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Un estudio llevado a cabo por profesionales del IMLCF de Valencia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, publicado en la revista científica Actum Forense, analiza cómo se reconoce, se valora y se cuantifica el daño moral de las víctimas de agresión sexual en España, a partir de la doctrina, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo y la práctica médico-forense.
Redacción – Reseñas
Quien reclama una indemnización tiene que demostrar el daño que ha sufrido. Es una regla básica de la responsabilidad civil, y en los delitos de agresión sexual se aplica de otra manera. El Tribunal Supremo considera que el daño moral de la víctima se deduce de la propia naturaleza del hecho, sin necesidad de prueba específica sobre su padecimiento. Es lo que la jurisprudencia llama daño in re ipsa, y la falta de secuelas psíquicas acreditadas no impide reconocerlo ni indemnizarlo.
Reconocer el daño, sin embargo, es solo el primer paso. Queda decidir cuánto vale, cómo se razona esa cifra y qué papel tiene la pericial forense en un perjuicio que no siempre se traduce en un diagnóstico. A esas preguntas dedica su trabajo el artículo que reseñamos, publicado en la revista científica Actum Forense.
«Valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual en España: doctrina, jurisprudencia y práctica forense» lo firman María del Carmen Ferrer Gómez, Médico Forense, Criminóloga y Jefa del Servicio de Clínica; Ainhoa Hinarejos Olcina, médico interno residente, y Begoña García Sancho, Médico Forense y Jefa de Sección de Policlínica y Especialidades, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, junto con Beatriz Fernández Mata, Médico Forense del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es una revisión teórico-doctrinal que cruza la normativa vigente, seis sentencias recientes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la doctrina especializada y los protocolos clínico-forenses, y se publicó en acceso abierto el 24 de septiembre de 2026 (Ferrer Gómez et al., 2026).
Un concepto sin definición legal
El ordenamiento español no define el daño moral. El artículo 1902 del Código Civil obliga a reparar el daño causado sin delimitar esta categoría, y su contenido se ha ido construyendo a golpe de jurisprudencia y de legislación especial. Durante mucho tiempo predominó una concepción negativa, que lo definía por exclusión como el perjuicio que no es patrimonial. La doctrina del pretium doloris lo identifica con el sufrimiento injustamente causado, aunque se le reprocha dejar fuera otras dimensiones, como el menoscabo de la dignidad o de la integridad moral.
Los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil tampoco ofrecen una definición cerrada del daño no patrimonial, y subrayan que su indemnización es compensatoria y no punitiva (European Group on Tort Law, 2005). La referencia más elaborada está en la legislación de tráfico: el sistema de valoración de la Ley 35/2015, modificado por la Ley 5/2025, reconoce el daño moral ordinario inherente a las secuelas, daños morales complementarios a partir de ciertos umbrales y un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida graduado de leve a muy grave.
Lo que dice el Tribunal Supremo
El núcleo del artículo es el análisis de la jurisprudencia de la Sala de lo Penal. En las agresiones sexuales, el daño moral no necesita concretarse en alteraciones patológicas o psicológicas, y basta una evaluación global del perjuicio derivado del hecho. Puede nacer de la significación que el delito tiene para la víctima y del esfuerzo de integrarlo en su experiencia vital. Como recuerda la propia jurisprudencia, «el denominado precio del dolor, el sufrimiento, el pesar o la amargura están ahí en la realidad sin necesidad de ser acreditados» (STS 25/2022, de 14 de enero).
Cuando no hay alteraciones médicamente apreciables, la cuantía se mide por la gravedad objetiva de la acción, su repulsa social, la importancia del bien jurídico protegido y las circunstancias de la víctima, como la edad o una especial vulnerabilidad. La pretensión tiene, además, sus propios requisitos: explicar la causa de la indemnización, no conceder más de lo que pide la acusación y moderar la discrecionalidad del tribunal con un criterio de razonabilidad (STS 693/2024, de 27 de junio).
Como regla, la cuantía no se revisa en casación, porque corresponde a los tribunales de instancia. El artículo repasa las excepciones consolidadas: que se supere lo pedido, que las bases estén mal fijadas o no casen con la cantidad, que la cifra se aparte mucho de la de supuestos análogos o que resulte arbitraria o desproporcionada. Es lo que ocurrió en la STS 428/2025, de 13 de mayo, que elevó de 10.000 a 50.000 euros la indemnización a una joven de 17 años con una discapacidad del 50 %, víctima de su tío materno, porque la cantidad inicial no guardaba proporción con la gravedad de los hechos ni con las secuelas acreditadas.
Los autores resumen en una tabla los parámetros que pesan en la cuantificación: la edad de la víctima, la duración de las agresiones, su frecuencia y escalada, su naturaleza, la violencia o intimidación, el lugar de los hechos, las secuelas psíquicas objetivadas y la impronta psicológica de lo vivido, que en los menores incide en la formación de la personalidad.
Daño moral, daño psicológico y secuelas
Otra aportación del trabajo es separar tres conceptos que en la práctica se confunden a menudo. El daño moral es el sufrimiento, el pesar y la amargura derivados del hecho, sin que tengan que concretarse en una patología. El daño psicológico remite a cuadros clínicos identificables, como el trastorno de estrés postraumático, la depresión mayor o los trastornos de ansiedad. Las secuelas psíquicas son lo que queda de forma estable cuando pasa la fase aguda. La doctrina distingue el daño moral del daño psicológico o psíquico, de naturaleza clínica y objetivable (Domínguez Martínez, 2024), y los autores recuerdan que las secuelas psíquicas implican siempre daño moral.
La distinción tiene consecuencias en el día a día de los juzgados, que piden periciales con denominaciones muy diversas: valoración de secuelas psíquicas, daños y secuelas de orden psíquico, repercusión psicológica en menores. Para los autores, todas apuntan en esencia al mismo objeto, y la determinación formal del daño moral corresponde siempre al juez, que puede reconocerlo aunque no haya una pericial específica.
El baremo de tráfico como referencia
El baremo de tráfico no es obligatorio en las agresiones sexuales, pero el personal médico forense lo usa a menudo como referencia orientativa, porque persigue la reparación íntegra del daño personal y hay mucha experiencia en su manejo. La Ley 5/2025 ha cambiado su apartado de psiquiatría: amplía las horquillas de puntuación, añade una categoría de síntomas residuales y exige, para el trastorno de estrés postraumático, diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuado por un especialista en psiquiatría.
Ese requisito puede ser difícil de cumplir para las víctimas que no han llegado al sistema sanitario o lo han hecho tarde, y el artículo advierte que eso no debe traducirse en un daño moral menor, porque este tiene autonomía respecto de las secuelas clínicamente objetivadas.
El riesgo de medicalizar el sufrimiento
De ahí la advertencia más interesante del trabajo. Identificar el sufrimiento jurídicamente relevante con categorías clínicas, lo que los autores llaman «psiquiatrización» o «medicalización» del daño moral, puede dejar sin protección a las víctimas cuyo padecimiento no encaja en un diagnóstico, aunque sea igual de real. La pericial forense debe informar sobre el estado psicológico de la víctima sin sustituir al juez en la determinación del daño. Tampoco la neurociencia resuelve la cuestión: explicar el daño moral en términos exclusivamente biológicos sería, para los autores, un reduccionismo que sobrevaloraría la prueba científica.
El trabajo cierra con una recomendación práctica. El protocolo de la Generalitat Valenciana para la atención a víctimas de agresiones sexuales pide obtener solo la información mínima sobre los hechos en el primer contacto con menores de 16 años y desaconseja entrevistar a los menores de 3 (Generalitat Valenciana, 2023). Una buena atención inicial preserva la calidad de la prueba pericial y, con ella, la reparación que la víctima acabará recibiendo.
Lo que aporta, y a quién
Es una revisión teórico-doctrinal, sin trabajo de campo propio, y su análisis jurisprudencial se centra en un número reducido de sentencias recientes. Su valor está en reunir en un mismo texto la mirada jurídica y la médico-forense sobre una cuestión que suele tratarse por separado, y en ofrecer criterios claros para graduar y cuantificar un daño que, por definición, se resiste a ponerse en cifras.
Recomendamos su lectura a médicos forenses, psicólogos y psiquiatras que elaboran periciales, jueces, fiscales, abogados y criminólogos, y a cualquier profesional que intervenga en la atención o la reparación de las víctimas de violencia sexual.
Ficha del artículo
Título: Valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual en España: doctrina, jurisprudencia y práctica forense.
Autoras: María del Carmen Ferrer Gómez, Ainhoa Hinarejos Olcina y Begoña García Sancho (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia) y Beatriz Fernández Mata (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).
Revista: Actum Forense, vol. 2, núm. 1 (2026), págs. 1-16. ISSN 3101-4631.
Tipo de trabajo: revisión teórico-doctrinal.
Publicación: 24 de septiembre de 2026, en acceso abierto con licencia CC BY-NC-ND 4.0.
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.24
How Do We Prove Suffering? Assessing Non-Physical Harm in Victims of Sexual Assault
Review of a study by professionals at the IMLCF in Valencia and the National Institute of Toxicology and Forensic Sciences on how the moral damage suffered by victims of sexual assault is recognised, assessed and quantified in Spain, drawing on legal scholarship, recent Supreme Court case law and forensic medical practice.
Editorial team – Reviews
Anyone claiming compensation must prove the harm they have suffered. It is a basic rule of civil liability, and in sexual assault cases it works differently. The Spanish Supreme Court holds that the victim’s moral damage follows from the very nature of the offence, with no need for specific proof of their suffering. Case law calls this damage in re ipsa, and the absence of proven psychological sequelae does not prevent it from being recognised and compensated.
Recognising the damage, however, is only the first step. It remains to decide what it is worth, how that figure is reasoned and what role forensic expert evidence plays in a harm that does not always translate into a diagnosis. These are the questions addressed by the article reviewed here, published in the scientific journal Actum Forense.
“Valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual en España: doctrina, jurisprudencia y práctica forense” (Assessing moral damage in victims of sexual assault in Spain: legal scholarship, case law and forensic practice) is signed by María del Carmen Ferrer Gómez, forensic physician, criminologist and Head of the Clinical Service; Ainhoa Hinarejos Olcina, resident physician; and Begoña García Sancho, forensic physician and Head of the Polyclinic and Specialties Section, all at the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia, together with Beatriz Fernández Mata, forensic physician at the Toxicological Information Service of the National Institute of Toxicology and Forensic Sciences. It is a theoretical and doctrinal review that brings together current legislation, six recent judgments of the Criminal Chamber of the Supreme Court, specialised legal scholarship and clinical forensic protocols, and it was published in open access on 24 September 2026 (Ferrer Gómez et al., 2026).
A concept with no legal definition
Spanish law does not define moral damage. Article 1902 of the Civil Code requires compensation for harm caused without delimiting this category, and its content has been built up case by case and through special legislation. For a long time a negative conception prevailed, defining it by exclusion as any harm that is not financial. The pretium doloris doctrine equates it with unjustly inflicted suffering, although it is criticised for leaving out other dimensions, such as the impairment of dignity or moral integrity.
The Principles of European Tort Law do not offer a closed definition of non-pecuniary damage either, and they stress that its compensation is compensatory, never punitive (European Group on Tort Law, 2005). The most developed reference is found in road traffic legislation: the assessment system of Law 35/2015, amended by Law 5/2025, recognises the ordinary moral damage inherent in sequelae, additional moral damages above certain thresholds and moral harm from loss of quality of life, graded from mild to very severe.
What the Supreme Court says
The core of the article is its analysis of the case law of the Criminal Chamber. In sexual assault cases, moral damage need not take the form of pathological or psychological alterations, and an overall assessment of the harm caused by the offence is enough. It may arise from the meaning the offence has for the victim and from the effort of integrating it into their life experience. As the case law itself puts it, “the so-called price of pain, suffering, grief or bitterness are there in reality without needing to be proven” (Supreme Court Judgment 25/2022, of 14 January).
Where there are no medically detectable alterations, the amount is measured by the objective seriousness of the act, its social condemnation, the importance of the protected legal interest and the victim’s circumstances, such as age or particular vulnerability. The claim also has its own requirements: stating the grounds for compensation, not awarding more than the prosecution requests and tempering the court’s discretion with a standard of reasonableness (Supreme Court Judgment 693/2024, of 27 June).
As a rule, the amount is not reviewed on cassation, because it falls to the trial courts. The article reviews the established exceptions: when the amount exceeds what was requested, when its bases are wrongly set or do not match the figure, when it departs significantly from similar cases or when it is arbitrary or disproportionate. That is what happened in Judgment 428/2025, of 13 May, which raised from 10,000 to 50,000 euros the compensation awarded to a 17-year-old with a 50% disability, abused by her maternal uncle, because the initial amount bore no relation to the seriousness of the facts or to the proven sequelae.
The authors summarise in a table the parameters that weigh in quantification: the victim’s age, the duration of the assaults, their frequency and escalation, their nature, the use of violence or intimidation, the place where they occurred, objectively established psychological sequelae and the psychological imprint of the experience, which in minors affects the development of their personality.
Moral damage, psychological damage and sequelae
Another contribution of the paper is to separate three concepts that are often confused in practice. Moral damage is the suffering, grief and bitterness arising from the offence, without needing to take the form of a pathology. Psychological damage refers to identifiable clinical conditions, such as post-traumatic stress disorder, major depression or anxiety disorders. Psychological sequelae are what remains in a stable form once the acute phase has passed. Legal scholarship distinguishes moral damage from psychological or psychiatric damage, which is clinical and objectifiable (Domínguez Martínez, 2024), and the authors point out that psychological sequelae always entail moral damage.
The distinction matters in the daily work of the courts, which request expert reports under very different names: assessment of psychological sequelae, psychological damage and sequelae, psychological impact on minors. For the authors, all of them essentially refer to the same object, and the formal determination of moral damage always lies with the judge, who may recognise it even without a specific expert report.
The road traffic scale as a reference
The road traffic compensation scale is not mandatory in sexual assault cases, but forensic physicians often use it as a guideline, because it pursues full compensation for personal injury and there is wide experience in applying it. Law 5/2025 has changed its psychiatry section: it widens the scoring ranges, adds a category of residual symptoms and, for post-traumatic stress disorder, requires diagnosis, treatment and ongoing follow-up by a psychiatrist.
That requirement may be hard to meet for victims who have not reached the health system or did so late, and the article warns that this should not lead to lower recognised moral damage, because moral damage is independent of clinically established sequelae.
The risk of medicalising suffering
Hence the most interesting warning in the paper. Equating legally relevant suffering with clinical categories, what the authors call the “psychiatrisation” or “medicalisation” of moral damage, may leave unprotected those victims whose suffering does not fit a diagnosis, even though it is just as real. Forensic expert evidence should report on the victim’s psychological state without replacing the judge in determining the damage. Neuroscience does not settle the matter either: for the authors, explaining moral damage in purely biological terms would be a reductionism that overrates scientific evidence.
The paper closes with a practical recommendation. The Valencian regional government’s protocol for the care of victims of sexual assault calls for obtaining only the minimum information about the facts at first contact with children under 16 and advises against interviewing children under 3 (Generalitat Valenciana, 2023). Good initial care preserves the quality of the expert evidence and, with it, the redress the victim will eventually receive.
What it offers, and to whom
It is a theoretical and doctrinal review, without fieldwork of its own, and its analysis of case law focuses on a small number of recent judgments. Its value lies in bringing together the legal and the forensic medical perspectives on an issue usually dealt with separately, and in offering clear criteria for grading and quantifying a harm that, by definition, resists being put into figures.
We recommend it to forensic physicians, psychologists and psychiatrists who prepare expert reports, judges, prosecutors, lawyers and criminologists, and to any professional involved in the care or redress of victims of sexual violence.
About the article
Title: Valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual en España: doctrina, jurisprudencia y práctica forense.
Authors: María del Carmen Ferrer Gómez, Ainhoa Hinarejos Olcina and Begoña García Sancho (Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia) and Beatriz Fernández Mata (National Institute of Toxicology and Forensic Sciences).
Journal: Actum Forense, vol. 2, no. 1 (2026), pp. 1-16. ISSN 3101-4631.
Type of study: theoretical and doctrinal review.
Published: 24 September 2026, open access under a CC BY-NC-ND 4.0 licence.
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.24
Bibliografía / References
Domínguez Martínez, M. P. (2024). Criterios de cuantificación del daño moral al margen del baremo circulatorio en el caso de delitos dolosos: delito de odio por pertenencia a una nación. Revista CESCO de Derecho de Consumo, (52), 127–154. https://doi.org/10.18239/RCDC_2024.52.3608
European Group on Tort Law. (2005). Principles of European Tort Law: Text and commentary. Springer. https://doi.org/10.1007/3-211-27751-X
Ferrer Gómez, M. C., Hinarejos Olcina, A., García Sancho, B., & Fernández Mata, B. (2026). Valoración del daño moral en víctimas de agresión sexual en España: doctrina, jurisprudencia y práctica forense. Actum Forense, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.24
Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat. (2023). Protocolo de atención integral, sanitaria y judicial, a víctimas de agresiones sexuales (2.ª ed. rev.). https://www.san.gva.es/documents/d/unidad-de-igualdad/protocolo-de-agresiones-sexuales_2023_es
Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Boletín Oficial del Estado, 178, 25 de julio de 2025. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-15424
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Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª). (2024, 27 de junio). Sentencia núm. 693/2024 (Rec. 2382/2022). ECLI:ES:TS:2024:3740.
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1.ª). (2025, 13 de mayo). Sentencia núm. 428/2025 (Rec. 7219/2022). ECLI:ES:TS:2025:2012.
Créditos de las imágenes / Image credits
Imagen de portada / Cover image: Actum Forense Press.
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