethal injection found pulmonary oedema, often massive and with froth filling the airway, in thirty-three of forty-three cases, a finding consistent with acute respiratory distress during the procedure. The Supreme Court, for its part, has upheld the protocols in Baze v. Rees (2008) and Glossip v. Gross (2015), the latter with a much-disputed procedural requirement: to challenge a method of execution, the appellant must propose a feasible and less painful alternative.
Two further elements explain the current state of affairs. The first concerns supply: European manufacturers refused to provide the drugs for that use and the European Union subjected their export to control under the rules governing trade in goods usable for capital punishment or torture, today Regulation (EU) 2019/125. The resulting shortage led several states to improvise protocols with sedatives such as midazolam, with documented outcomes including prolonged and visibly distressing executions. The second element is ethical: the World Medical Association and the American Medical Association prohibit physicians from taking part in an execution in any way, including selecting injection sites, preparing or administering the drugs, supervising personnel and providing technical advice. The result is a perfect paradox: a procedure with a clinical appearance that, by ethical imperative, must be carried out by people without clinical training.
The paradox of humanising
Lined up in order, the methods always tell the same story. The electric chair was introduced as a humane alternative to the gallows; gas, as an alternative to the chair; lethal injection, as an alternative to gas; and nitrogen hypoxia was presented in 2024 as an alternative to injection. Each was announced on the argument that the previous one was cruel, and each ended up accumulating its own record of botched executions.
The figure that best sums up the whole came from Austin Sarat’s study of botched executions: between 1890 and 2010 the United States carried out 8,776 executions, of which 276 — 3.15 % — went wrong in some significant way. And the highest failure rate belongs to lethal injection, at around 7 %, ahead of the older and seemingly cruder procedures. The most plausible explanation is hardly mysterious: the needle conveys a medical appearance that corresponds to no actual medical practice; cannulating a vein in people with damaged veins, calculating doses without pharmacological training and responding to a complication are clinical tasks entrusted to people who cannot have learned them. The appearance of serenity is achieved by concealing suffering rather than preventing it, which is precisely what the film shows the other way round: Delacroix’s electrocution is unbearable to watch exactly because it conceals nothing.
Today’s map
Outside fiction, the international picture has its own numbers. Amnesty International documented 1,518 executions worldwide during 2024, 32 % more than the 1,153 of the previous year and the highest figure since 2015; the increase is concentrated in Iran, Iraq and Saudi Arabia, which together account for around 91 % of the known total. Those figures exclude China, where the number is treated as a state secret and is estimated in the thousands. Against that, the underlying trend remains abolitionist: fewer and fewer countries execute, even if those that do execute more.
In Europe capital punishment has vanished from the statute books. Protocol No. 6 to the European Convention on Human Rights abolished it in peacetime and Protocol No. 13, opened for signature in Vilnius in 2002, did so in all circumstances. In Spain, the last executions took place on 27 September 1975, when five condemned prisoners were shot; article 15 of the 1978 Constitution abolished the death penalty save for what military criminal law might provide in time of war, and Organic Law 11/1995 removed that last exception too. Spain ratified Protocol No. 13 in December 2009.
Back to Cold Mountain
At the end of the film, John Coffey walks the corridor, sits down, asks not to be hooded because he is afraid of the dark, and dies electrocuted in front of a dozen witnesses, with the sponge properly wet and the procedure carried out flawlessly. That is exactly the point where the three parts of this series meet: the procedure worked, the institution did its job correctly, and the outcome was the killing of an innocent man. The technical quality of an execution says nothing about the quality of the process that led to it, and no protocol, however refined, corrects a mistake made twenty years earlier on a riverbank.
Hence the most robust argument against capital punishment is not moral but statistical, and we quoted it in the first part: the United States has documented more than three thousand seven hundred exonerations since 1989, and close to two hundred among people sentenced to death. A system that errs at that rate while applying an irreversible punishment is mathematically guaranteeing the execution of innocent people. The film says it better, and in a way only fiction can afford: it sits the audience down to watch the killing of the one man in the building who had done nothing, and denies it the comfort of believing that those responsible were monsters.
Bibliografía / References
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