El Consejo Certificador en Psicología Forense, es una organización científica y profesional de psicólogos y psicólogas forenses que surge con el propósito de responder a las demandas de formación y actualización, generando investigación, diseño de protocolos y promoción constante de estándares internacionales para la práctica de la psicología forense en Latinoamérica que otorga capacitaciones y certificaciones desde 2016.
Tiene su sede en Aguascalientes, México, y está conformado por profesionales especializados en psicología, derechos humanos y estudios especializados en violencia, abocándose a la elaboración de acciones —protocolos, metodologías, capacitaciones— que son parte de una convicción pedagógica: que todas y todos podamos aprender a hacer lo que nos toca, de manera clara, responsable y con sentido humano.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, convocó en fecha 9 de marzo al Encuentro Internacional de Defensoras de Derechos Humanos, un espacio académico que reunió a expertas internacionales en acompañamiento psicosocial a víctimas, análisis de contexto e investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, todas reconocidas por su compromiso social, académico y su experticia.
Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer capacidades, visibilizar buenas prácticas y promover el intercambio de experiencias en la protección y defensa de los derechos humanos.
Una labor en riesgo: la urgencia de proteger a quienes defienden los derechos humanos
La celebración de este evento se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos en toda América Latina. La labor de estas activistas, abogadas, psicólogas y periodistas es fundamental para la construcción de sociedades más justas, pero a menudo se realiza en condiciones de alta vulnerabilidad. La estigmatización, las amenazas y los ataques directos son una realidad para muchas de ellas.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dedicado esfuerzos constantes a esta problemática, como lo demuestra la reciente publicación de su tercer informe sobre la «Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas», donde se documentan los desafíos y se insta a los Estados a cumplir con su deber de protección. Además, la CIDH anunció que su 195° Período de Sesiones se llevaría a cabo en marzo, incluyendo audiencias públicas sobre temas urgentes de derechos humanos en la región, lo que subraya la relevancia del debate en estas fechas.
De hecho, los datos más recientes confirman la magnitud de esta crisis. La organización Front Line Defenders documentó que en 2024 fueron asesinadas 324 personas defensoras en 32 países, y América Latina concentró el 80% de estos crímenes a nivel mundial. En la región, por séptimo año consecutivo, Colombia encabeza la lista de países más peligrosos para ejercer esta labor con 157 homicidios, seguido por México (32) y Guatemala (29). Esta violencia no es un fenómeno aislado, sino que responde a patrones sistemáticos. Un demoledor informe de la ONU señala que, entre 2016 y 2025, un total de 972 defensores fueron asesinados en Colombia, lo que supone un promedio de casi 100 víctimas al año, una situación que el Alto Comisionado Volker Türk calificó como «desgarradora». Este mismo informe advierte que los ataques son apenas «una fracción de la magnitud real del fenómeno», documentando también más de 2.000 amenazas en el mismo período. La CIDH, en su tercer informe sobre la materia, coincide en que las personas defensoras en las Américas continúan trabajando en «un ambiente hostil donde su vida e integridad personal están constantemente en peligro», y destaca la especial situación de riesgo que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como los liderazgos indígenas y las mujeres. Ante este panorama, espacios como el Encuentro Internacional de Defensoras de Derechos Humanos se vuelven esenciales no solo para el intercambio académico, sino para la articulación de estrategias de protección y la visibilización de una labor que, como muestran las cifras, se realiza con un alto costo humano.
En paralelo, las mujeres en América Latina enfrentan una realidad de violencia igualmente alarmante. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región, lo que representa al menos 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de 19.254 feminicidios en los últimos cinco años. Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) confirma que una de cada tres mujeres de 15 años o más en la región ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y que la violencia infligida por la pareja sigue siendo la forma más común de abuso. La prevalencia de esta violencia no es homogénea: encuestas nacionales indican que entre el 63% y el 76% de las mujeres y niñas han experimentado violencia de género en algún momento de su vida. En lo que va de 2026, la tendencia se mantiene con cifras preocupantes: solo en Argentina se registraron al menos 60 femicidios directos en el primer trimestre del año, mientras que en Brasil el estado de São Paulo reportó un incremento del 45% en los casos durante febrero. Esta realidad evidencia que la violencia contra las mujeres en la región es un fenómeno estructural, multifacético y persistente que exige respuestas institucionales urgentes.
Una cita por la justicia
En este marco, el Consejo Certificador en Psicología Forense organizó un foro que, a través de una plataforma digital, permitió la participación de especialistas y público de toda Iberoamérica. La jornada, de tres horas de duración, se estructuró en torno a conferencias magistrales que abordaron las aristas más críticas de la defensa de los derechos humanos en la actualidad.
La obligación alimentaria como un derecho humano
Nuestra miembro, la Profesora Magíster Liliana Rocca, Directora de Herramientas Jurídicas Global, participó abordando el tema: “La obligación alimentaria como Derecho Humano: Justicia con perspectiva de género frente a la violencia económica”.
En su ponencia, la abordó el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, calificándolo no como una simple falta administrativa, sino como una forma de violencia económica o de recursos, probablemente una de las formas más insidiosas y menos visibilizadas de la violencia de género. Este tipo de violencia, que busca limitar o controlar los recursos de las mujeres, tiene consecuencias devastadoras en su autonomía y en el bienestar de sus hijos. Su análisis se enmarcó en la necesidad de que estas situaciones sean tratadas desde la defensa de los Derechos Humanos y con una marcada mirada de género
Otras temáticas urgentes en la agenda
La jornada también abordó temáticas de gran vigencia que enriquecieron el debate y ofrecieron una visión integral de los desafíos en la defensa de los derechos humanos:
- Testimonio de mujeres sobrevivientes de crímenes de Estado: Se analizó el valor probatorio y reparador de la palabra de las mujeres que han sufrido violencia institucional, destacando la importancia del acompañamiento psicosocial para evitar su revictimización.
- Justicia para las infancias: Un espacio dedicado a reflexionar sobre los mecanismos de protección y acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
- El Metaperitaje como Garantía Científica del Debido Proceso: Se expuso cómo el análisis de los peritajes desde una perspectiva de derechos humanos y género se convierte en una herramienta crucial para garantizar juicios justos y libres de sesgos discriminatorios.
Tejiendo redes para la transformación social
Los organizadores del foro han declarado al final del mismo que queda claro que, realizando este tipo de espacios de forma consecutiva, contando con la presencia de académicas exitosas como es el caso de las profesionales convocadas, podremos contribuir al cambio del contexto social actual.
Este encuentro internacional no solo debe verse como un espacio de reflexión académica, sino una muestra palpable del poder de las alianzas estratégicas para la transformación social. Al reunir a expertas de primer nivel, se fortalecieron las redes de colaboración y se compartieron herramientas concretas para la defensa de los derechos humanos. Iniciativas como esta son esenciales para construir un sistema de justicia más humano, inclusivo y efectivo para todas las personas, esperemos que proliferen en unos tiempos donde parece que la violencia, la inacción ante la toma de decisiones unilaterales y el sinsentido se hubiesen adueñado del escenario internacional.
Redacción Eventos – Liliana Rocca
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