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Lo que el formulario no pregunta: dos años de reconocimientos médico-forenses a personas detenidas en Valencia
Un estudio del IMLCF de Valencia, publicado en la revista científica Actum Forense, revisa más de 2.200 asistencias a personas detenidas y encuentra una sola alegación de tortura. Sus autoras proponen cambiar el registro para que los malos tratos no se escapen de la estadística.
Una persona detenida puede ser reconocida por un médico forense por motivos muy distintos, desde valorar una lesión hasta determinar su edad. Lo que ese médico anote, y sobre todo lo que el formulario le permita anotar, termina convertido en estadística. De esa idea tan sencilla parte el trabajo que reseñamos, publicado en la revista científica Actum Forense.
El artículo, «Medicina Forense de los Derechos Humanos: Estudio de los motivos de asistencia a personas detenidas en la práctica médico forense», lo firman María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina y Sonia Martín Alonso, médicas internas residentes de Medicina Legal y Forense; Begoña García Sancho, Médico Forense y Jefa de Sección de Policlínica y Especialidades, y María del Carmen Ferrer Gómez, Médico Forense, Criminóloga y Jefa del Servicio de Clínica, todas ellas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Se publicó en acceso abierto el 15 de septiembre de 2026.
Un protocolo nuevo para una obligación antigua
La actuación médico-forense con las personas detenidas se rige en España por el Real Decreto 650/2023, de 18 de julio, que aprobó el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida y derogó la Orden de 16 de septiembre de 1997. El texto anterior había quedado desfasado frente a los estándares internacionales de derechos humanos y frente a la realidad técnica y social de los institutos de medicina legal, y el nuevo presta además especial atención a las personas detenidas en régimen de incomunicación, por la mayor vulnerabilidad que puede generar esa situación.
El protocolo ordena la intervención en dos fases. Primero se recogen los datos que sitúan el caso, entre ellos el motivo de consulta, que puede ser la asistencia médica o una pericial: evaluación de lesiones, evaluación psiquiátrica, toma de muestras, valoración de una alegación de tortura o trato inhumano o degradante, determinación de la edad u otras circunstancias. Después llega el reconocimiento propiamente dicho.
Hay un mandato que da sentido a todo el estudio. El artículo 3.1 del real decreto obliga a los institutos a registrar «un conjunto mínimo básico de datos de actividad con personas detenidas» y, según recogen las autoras, se recomienda que incluya al menos el sexo, la edad, el país de origen, los factores de vulnerabilidad y el motivo de consulta, para integrarlo en la estadística y evaluar cómo se aplica el protocolo. El artículo 2.3 encargó a su vez al Consejo Médico Forense una guía de buenas prácticas, que el Ministerio de Justicia publicó en 2023.
Detrás de ese andamiaje están los grandes referentes de la medicina forense de los derechos humanos: el Protocolo de Estambul, para investigar y documentar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya segunda edición revisada publicó Naciones Unidas en 2022, y el Protocolo de Minnesota, dedicado a las muertes potencialmente ilícitas.
Dos años de guardia bajo la lupa
El equipo diseñó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo sobre los formularios de las actuaciones médico-forenses con personas detenidas en la provincia de Valencia durante 2024 y 2025, y analizó el motivo de asistencia en relación con la fecha, el sexo, la edad y el país de origen. Sumando los dos años de la tabla de resultados, se trata de más de 2.200 actuaciones.
El resultado más llamativo es el peso de la drogodependencia. Su valoración supone el 63,1 % de las asistencias, 1.433 casos, y además crece de un año a otro, del 59,3 % en 2024 al 66,7 % en 2025. La evaluación de lesiones representa el 17,1 % y la evaluación psiquiátrica, el 16,9 %. Los demás motivos quedan muy por detrás: la asistencia médica (1,3 %), la determinación de la edad (0,4 %) y la toma de muestras (0,3 %).
Ese peso confirma el acierto de una decisión anterior del propio instituto. La segunda edición de su formulario interno, puesta en marcha a comienzos de 2024, ya incorporó la drogodependencia como motivo específico dentro de la asistencia pericial, y el análisis muestra que agrupa cerca de dos tercios de las actuaciones del personal médico forense de guardia, tanto en personas nacidas en España como en las de origen extranjero.
Matices por sexo, edad y origen
Los datos desagregados aportan matices que conviene leer con prudencia. En las mujeres pesan más la evaluación de lesiones (23,5 % frente al 16,5 % de los hombres) y la psiquiátrica (19,9 % frente al 16,6 %), y algo menos la drogodependencia (54,4 % frente al 64,1 %). Entre las personas nacidas en el extranjero es más frecuente la evaluación de lesiones (21,3 % frente al 12,4 % de las nacidas en España), y entre las nacidas en España lo es la valoración psiquiátrica (19,4 % frente al 14,7 %).
Por edades, la drogodependencia es el primer motivo en todos los tramos hasta los 70 años; a partir de esa edad pasa a serlo la evaluación psiquiátrica, aunque en grupos de muy pocos casos. En los menores, tras la drogodependencia (44 %), el segundo motivo es la determinación de la edad (27,8 %), y las evaluaciones psiquiátricas apenas alcanzan el 5,6 %.
Una sola alegación de tortura en dos años
Y llegamos al dato más delicado del estudio. En los dos años analizados solo consta una actuación motivada por una alegación de tortura o trato inhumano o degradante, registrada en mayo de 2024. En 2025 no hubo ninguna.
Las autoras evitan la lectura complaciente. Señalan que no puede descartarse una situación de infradetección, infradeclaración o infrarregistro, como ya han advertido organismos internacionales. La advertencia tiene base: en su visita periódica a España de 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recibió un número significativo de alegaciones de malos tratos por parte de agentes, también de menores, referidas sobre todo a la Policía Nacional, según el informe que publicó en noviembre de 2021.
La propia propuesta del artículo sugiere dónde puede estar parte del problema. Cuando el formulario recoge la evaluación de lesiones sin distinguir su origen, una lesión sufrida durante la detención se registra igual que cualquier otra y deja de ser visible como posible maltrato.
Un formulario que pregunte mejor
La parte más útil del trabajo es su propuesta. Las autoras defienden una tercera edición del formulario interno del instituto, con mejoras y actualizaciones de los motivos de asistencia pericial, y la concretan en una tabla comparativa: separar la valoración de la drogodependencia con y sin toma de muestras, recoger de forma expresa la alegación de tortura o trato inhumano o degradante y añadir un motivo nuevo, la evaluación de lesiones causadas por Policía o Guardia Civil.
Lo que persiguen es optimizar la detección de los casos de malos tratos y delimitar colectivos concretos estadísticamente significativos. Dicho con otras palabras, que la estadística que exige el Real Decreto 650/2023 sirva para aquello para lo que fue pensada: conocer la magnitud del problema y diseñar medidas eficaces de detección, prevención e intervención.
Por qué merece la pena leerlo
Es un estudio breve y descriptivo, circunscrito a una provincia y con las limitaciones propias de los datos de registro. Lo que lo hace valioso es su recorrido: parte de la práctica diaria de una guardia forense, la mide con datos reales de dos años y desemboca en una propuesta sencilla de aplicar y fácil de trasladar a otros institutos de medicina legal.
Recuerda, además, algo que conviene no perder de vista: el reconocimiento de una persona detenida es también una garantía de sus derechos fundamentales, y las casillas de un formulario deciden qué parte de la realidad llega a las estadísticas. Recomendamos su lectura a médicos forenses, juristas, criminólogos y a cualquier profesional que trabaje con personas privadas de libertad.
Ficha del artículo
Título: Medicina Forense de los Derechos Humanos: Estudio de los motivos de asistencia a personas detenidas en la práctica médico forense.
Autoras: María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina, Sonia Martín Alonso, Begoña García Sancho y María del Carmen Ferrer Gómez (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia).
Revista: Actum Forense, vol. 2, núm. 1 (2026), págs. 1-9. ISSN 3101-4631.
Publicación: 15 de septiembre de 2026, en acceso abierto con licencia CC BY-NC-ND 4.0.
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.15
What the form does not ask: two years of forensic medical examinations of detained persons in Valencia
A study by the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia, published in the scientific journal Actum Forense, reviews more than 2,200 examinations of detained persons and finds a single allegation of torture. Its authors propose changing the records so that ill-treatment does not slip out of the statistics.
A detained person may be examined by a forensic physician for very different reasons, from assessing an injury to determining their age. What that physician writes down, and above all what the form allows them to write down, ends up as statistics. That simple idea is the starting point of the study reviewed here, published in the scientific journal Actum Forense.
The article, “Medicina Forense de los Derechos Humanos: Estudio de los motivos de asistencia a personas detenidas en la práctica médico forense” (Human rights forensic medicine: a study of the reasons for attending detained persons in forensic medical practice), is signed by María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina and Sonia Martín Alonso, resident physicians in Legal and Forensic Medicine; Begoña García Sancho, forensic physician and Head of the Polyclinic and Specialties Section; and María del Carmen Ferrer Gómez, forensic physician, criminologist and Head of the Clinical Service, all of them at the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia. It was published in open access on 15 September 2026.
A new protocol for an old obligation
In Spain, forensic medical work with detained persons is governed by Royal Decree 650/2023 of 18 July, which approved the Protocol for the forensic medical examination of detained persons and repealed the Order of 16 September 1997. The earlier text had fallen behind international human rights standards and the technical and social reality of the institutes of legal medicine, and the new one pays particular attention to people held incommunicado, given the greater vulnerability that situation can create.
The protocol organises the intervention in two phases. First, the data that frame the case are collected, including the reason for the consultation, which may be medical care or an expert assessment: evaluation of injuries, psychiatric evaluation, sample collection, assessment of an allegation of torture or inhuman or degrading treatment, age determination or other circumstances. Then comes the examination itself.
One provision gives the whole study its purpose. Article 3.1 of the royal decree requires institutes to record “a minimum basic dataset of activity with detained persons” and, as the authors note, it is recommended that it include at least sex, age, country of origin, vulnerability factors and the reason for the consultation, so that it can feed into official statistics and help assess how the protocol is applied. Article 2.3, in turn, tasked the Forensic Medical Council with drawing up a good-practice guide, which the Ministry of Justice published in 2023.
Behind this framework stand the main references of human rights forensic medicine: the Istanbul Protocol, for investigating and documenting torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, whose second revised edition the United Nations published in 2022, and the Minnesota Protocol on the investigation of potentially unlawful deaths.
Two years of on-call work under the microscope
The team designed an observational, descriptive and retrospective study of the forms completed during forensic medical interventions with detained persons in the province of Valencia in 2024 and 2025, and analysed the reason for attendance by date, sex, age and country of origin. Adding up both years in the results table, this amounts to more than 2,200 interventions.
The most striking finding is the weight of drug dependence. Its assessment accounts for 63.1% of attendances, 1,433 cases, and it is rising, from 59.3% in 2024 to 66.7% in 2025. Injury evaluation represents 17.1% and psychiatric evaluation 16.9%. The remaining reasons lag far behind: medical care (1.3%), age determination (0.4%) and sample collection (0.3%).
That weight vindicates an earlier decision by the institute itself. The second edition of its internal form, introduced at the beginning of 2024, had already added drug dependence as a specific reason within expert assessments, and the analysis shows that it accounts for nearly two-thirds of the work of the on-call forensic physicians, among people born in Spain and those born abroad alike.
Differences by sex, age and origin
The breakdown adds nuances that should be read with caution. Among women, injury evaluation (23.5% compared with 16.5% among men) and psychiatric evaluation (19.9% compared with 16.6%) carry more weight, and drug dependence somewhat less (54.4% compared with 64.1%). Injury evaluation is more frequent among people born abroad (21.3% compared with 12.4% among those born in Spain), while psychiatric assessment is more frequent among those born in Spain (19.4% compared with 14.7%).
By age, drug dependence is the leading reason in every age band up to 70; beyond that age psychiatric evaluation takes over, although those groups contain very few cases. Among minors, after drug dependence (44%), the second reason is age determination (27.8%), and psychiatric evaluations barely reach 5.6%.
A single allegation of torture in two years
This brings us to the most delicate finding of the study. Across the two years examined, only one intervention prompted by an allegation of torture or inhuman or degrading treatment was recorded, in May 2024. There were none in 2025.
The authors avoid a complacent reading. They point out that under-detection, under-reporting or under-recording cannot be ruled out, as international bodies have warned before. The warning is well founded: during its 2020 periodic visit to Spain, the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) received a significant number of allegations of ill-treatment by law enforcement officials, including of juveniles, mainly concerning the Policía Nacional, according to the report it published in November 2021.
The article’s own proposal suggests where part of the problem may lie. When the form records injury evaluations without distinguishing their origin, an injury sustained during arrest is logged like any other and stops being visible as possible ill-treatment.
A form that asks better questions
The most useful part of the work is its proposal. The authors call for a third edition of the institute’s internal form, with improved and updated reasons for expert attendance, and spell it out in a comparative table: separating drug dependence assessments with and without sample collection, listing allegations of torture or inhuman or degrading treatment explicitly, and adding a new reason, the evaluation of injuries caused by the police or the Civil Guard.
Their aim is to improve the detection of ill-treatment and to identify statistically significant groups. In other words, to make the statistics required by Royal Decree 650/2023 serve their intended purpose: understanding the scale of the problem and designing effective detection, prevention and intervention measures.
Why it is worth reading
It is a short, descriptive study, limited to one province and subject to the usual constraints of administrative records. Its value lies in the path it follows: it starts from the everyday practice of a forensic on-call service, measures it with two years of real data and ends in a proposal that is simple to apply and easy to transfer to other institutes of legal medicine.
It also offers a reminder worth keeping in mind: examining a detained person safeguards their fundamental rights too, and the boxes on a form decide which part of reality reaches the statistics. We recommend it to forensic physicians, lawyers, criminologists and anyone who works with people deprived of their liberty.
About the article
Title: Medicina Forense de los Derechos Humanos: Estudio de los motivos de asistencia a personas detenidas en la práctica médico forense.
Authors: María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina, Sonia Martín Alonso, Begoña García Sancho and María del Carmen Ferrer Gómez (Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia).
Journal: Actum Forense, vol. 2, no. 1 (2026), pp. 1-9. ISSN 3101-4631.
Published: 15 September 2026, open access under a CC BY-NC-ND 4.0 licence.
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.15
Bibliografía / References
Consejo Médico Forense. (2023). Guía de buenas prácticas para la aplicación del Protocolo de reconocimiento médico-forense a la persona detenida. Ministerio de Justicia.
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. (2021). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 28 September 2020 (CPT/Inf (2021) 27). Council of Europe. https://rm.coe.int/1680a47a76
Naciones Unidas. (2016). Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Naciones Unidas. (2022). Protocolo de Estambul: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2.ª ed. revisada). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Prieto Carrero, J. L. (2023). Actuación forense con enfoque en derechos humanos: una asignatura pendiente en la medicina forense española. Cuadernos de Medicina Forense, 26(1), 49-60. https://doi.org/10.59457/cmf.2023.26.01.org.04
Real Decreto 650/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida. Boletín Oficial del Estado, 172, de 20 de julio de 2023. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-16721
Ruíz Mira, M., Hinarejos Olcina, A., Martín Alonso, S., García Sancho, B., & Ferrer Gómez, M. C. (2026). Medicina Forense de los Derechos Humanos: Estudio de los motivos de asistencia a personas detenidas en la práctica médico forense. Actum Forense, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.15
Créditos de las imágenes / Image credits
Imagen de portada / Cover image: Actum Forense Press.
Tablas 1 y 3 / Tables 1 and 3: Ruíz Mira, M., et al. (2026). Actum Forense, 2(1), 1-9. Reproducidas sin modificaciones bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 / Reproduced unmodified under a CC BY-NC-ND 4.0 licence.
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