Perspectiva Médico-Legal y Criminológica

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Índice de contenidos

I. Introducción: relevancia actual para la medicina legal y la criminología

II. Marco legislativo actualizado

II.1. Legislación española (LO 10/2022 y LO 4/2023)

II.2. Legislación portuguesa

II.3. Legislación salvadoreña

III. Objetivos de la valoración médico-legal

IV. Sistemática médico-legal: exploración de la víctima

IV.1. Víctimas adultas mujeres

IV.2. Víctimas adultas hombres

IV.3. Niños, niñas y adolescentes (NNA)

V. Sumisión química en los delitos sexuales

VI. Toma de muestras: análisis genético y toxicológico

VI.1. Muestras para estudio genético (ADN)

VI.2. Muestras para estudio toxicológico

VI.3. Cadena de custodia

VII. Tipología del agresor sexual

VIII. Modus operandi en los delitos sexuales

IX. Consecuencias para la salud de las víctimas

X. Referencias bibliográficas

I. INTRODUCCIÓN: RELEVANCIA ACTUAL PARA LA MEDICINA LEGAL Y LA CRIMINOLOGÍA

Los delitos contra la libertad sexual constituyen una de las formas de violencia más graves que el ordenamiento jurídico contemporáneo reconoce y sanciona. Su estudio ha adquirido una dimensión especialmente relevante en el campo de la medicina legal y la criminología, disciplinas que han experimentado una profunda transformación en los últimos años tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico.

El concepto de «libertad sexual» como bien jurídico protegido supera la antigua noción de «moral sexual» o «honestidad» para asentarse sobre el principio de la autodeterminación de la persona en el ámbito sexual. Como señalaba Gisbert Calabuig (2004), esta evolución conceptual implica reconocer que cualquier acto sexual no consentido constituye una agresión al núcleo más íntimo de la personalidad humana, con independencia de las concepciones morales imperantes en cada momento histórico.

La importancia actual de esta materia para la medicina legal y la criminología se fundamenta en varios pilares que merecen una mención especial:

• Incremento de la criminalidad registrada: En España, los datos del Ministerio del Interior reflejan un aumento sostenido de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Solo entre 2021 y 2022 se registraron incrementos significativos, con más del 50% de las víctimas siendo menores de edad (Ministerio del Interior, 2023). Esta tendencia convierte la materia en un área prioritaria de actuación forense.
• Profunda reforma legislativa: La aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS) y su posterior modificación mediante la LO 4/2023, de 27 de abril, han transformado radicalmente el marco normativo español. La unificación de las figuras de abuso y agresión sexual en un único tipo delictivo y la incorporación expresa de la sumisión química como modalidad comisiva agravada son hitos que la pericia médico-forense debe conocer y aplicar.
• Revolución en la prueba científica: Los avances en genética forense, toxicología analítica y ciencias forenses digitales han multiplicado las posibilidades de prueba pericial. La creación del Kit de Agresión Sexual (KAS) y los protocolos especializados de toma de muestras han estandarizado la actuación forense, incrementando la fiabilidad de los resultados y la seguridad jurídica del proceso.
• Dimensión victimológica ampliada: El reconocimiento de que las víctimas de estos delitos pueden ser mujeres adultas, hombres adultos y niños, niñas y adolescentes (NNA), con perfiles y necesidades diferenciadas, exige una aproximación forense especializada y sensible al trauma que evite la victimización secundaria.
• Fenómeno de la sumisión química: La administración clandestina de sustancias psicoactivas con fines de agresión sexual —incluyendo el emergente fenómeno del needle spiking o «pinchazo» documentado desde 2022— ha generado la necesidad de protocolos específicos de actuación toxicológica forense (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses [INTCF], 2022).
• Perspectiva criminológica renovada: La investigación criminológica actual ha abandonado las clasificaciones tipológicas simplistas para adoptar modelos multifactoriales que integran variables psicopatológicas, neurobiológicas, socioculturales y situacionales en el análisis del comportamiento del agresor sexual (Barbaree y Marshall, 2006; Mann et al., 2022).

En síntesis, el médico forense, el criminólogo y todos los profesionales vinculados a la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la libertad sexual se enfrentan hoy a un campo en permanente evolución que demanda formación continuada, actualización normativa y dominio de técnicas periciales de vanguardia. El presente documento aspira a ofrecer una síntesis actualizada, rigurosa y de utilidad práctica para el ejercicio profesional en este ámbito.

II. MARCO LEGISLATIVO

II.1. Legislación española

La Ley Orgánica 10/2022 (LOGILS) y la LO 4/2023

El panorama legislativo español en materia de delitos contra la libertad sexual ha sido objeto de una transformación estructural a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -denominada comúnmente «Ley del Solo Sí es Sí»- y de su posterior reforma mediante la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril.

La reforma más trascendente introducida por la LOGILS fue la eliminación de la distinción entre «agresión sexual» y «abuso sexual», unificándolos bajo el tipo único de agresión sexual. A partir del 7 de octubre de 2022, toda conducta que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento tiene la consideración de agresión sexual, independientemente de que medie o no violencia o intimidación (Ley Orgánica 10/2022, disp. final 4.ª).

El consentimiento se configura como elemento nuclear del tipo: solo existirá consentimiento cuando este haya sido manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona (artículo 178.1 del Código Penal, en la redacción vigente). Esta definición positiva del consentimiento -«Solo Sí es Sí»- supone un giro copernicano en la concepción jurídica de estos delitos.

La Ley Orgánica 10/2022 incorporó además, de forma expresa, la sumisión química como modalidad comisiva agravada de la agresión sexual, sancionando específicamente la conducta del agresor que anula la voluntad de la víctima mediante la administración de fármacos, drogas o cualquier sustancia natural o química idónea a tal efecto (artículo 180.1.7.ª del Código Penal).

No obstante, la aplicación de la LOGILS generó controversias al producir en algunos casos la revisión a la baja de condenas ya dictadas, como consecuencia del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Para corregir estas disfunciones, la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, realizó una nueva reforma que restableció marcos penales más proporcionados, especialmente en los tipos agravados. Se prohíbe, a partir de la LO 4/2023, la aplicación de la cláusula atenuatoria del artículo 178.4 del Código Penal cuando medien violencia, intimidación o anulación de la voluntad de la víctima.

Cuadro de penas vigentes (Código Penal tras LO 4/2023)

La estructura punitiva resultante es la siguiente:

• Agresión sexual básica (art. 178.1 CP): acto que atenta contra la libertad sexual sin consentimiento, sin violencia ni intimidación → prisión de 1 a 4 años.
• Agresión sexual con violencia, intimidación o voluntad anulada (art. 178.3 CP): → prisión de 1 a 5 años.
• Violación (art. 179.1 CP): acceso carnal vaginal, anal o bucal o introducción de miembros u objetos, sin violencia ni intimidación → prisión de 4 a 12 años.
• Violación con violencia, intimidación o voluntad anulada (art. 179.2 CP): → prisión de 6 a 12 años.
• Con circunstancias agravantes del art. 180.1 CP: se incrementan las penas hasta un máximo de 15 años según concurra una o más agravantes.
• Agresión sexual a menor de 16 años (arts. 181-183 bis CP): marcos penales agravados según modalidad comisiva, con máximos de hasta 15 años.

Las circunstancias agravantes del artículo 180.1 del Código Penal incluyen: comisión conjunta por dos o más personas; violencia de extrema gravedad o actos degradantes; víctima en situación de especial vulnerabilidad por edad, enfermedad o discapacidad; relación conyugal o de análoga afectividad; prevalimiento de parentesco, convivencia o superioridad; uso de armas u objetos peligrosos; y sumisión química mediante administración de sustancias.

Otras disposiciones de la LOGILS de interés médico-forense

Desde la perspectiva de la medicina legal y la criminología, la LOGILS incorpora previsiones de singular importancia práctica. El artículo 48 garantiza la disponibilidad de personal médico forense para practicar exámenes a las víctimas sin demoras injustificadas. El artículo 48.2 habilita al personal sanitario para la recogida de muestras biológicas y evidencias cuando no sea posible la presencia inmediata de un médico forense, preservando la cadena de custodia.

La ley también establece el derecho de las víctimas a no ser sometidas a reiterados reconocimientos (artículo 49) y refuerza su estatuto procesal mediante la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito, que reconoce el derecho a ser acompañada desde el primer contacto con las autoridades (artículo 4.c).

II.2. Legislación portuguesa

El Código Penal portugués regula los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en dos secciones bien diferenciadas dentro del Título I del Libro II. La Sección I abarca los crimes contra a liberdade sexual y la Sección II los crimes contra a autodeterminação sexual.

En la Sección I destacan las siguientes figuras delictivas:

• Artigo 163.º – Coação sexual: pena de hasta 5 años de prisión por obligar a otra persona a sufrir o practicar acto sexual de relevancia; pena de 1 a 8 años si media violencia, amenazas graves o se deja a la víctima inconsciente.
• Artigo 164.º – Violação: pena de 1 a 6 años por forzar cópula, coito anal u oral o introducción de objetos; pena de 3 a 10 años con violencia o amenazas graves.
• Artigo 165.º – Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência: pena de 6 meses a 8 años.
• Artigo 167.º – Fraude sexual: pena de hasta 1 año por aprovechamiento fraudulento del error sobre identidad.
• Artigo 170.º – Importunação sexual: pena de hasta 1 año o multa por importunar con actos de carácter sexual.

La Sección II regula la protección específica de menores:

• Artigo 171.º – Abuso sexual de crianças: pena de 1 a 8 años por acto sexual de relevancia con menores de 14 años.
• Artigo 172.º – Abuso sexual de menores dependentes: pena de 1 a 8 años para víctimas entre 14 y 18 años en situaciones de especial vulnerabilidad.
• Artigo 176.º – Pornografia de menores: diversas conductas de producción, distribución o posesión de material pornográfico infantil.
• Artigo 176.º-A – Aliciamento de menores para fins sexuais (grooming): pena de hasta 2 años por captación online de menores con fines sexuales.

El Código Penal portugués prevé un sistema de agravantes aplicable cuando el agresor es ascendiente, cónyuge o pareja, cuando la víctima es menor de 14 años, o cuando el delito produce consecuencias especialmente graves, incluyendo contagio de enfermedades de transmisión sexual.

II.3. Legislación salvadoreña

El Código Penal de El Salvador, vigente desde 1998 y reformado en diversas ocasiones, regula los delitos contra la libertad sexual en el Título IV (artículos 158 a 174), estructurado en cuatro capítulos: violación y otras agresiones sexuales; estupro; otros ataques a la libertad sexual; y disposición común.

• Art. 158 – Violación: acceso carnal vaginal o anal mediante violencia, con pena de 6 a 10 años de prisión. Puede ser sujeto pasivo cualquier persona, hombre o mujer.
• Art. 159 – Violación en menor o incapaz: acceso carnal con menor de 15 años o con persona cuya voluntad esté anulada por enajenación mental, inconsciencia o incapacidad de resistir; pena de 14 a 20 años. Incluye al agente que mediante engaño coloca a la víctima en estado de inconsciencia.
• Art. 160 – Otras agresiones sexuales: actos sexuales distintos del acceso carnal vaginal o anal, con pena de 3 a 6 años; agravada a 6-10 años cuando incluya acceso bucal o introducción de objetos.
• Art. 161 – Agresión sexual en menor e incapaz: agresión sexual sin acceso carnal, con o sin violencia, sobre menor de 15 años o incapaz; pena de 8 a 12 años.
• Art. 162 – Violación y agresión sexual agravada: pena máxima aumentada hasta en un tercio por concurrir agravantes de parentesco, abuso de autoridad, víctima menor de 18 años, pluralidad de agresores, etc.
• Art. 163 – Estupro: acceso carnal mediante engaño con persona de 15 a 18 años; pena de 4 a 10 años.
• Art. 165 – Acoso sexual: conducta sexual indeseada con frases, tocamientos u otras conductas inequívocas; pena de 3 a 5 años, agravada sobre menores de 15 años a 4-8 años.
• Art. 169 – Inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos: utilización de menores de 18 años en actos sexuales, con pena de 3 a 8 años.
• Art. 170 – Determinación a la prostitución: pena de 6 a 10 años para mayores, 8 a 12 años si la víctima es menor de 18 años.

Los Decretos 210 y 457 que reformaron el Código Penal introdujeron nuevas figuras como la remuneración por actos sexuales (art. 169-A), la oferta y demanda de prostitución ajena (art. 170-A) y la trata de personas (art. 367-B y sus agravantes en el art. 367-C).

III. OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN MÉDICO-LEGAL

La valoración médico-legal en los delitos contra la libertad sexual cumple una función pericial esencial en el sistema de justicia. Como señala el Consejo Médico Forense (2021), debe conseguirse un equilibrio entre la necesidad de obtener evidencia y la atención a las necesidades de la víctima, evitando que el proceso pericial se convierta en una «segunda victimización». La Organización Mundial de la Salud recomienda que el número de exámenes físicos y entrevistas sea mínimo, e idealmente que quien brinde atención médica inicial ofrezca simultáneamente los servicios forenses.

Los objetivos específicos de la exploración médico-legal son:

• Diagnóstico de la existencia de un delito sexual: confirmar o descartar indicios que acrediten la comisión del hecho denunciado, incluyendo la presencia de lesiones genitales y extragenitales, vestigios biológicos y evidencias toxicológicas.
• Diagnóstico de las consecuencias del delito: valorar las lesiones físicas (traumatismos, desgarros, erosiones), el posible contagio de infecciones de transmisión sexual, el riesgo de embarazo y las repercusiones psicológicas y emocionales.
• Diagnóstico de las circunstancias etiológicas: determinar si mediaron violencia física, intimidación, sumisión química u otras modalidades de anulación del consentimiento, con especial atención a los signos de vulnerabilidad química (SVQ).
• Recogida de muestras para análisis genético y toxicológico: garantizar la obtención, conservación y remisión al laboratorio de todas las muestras biológicas y de interés toxicológico en condiciones que aseguren su validez probatoria.
• Identificación del posible autor: recoger todo dato o vestigio que permita la identificación del agresor, incluyendo muestras de ADN, descripción física y análisis de ropa y objetos.
• Documentación forense rigurosa: elaborar un informe pericial completo, coherente y con valor probatorio suficiente para sustentar el proceso judicial, minimizando la necesidad de reiteraciones que revictimicen a la persona afectada.

IV. SISTEMÁTICA MÉDICO-LEGAL: EXPLORACIÓN DE LA VÍCTIMA

La exploración médico-legal de la víctima de una agresión sexual debe realizarse con la mayor celeridad posible, preferiblemente en las primeras 72 horas desde el hecho, plazo a partir del cual la recuperación de evidencias biológicas disminuye significativamente (Ministerio de Sanidad, 2023; Consejo Médico Forense, 2021). Sin perjuicio de ello, en menores de edad, este plazo puede extenderse hasta los 7 días.

Con carácter previo a cualquier exploración, el médico forense deberá:

• Informar a la víctima sobre el alcance y finalidad de la exploración.
• Obtener el consentimiento informado, adaptado en el caso de menores o personas con discapacidad.
• Garantizar la presencia de un acompañante de confianza, conforme al artículo 4.c de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima.
• Inspeccionar previamente la ropa y objetos de la víctima, que deben conservarse en su estado original.
• Verificar si la víctima se ha lavado, ha orinado, ha defecado, ha comido o tomado alguna sustancia desde la agresión, ya que estos hechos condicionan la recogida de muestras.

IV.1. Víctimas adultas mujeres

La exploración de la víctima adulta femenina sigue una sistemática protocolizada que incluye las siguientes fases:

Anamnesis forense

La historia de la agresión recoge, entre otros datos: lugar, fecha y hora del evento; descripción de lo acontecido; posición exacta de víctima y agresor; número de agresores; empleo de violencia física o restricciones; retirada de ropa; existencia de penetración oral, vaginal o anal con dedos, objetos o pene; localización de la eyaculación; uso de preservativo; besos; y actuaciones realizadas por la víctima tras la agresión (aseo, micción, defecación, cambio de ropa). Esta información orienta la recogida de muestras y debe diferenciarse del interrogatorio policial (Ministerio de Sanidad, 2023).

Exploración física general

Se realiza en posición de decúbito supino y prono, y de pie, buscando sistemáticamente:

• Mordeduras, contusiones, equimosis, excoriaciones, erosiones y erosiones ungueales.
• Sugilaciones (marcas de succión) de carácter erótico.
• Lesiones de defensa en antebrazos, manos y región posterior del tronco.
• Signos de restricción física: marcas de ligaduras, erosiones por esposas, etc.
• Pelo del agresor en el vello pubiano (recuperación mediante peinado).

La clasificación TEARS (Tears/lacerations, Ecchymosis, Abrasions, Redness, Swelling) constituye una herramienta estandarizada de registro de lesiones genitales reconocida internacionalmente (Consejo Médico Forense, 2021).

Exploración ginecológica (posición ginecológica)

Con luz adecuada —idealmente colposcopio— se procede a la inspección detallada de:

• Región vulvar: labios mayores y menores, clítoris, horquilla posterior y fosa navicular.
• Himen: en vírgenes, valorar desgarros recientes (himen inflamado, enrojecido, parcialmente desgarrado). La ubicación de los desgarros se referenciará según posición horaria.
• Vagina: signos de inflamación, enrojecimiento, desgarros, sangrado residual.
• Fondo de saco posterior: zona habitual de depósito de semen.

Se tomarán muestras con hisopo de algodón de las secreciones vaginales para: análisis inmediato de espermatozoides con valoración de movilidad (permite datar aproximadamente la agresión); estudio de ADN del agresor; y lavado vaginal con 10 ml de suero fisiológico esterilizado para maximizar la recuperación de semen. Los tubos se conservarán a 4-8 ºC.

Exploración anal

Aunque no haya penetración anal referida, conviene realizar una inspección anal. Se valorará: inflamación o enrojecimiento del margen anal; desgarros o fisuras; dilatación del esfínter (su interpretación debe ser muy cuidadosa, dado que puede deberse a múltiples causas); y necesidad de radiografías o ecografías para descartar cuerpos extraños en recto.

Exploración de la región oral y cervical

Cuando exista sospecha o referencia de penetración oral, se examinará: región retroauricular y cuello (restos de semen, erosiones digitales o ungueales); cavidad oral (toma de muestra mediante torunda). Asimismo, se buscarán signos de sujeción con las manos en el cuello.

IV.2. Víctimas adultas hombres

La victimización sexual masculina está estadísticamente infradetectada e infradenunciada, lo que no debe traducirse en una asistencia forense menos rigurosa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), uno de cada 13 hombres declara haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y los hombres adultos también son víctimas de agresión sexual, aunque en menor proporción estadística y con mayor reluctancia a la denuncia (Fernández et al., 2024; PMC, 2024).

La exploración médico-forense del varón víctima de agresión sexual incluye:

Valoración general

• Inspección completa de la superficie corporal en busca de lesiones de defensa, mordeduras, erosiones y sugilaciones.
• Valoración de la capacidad de erección (cuando sea pertinente).
• Búsqueda de signos de coito: restos de fluidos femeninos en el surco balanoprepucial; células vaginales en el pene valoradas al microscopio; inflamación o edema del glande; contusiones prepuciales (equimosis, excoriaciones, mordeduras, cuerpos extraños); y rotura reciente del frenillo.

Exploración perineal y anal

• Inspección detallada del esfínter anal: inflamación, hemorragia, desgarros y dilatación.
• Toma de muestras anales si existe referencia o sospecha de penetración anal.
• Estudio radiológico o ecográfico para descartar cuerpos extraños.

Exploración oral

Cuando exista referencia de penetración bucal, se adoptará la misma sistemática que en la víctima femenina.

Valoración psíquica

La evaluación del impacto psicológico en el varón víctima requiere consideración específica, dado que los estereotipos de género condicionan frecuentemente la expresión del trauma y dificultan la revelación del abuso. El protocolo de intervención médico-forense de Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2024) establece la necesidad de una valoración psicológica sistematizada que tenga en cuenta los efectos neurofisiológicos del trauma sobre la memoria y la conducta de la víctima.

IV.3. Niños, niñas y adolescentes (NNA)

La evaluación forense de menores víctimas de agresión o abuso sexual presenta características diferenciales de máxima importancia tanto desde el plano técnico como desde el ético y legal. La revelación tardía, la dependencia emocional del agresor —frecuentemente un familiar o persona de confianza— y las estrategias disociativas desarrolladas como mecanismo adaptativo configuran un escenario pericial extraordinariamente complejo (Ciencia Forense, 2023).

Conforme a la LOGILS (artículo 48 y concordantes), el examen médico-forense del menor debe realizarse con la máxima celeridad, en el plazo de las primeras 72 horas cuando exista sospecha de agresión reciente (hasta 7 días), y con la mínima intrusividad compatible con la recogida de evidencias.

Principios rectores de la exploración de NNA

• Entrevista forense estructurada: siguiendo protocolos validados (p. ej., protocolo NICHD) a cargo de profesional especializado, para evitar contaminación del relato.
• Exploración física diferida cuando sea posible: si la agresión es histórica (más de 2 semanas) y no hay necesidades médicas urgentes, puede diferirse para planificar adecuadamente.
• Modelo Barnahus: modelo escandinavo de unidad integrada de atención a menores víctimas de abusos sexuales, paulatinamente implementado en España, que centraliza en un mismo espacio físico la atención médica, psicológica, forense y judicial, minimizando la victimización secundaria (Protocolo de Intervención Médico-Forense, Cataluña, 2024).
• Evaluación del impacto del trauma: los protocolos más actuales (Generalitat de Catalunya, 2024; Consejo Médico Forense, 2021) exigen una valoración del impacto neurobiológico del trauma sobre la memoria, el comportamiento y el desarrollo evolutivo del menor.

Hallazgos clínicos en NNA

La ausencia de hallazgos físicos no excluye la existencia de agresión sexual. Estudios internacionales estiman que entre el 70 y el 90% de los menores abusados no presentan signos físicos objetivables (Consejo Médico Forense, 2021). Entre los hallazgos que, en contexto adecuado, pueden orientar al diagnóstico, figuran:

• Genitales femeninos: desgarros himeneales en posición de entre las 3 y las 9 del reloj (sospecha de penetración), himen de borde irregular o abierto, dilatación de introito.
• Región anal: dilatación anal, fisuras radiales, cicatrices perianales, pérdida del pliegue normal del esfínter.
• Signos generales: infecciones de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, VIH) no explicadas por otra vía; herpes genital; embarazo en adolescentes.
• Indicadores psicológicos: conductas sexualizadas inapropiadas para la edad, regresión conductual, trastornos del sueño y de la alimentación, autolesiones.

Aspectos procesales específicos

La LOGILS y la LO 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia refuerzan las garantías procesales de los menores, incluyendo la preconstitución de prueba, la declaración en Cámara Gesell y la prohibición de la conciliación en delitos sexuales cometidos contra menores, salvo solicitud expresa de la víctima acompañada de la correspondiente medida educativa (art. 19 LO 5/2000, en la redacción dada por la LOGILS).

V. SUMISIÓN QUÍMICA EN LOS DELITOS SEXUALES

La sumisión química (SQ) se define como la administración deliberada de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento, con el objetivo de causar un cambio en su estado de consciencia, grado de vigilancia o capacidad de resistencia, facilitando así la comisión de un delito sexual (Ruiz Pérez et al., 2023; INTCF, 2022).

Las agresiones sexuales perpetradas mediante sumisión química presentan características forenses propias que las distinguen de otras modalidades: ausencia habitual de signos de defensa o lucha; amnesia lacunar o total de la víctima; dificultad en la datación cronológica de la agresión; y necesidad de un protocolo toxicológico específico y urgente para detectar las sustancias empleadas (Magro Servet, 2024).

V.1. Modalidades de sumisión química

Se distinguen actualmente dos modalidades principales de administración premeditada:

• Drink spiking: adición de sustancias a la bebida de la víctima. Es la modalidad tradicional y más frecuente. Las sustancias elegidas son solubles, incoloras e inodoras, y sus efectos pueden confundirse fácilmente con una intoxicación etílica (Ruiz Pérez et al., 2023).
• Needle spiking («pinchazo»): administración de sustancias mediante pinchazo con aguja hipodérmica. Este fenómeno emergió en España a partir de julio de 2022, con más de 300 casos atendidos en urgencias. Aunque la vinculación directa con sustancias incapacitantes conocidas no ha sido científicamente confirmada en todos los casos -los resultados toxicológicos han sido frecuentemente negativos-, la fenomenología clínica es compatible con SQ (Ministerio de Sanidad, Pautas básicas SNS, agosto 2022; Ruiz Pérez et al., 2023).

V.2. Sustancias más frecuentemente implicadas

Los datos del INTCF correspondientes al año 2021 (sobre 950 víctimas analizadas) revelan que el 82,5% de los casos presentaron resultados positivos a alcohol, drogas ilícitas, psicofármacos u otros medicamentos, solos o en combinación. Las sustancias más frecuentemente detectadas son (INTCF, 2022; Ben Amar, 2023 y 2024):

• Alcohol etílico: principal sustancia de sumisión química a nivel mundial, tanto por consumo voluntario abusado como por administración clandestina. Produce deterioro cognitivo, incoordinación motora, desinhibición y trastornos de memoria que facilitan la agresión sexual.
• Benzodiacepinas: especialmente el flunitrazepam (Rohypnol®), el lorazepam, el alprazolam y el clonazepam. Son depresores del sistema nervioso central con acción rápida. Producen sedación, amnesia anterógrada y reducción de la capacidad de resistencia. Actualmente se comercializan en España doce benzodiacepinas diferentes.
• Gammahidroxibutirato (GHB): potente depresor del SNC de acción muy rápida, eliminación también rápida (ventana toxicológica de apenas 8-12 horas), soluble en líquidos, con ligero sabor salado fácilmente enmascarable. Es una de las denominadas «drogas de violación» por excelencia.
• Ketamina: anestésico disociativo que altera la memoria declarativa y puede producir estados de confusión intensa. La intoxicación aguda puede durar desde 15 minutos hasta varias horas según la dosis y vía de administración (Ben Amar, 2024).
• Escopolamina (burundanga): anticolinérgico con efectos incapacitantes y amnésicos muy pronunciados. Más frecuente en determinadas regiones de Latinoamérica.
• Drogas ilícitas (cocaína, cannabis, anfetaminas): aunque no son los agentes de elección, se han detectado en una proporción significativa de casos, a veces en combinación con otras sustancias.

V.3. Perfil epidemiológico de las víctimas de sumisión química

Según los datos del INTCF (2022), el análisis de las 950 víctimas analizadas en 2021 revela:

• Distribución por sexo: clara predominancia femenina (la SQ afecta a mujeres y hombres en una proporción aproximada de 20 a 1 según Isorna Folgar et al., 2023).
• Distribución por edad: el 23,5% son menores de edad (224 casos); el 56,4% pertenecen al grupo de adultos jóvenes menores de 35 años; el 11,7% tienen entre 35 y 44 años; y el 7,6% son mayores de 44 años.
• Lugar de los hechos: predominio de contextos de ocio nocturno (bares, discotecas, fiestas).

V.4. Sumisión química y Código Penal vigente

Conforme al artículo 180.1.7.ª del Código Penal (en la redacción dada por la LO 10/2022 y mantenida por la LO 4/2023), la agresión sexual cometida mediante la anulación de la voluntad de la víctima por administración de fármacos, drogas o cualquier sustancia natural o química idónea a tal efecto constituye una circunstancia agravante específica que incrementa las penas aplicables. Esta previsión legal obliga al médico forense a aplicar un protocolo toxicológico completo ante toda sospecha de SVQ, incluso cuando la víctima no refiera expresamente haber sido drogada.

VI. TOMA DE MUESTRAS: ANÁLISIS GENÉTICO Y TOXICOLÓGICO

La recogida de muestras biológicas y toxicológicas es uno de los actos periciales de mayor trascendencia en la investigación de los delitos sexuales. Su calidad determina en gran medida la viabilidad del análisis de ADN y la detección de sustancias incapacitantes, siendo elementos de prueba fundamentales en el proceso penal.

VI.1. Muestras para estudio genético (ADN)

El Kit de Agresión Sexual (KAS) desarrollado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) y distribuido por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de toda España es el instrumento estandarizado para la recogida de evidencias biológicas (Ministerio de Justicia, 2023).

Las muestras biológicas de interés genético-forense son:

• Hisopados vaginales (2 tomas): para búsqueda de espermatozoides y análisis de ADN del agresor. El estudio de movilidad espermática permite una datación aproximada de la agresión. Los tubos se conservarán a 4-8 ºC.
• Lavado vaginal (10 ml de suero fisiológico estéril): maximiza la recuperación de material genético.
• Hisopado anal: indicado cuando exista referencia o sospecha de penetración anal.
• Hisopado bucal y faringe posterior: ante sospecha de penetración oral.
• Hisopados de cuello y regiones retroauriculares: cuando existan indicios de contacto oral del agresor.
• Muestra indubitada de la víctima (sangre o saliva): imprescindible para la comparación genética.
• Pelos con bulbo (del agresor encontrados en la víctima): para cotejo macroscópico o genético.
• Raspado y recorte de uñas: si la víctima ha arañado al agresor, pueden recuperarse células epiteliales.
• Ropa de la víctima: conservada en bolsa de papel (nunca de plástico) para análisis de manchas de semen, sangre y otros fluidos.

La Guía de recomendaciones de actuación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con las muestras biológicas y evidencias en el contexto de la LOGILS (2024) establece la temperatura y los plazos de conservación para cada tipo de muestra, así como los criterios para su remisión al laboratorio. Es imprescindible mantener la cadena de custodia en todo momento.

VI.2. Muestras para estudio toxicológico

Ante toda sospecha de sumisión y/o vulnerabilidad química (SSVQ), el protocolo toxicológico debe iniciarse con la máxima urgencia, dado que las sustancias implicadas tienen ventanas de detección muy cortas (8-12 horas para el GHB, hasta 72 horas para benzodiacepinas en orina).

El INTCF ha desarrollado el Kit para la recogida de muestras para análisis toxicológicos en delitos facilitados por sustancias psicoactivas, del que en 2023 se distribuyeron 2.000 unidades a los IMLCF de toda España (Ministerio de Justicia, 15 de septiembre de 2023). Las muestras prioritarias son:

• Sangre venosa periférica: se obtendrá en el plazo de las primeras 48 horas desde la presunta agresión. Se remitirá sangre en dos tubos de 5 ml debidamente etiquetados: preferiblemente uno con conservante (fluoruro sódico) y oxalato potásico como anticoagulante, y otro con EDTA. Se conservará y enviará en condiciones de refrigeración (2-8 ºC).
• Orina: es la muestra de elección para la detección de metabolitos. Se obtendrá siempre que no se superen los 5 días desde la presunta agresión. Se remitirá al laboratorio la mayor cantidad posible, en un frasco debidamente etiquetado, refrigerada. Si el análisis se demora más de 24 horas, es preferible congelarla.
• Cabello: permite detectar sustancias en ventanas temporales más amplias (semanas o meses). Se cortan mechones de al menos 3 cm de longitud a nivel de la raíz, indicando la dirección proximal-distal, y se empaquetan en papel de aluminio.

Es fundamental recoger ambas muestras (sangre y orina) de manera simultánea y en el menor tiempo posible desde la agresión. La documentación detallada de la sintomatología referida y su curso temporal es esencial para la interpretación forense de los resultados.

VI.3. Cadena de custodia

La cadena de custodia es el mecanismo procesal que garantiza la integridad e identidad de las muestras desde su recogida hasta su análisis en el laboratorio y la presentación de resultados en juicio. Su ruptura puede determinar la nulidad de la prueba pericial. Los principios esenciales son:

• Etiquetado individualizado de cada muestra con datos de la víctima, fecha, hora, localización anatómica, y firma del profesional que la recogió.
• Documentación continua de todos los traslados, refrigeraciones y manipulaciones.
• Embalaje seguro e inviolable: las muestras sólidas en bolsas de papel (nunca plástico) y las líquidas en tubos correctamente sellados.
• Formulario específico de cadena de custodia que acompañe a las muestras en todo momento.
• Consentimiento informado del agresor para la inclusión de su perfil genético en las bases de ADN, conforme a la normativa vigente (Consejo Médico Forense, 2021).

VII. TIPOLOGÍA DEL AGRESOR SEXUAL

La clasificación tipológica de los agresores sexuales ha evolucionado desde los modelos iniciales basados en motivaciones dominantes (agresión, sexo, sadismo) hacia enfoques más complejos que integran variables psicopatológicas, neurobiológicas y situacionales (Mann, Hanson y Hollin, 2010; Barbaree y Marshall, 2006). A continuación se expone la tipología clásica de Cohen y Prentky, adaptada a la comprensión contemporánea:

• Violador por desplazamiento: utiliza la agresión sexual como expresión desplazada de hostilidad hacia las mujeres, motivada por conflictos relacionales no resueltos. Tiene dificultades para establecer relaciones íntimas normalizadas. El componente agresivo supera al sexual.
• Violador compensatorio: su conducta responde a una incapacidad para satisfacer su libido por cauces socialmente aceptables. Suele ser tímido, inmaduro e inseguro. La agresión sexual representa para él una «compensación» a su percepción de fracaso e inadecuación sexual.
• Violador narcisista: el acto sexual es para él una sublimación del ego mientras humilla a la víctima. Busca la dominación y el control. Es egocéntrico y generalmente no siente remordimiento.
• Violador sádico (por disfunción): es el perfil más peligroso. Su excitación sexual depende directamente del sufrimiento y el terror provocados en la víctima. La violencia y la agresión son para él componentes indisociables del acto sexual. Es muy difícilmente tratable y presenta tasas de reincidencia elevadas.
• Violador impulsivo: carece de planificación previa. Actúa por impulso, aprovechando oportunidades situacionales. Puede presentar trastorno antisocial de la personalidad, consumo de alcohol u otras drogas, o un déficit significativo de control de impulsos.

La criminología contemporánea ha enriquecido estos modelos con la incorporación de factores de riesgo estáticos (antecedentes delictivos, tipología de víctimas) y dinámicos (actitudes proclives a la violación, distorsiones cognitivas, dificultades de autorregulación emocional) que permiten una valoración del riesgo de reincidencia más precisa (Mann et al., 2022).

VIII. MODUS OPERANDI EN LOS DELITOS SEXUALES

El modus operandi del agresor sexual es el conjunto de conductas características y sistemáticas que este utiliza en la comisión del delito. Su estudio resulta fundamental para la investigación criminal, la vinculación de casos en serie y la elaboración del perfil criminológico del agresor.

La investigación empírica ha identificado los siguientes patrones generales:

• Selección de la víctima: los agresores conocidos (pareja, familiar, compañero de trabajo) suponen la mayoría de los casos documentados. Según estimaciones de la OMS (2022), el 80% de las víctimas conocen a su agresor. Los agresores desconocidos seleccionan víctimas en situación de vulnerabilidad: mujeres solas en entornos de ocio nocturno, personas que se desplazan en transportes públicos o solitarios, o personas bajo los efectos del alcohol.
• Entorno situacional: el domicilio particular es el escenario más frecuente de la agresión sexual, especialmente en los casos de violencia sexual intrafamiliar y entre conocidos. En agresiones por desconocidos, destacan los entornos de ocio nocturno y los espacios públicos poco concurridos.
• Modalidades de acceso: en el caso de los agresores conocidos, el acceso se produce aprovechando la confianza y la relación preexistente. Los agresores desconocidos pueden utilizar pretextos (falsos servicios de empresa, interés por anuncios de alquiler), sustancias incapacitantes, o violencia directa.
• Modus operandi en agresiones en serie: cuando un agresor comete múltiples delitos, desarrolla un patrón relativamente estable en cuanto a tipo de víctima, localización, horario, método de aproximación y conductas durante y después del delito. El análisis de estas similitudes permite la vinculación de casos por parte de los cuerpos de seguridad.
• Tecnología e internet: el grooming —captación online de menores con fines sexuales— se ha convertido en una modalidad de particular preocupación, reconocida expresamente por la legislación portuguesa (art. 176.º-A CP) y por la normativa de la Unión Europea.

IX. CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE LAS VÍCTIMAS

La violencia sexual tiene consecuencias profundas y multidimensionales para la salud de las víctimas, tanto a corto como a largo plazo. Su reconocimiento y abordaje integral constituyen una obligación asistencial y un imperativo ético (OMS y UNODC, 2015; PMC, 2024).

IX.1. Consecuencias físicas inmediatas

• Lesiones genitales y anales: desgarros, equimosis, erosiones, inflamación local.
• Lesiones extragenitales: traumatismos, mordeduras, lesiones de defensa.
• Infecciones de transmisión sexual (ITS): gonorrea, sífilis, herpes genital, virus del papiloma humano (VPH), hepatitis B y C, VIH. El riesgo de contagio varía según el tipo de acto y el estado serológico del agresor.
• Embarazo no deseado: en las agresiones con penetración vaginal y eyaculación. La anticoncepción de emergencia (dentro de las 72 horas) y la interrupción voluntaria del embarazo forman parte del protocolo asistencial integral.

IX.2. Consecuencias psicológicas

El impacto psicológico de la violencia sexual es frecuentemente más duradero que el daño físico. Entre las consecuencias más documentadas figuran (Stockman et al., 2023; PMC, 2024):

• Trastorno de estrés postraumático (TEPT): es la secuela psicológica más prevalente. Se caracteriza por reexperimentación del trauma, evitación, hiperactivación y alteraciones cognitivas y del estado de ánimo.
• Depresión mayor y ansiedad generalizada.
• Disfunciones sexuales y dificultades en la esfera relacional e íntima.
• Abuso de alcohol y otras sustancias como mecanismo de afrontamiento.
• Conductas autolesivas e ideación suicida.
• En NNA: conductas sexualizadas inapropiadas, regresión evolutiva, alteraciones del sueño y la alimentación, bajo rendimiento escolar.

IX.3. Consecuencias sociales y laborales

La LOGILS reconoce el impacto social y laboral de la violencia sexual, estableciendo medidas de apoyo como la suspensión del contrato de trabajo, la movilidad geográfica y una bonificación del 100% de las cuotas empresariales para las empresas que sustituyan a trabajadoras víctimas (arts. 33 y 38 de la LO 10/2022). Entre las consecuencias sociales documentadas destacan el absentismo laboral, el abandono del domicilio habitual, el aislamiento social y familiar y las dificultades para establecer relaciones íntimas posteriores (Protocolo Andaluz de Agresiones Sexuales, 2024).

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barbaree, H. E., y Marshall, W. L. (2006). The Juvenile Sex Offender (2.ª ed.). Guilford Press.

Ben Amar, M. (2023). Les agressions sexuelles et les drogues de vol et de viol. Wilson & Lafleur.

Ben Amar, M. (2024). Drogues, Savoir Plus, Risquer Moins (9.ª ed.). Wilson & Lafleur.

Burillo Putze, S., y Fernández Alonso, C. (2023). Sumisión química en urgencias: Conocimiento, barreras y retos para los profesionales. Revista de Urgencias y Emergencias.

Consejo Médico Forense. (2021). Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia. https://cpage.mpr.gob.es/producto/protocolo-de-actuacion-medico-forense-ante-la-violencia-sexual-en-los-institutos-de-medicina-legal-y-ciencias-forenses/

Fernández, C., Rey, M., y Salvador, L. (2024). Violencia sexual y su abordaje en el sistema de salud [actualización]. Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2023.102887. PMC: PMC11583887.

Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. (2024). Protocolo de intervención médico-forense en víctimas de violencias sexuales (julio 2024). https://repositori.justicia.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14226/1816/

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). (2022). Hallazgos toxicológicos en agresiones sexuales con sospecha de sumisión química. Memoria 2021. Ministerio de Justicia. https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/InstListDownload/HallazgosToxicologicosEnAgresionesSexualesConSospechaDeSumisionQuimica_Definitivo.pdf

Isorna Folgar, M., Benéytez Sillero, M. D., y Villanueva Blasco, V. J. (2023). Sumisión química. Prevalencia, sustancias y perfiles de víctimas y agresores. Adicciones.

Magro Servet, V. (2024). Alcohol, drogas, sumisión química y violencia sexual ante las últimas reformas legales. Un peligro real para las víctimas mujeres. CEFLegal. Revista práctica de derecho, (286), 101–120. https://doi.org/10.51302/ceflegal.2024.23569

Mann, R. E., Hanson, R. K., y Hollin, C. R. (2010). Identifying Psychologically Meaningful Risk Factors for Sexual Offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(2), 191–217.

Mann, R. E., et al. (2022). Pathways to sexual offending: evidence-based approaches. Sexual Abuse.

Ministerio del Interior. (2023). Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España 2022. https://www.interior.gob.es/opencms/es/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/seguridad/

Ministerio de Justicia. (2023, 15 de septiembre). Justicia distribuye la segunda remesa de 1.000 kits de toma de muestras para análisis toxicológico en casos de sospecha de sumisión química [Nota de prensa]. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/justicia/Paginas/2023/150923-analisis-sumision-quimica.aspx

Ministerio de Sanidad. (2022, agosto). Pautas básicas comunes del SNS para la actuación ante casos de agresión a mujeres por objeto punzante («pinchazo») en contextos de ocio. Ministerio de Sanidad.

Ministerio de Sanidad. (2023). Guía de pautas básicas comunes del SNS para la actuación sanitaria ante violencia sexual. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/GUIA_PAUTAS_BASICAS-SNS_VSEXUAL_07-03-2023_web.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Understanding and addressing violence against women: sexual violence. WHO/RHR/12.37. Ginebra: OMS.

Ruiz Pérez, I., Pastor Moreno, G., y Agüera Urbano, C. (2023). Abordaje integral de víctimas de sumisión química y/o agresión por objeto punzante. Consejería de Salud y Consumo, Junta de Andalucía. https://www.corazonessinmiedo.es/wp-content/uploads/2023/07/Protocolo_SQ_2023.pdf

Salas Murillo, S., y González Jiménez, A. (2016). Valoración médico-legal de víctimas de delitos sexuales. Medicina Legal de Costa Rica, 33(1), 126–136. https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v33n1/2215-5287-mlcr-33-01-00126.pdf

Stockman, J. K., et al. (2023). An ecological approach to understanding the impact of sexual violence: a systematic meta-review. Frontiers in Psychology, 14, 1032408. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1032408

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Boletín Oficial del Estado, núm. 215, de 7 de septiembre de 2022. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630

Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000. Boletín Oficial del Estado, núm. 101, de 28 de abril de 2023. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-10213

Organización Mundial de la Salud y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2015). Strengthening the medico-legal response to sexual violence. WHO/RHR/15.24. Ginebra: OMS.

Autor: Mercedes Álvarez Seguí

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