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Cómo llegó ahí el ADN: la interpretación de la prueba genética a nivel de actividad
Un estudio llevado a cabo por profesionales del IMLCF de Valencia, publicado en la revista científica Actum Forense, revisa lo que hoy se sabe sobre la transferencia, la prevalencia, la persistencia y la recuperación del ADN en el cuerpo humano. Sus autores defienden que la pericia genética responda también a cómo llegó ese ADN hasta donde se encontró, con marcos probabilísticos que el tribunal pueda entender.
Redacción – Reseñas
Durante décadas, la pregunta que se hacía a una muestra de ADN era de quién procedía. La sensibilidad de las técnicas actuales ha alterado ese orden: hoy bastan unos cien picogramos, el equivalente a quince o veinte células, para obtener un perfil genético completo (Sessa et al., 2023). Con esa capacidad de detección, encontrar el ADN de una persona en un objeto o en el cuerpo de otra ya no basta para explicar lo que ocurrió, y la cuestión que de verdad pesa en muchos juicios es cómo llegó ese ADN hasta allí. A ella dedica su revisión el trabajo que reseñamos, publicado en la revista científica Actum Forense.
El artículo, «Interpretación de la evidencia de ADN a nivel de actividad en ciencias forenses: Transferencia, prevalencia, persistencia y recuperación», lo firman Álvaro Aleixandre Díez, Médico Forense; María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina y Sonia Martín Alonso, médicos internos residentes de Medicina Legal y Forense, y Mercedes Álvarez Seguí, Médico Forense, Criminóloga y Jefe del Servicio de Laboratorio, todos ellos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Es una revisión narrativa de la literatura científica y se publicó en acceso abierto el 22 de septiembre de 2026.
Un debate que ya está en los tribunales
El problema ha salido de los laboratorios. En el proceso seguido en Idaho contra Bryan Kohberger, el ADN de contacto hallado en la funda de un cuchillo fue una prueba central, y casos así han obligado a jueces, fiscales y abogados a entender cómo puede transferirse el ADN de forma indirecta (Hall y Wickenheiser, 2024). En los delitos contra la libertad sexual, además, la presencia de semen o de células ajenas en el cuerpo de la víctima suele leerse como prueba directa del contacto, cuando su persistencia varía mucho de una persona y de una situación a otra.
Para ordenar el problema, los autores parten de la síntesis que Woollacott, Goray, van Oorschot y Taylor publicaron en 2025 en la revista Forensic Sciences sobre el ADN presente en distintas zonas del cuerpo humano (Woollacott et al., 2025), una superficie con particularidades propias frente a las prendas, los tejidos o las superficies duras que suelen estudiarse. La completan con estudios experimentales y de casuística, localizados en PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar y publicados sobre todo entre 2010 y 2025, y la leen desde la medicina legal y la criminología.
Cuatro factores detrás de cada muestra
La literatura agrupa esos factores bajo las siglas DNA-TPPR: transferencia, prevalencia, persistencia y recuperación. El artículo dedica un apartado a cada uno.
La transferencia es el paso del material genético de una persona a una superficie, a un objeto o al cuerpo de otra. Puede ser directa, por contacto físico, o indirecta, a través de uno o más intermediarios (van Oorschot et al., 2019). Desde que van Oorschot y Jones (1997) demostraron que podían obtenerse perfiles genéticos a partir de objetos tocados, el llamado ADN de contacto (touch DNA) no ha dejado de estudiarse. Hoy se sabe que la cantidad transferida depende del estado de la piel, de la presión y la duración del contacto, de la superficie y de cada persona, porque unas desprenden mucho más ADN que otras (Fonneløp et al., 2017), y se ha demostrado de forma experimental incluso la transferencia terciaria (McCrane y Mulligan, 2024).
Un ejemplo muestra por qué importa tanto. Noël et al. (2016) comprobaron que el lavado doméstico puede trasladar entre prendas ADN suficiente para obtener un perfil genético completo, y hallaron ADN de familiares convivientes en la ropa interior de niños de familias en las que nunca había existido abuso. En un procedimiento por abusos dentro de la familia, un hallazgo así exige una interpretación muy cuidadosa.
La prevalencia es el ADN ajeno que una persona ya lleva encima antes del hecho que se investiga, por el trato cotidiano con la pareja, la familia o los compañeros de trabajo, por los objetos compartidos o por un simple apretón de manos. Graham y Rutty (2008) estudiaron el ADN «normal» de fondo en el cuello de adultos, una zona que parece alejada del contacto frecuente, y encontraron ADN ajeno de forma habitual, con implicaciones directas para interpretar los hallazgos en víctimas de estrangulación manual. Medir la prevalencia exige tomar muestras control, una práctica que dista de estar generalizada, y la comunidad científica reclama desde hace años armonizar los protocolos (Kokshoorn et al., 2018).
La persistencia es el tiempo durante el que el ADN depositado sigue siendo detectable. En los delitos contra la libertad sexual se traduce en la estimación del tiempo transcurrido desde la relación (time since intercourse, TSI). En una revisión de 2.141 muestras de 765 casos reales, Fonneløp et al. (2019) obtuvieron resultados positivos de espermatozoides hasta 72 horas después del depósito, con un máximo de 12 horas en la cavidad oral, y de células epiteliales hasta 43 horas. Como esas cifras varían con la zona corporal, la higiene posterior, el momento del ciclo menstrual y las características de cada persona, los autores insisten en que cualquier estimación temporal se exprese en términos probabilísticos.
La recuperación engloba la recogida de las muestras y su procesamiento en el laboratorio, y depende de la técnica empleada, del sustrato, del tiempo que pasa hasta el análisis y de la conservación. En las muestras mixtas de las agresiones sexuales, con pocas células masculinas entre muchas de la víctima, la técnica de separación marca la diferencia. Schulte et al. (2025) compararon la extracción diferencial clásica, la microdisección por captura láser y el sistema DEPArray, y encontraron que el tiempo transcurrido desde la relación y el propio donante influían de forma significativa en la cantidad de ADN masculino recuperado.
Del «quién» al «cómo»
El núcleo del artículo es el paradigma de la interpretación a nivel de actividad. La evaluación de una prueba de ADN puede hacerse en varios niveles: en el de fuente se pregunta quién aportó el ADN, mientras que el de actividad se ocupa de cómo llegó hasta donde se encontró. La Comisión de ADN de la Sociedad Internacional de Genética Forense (ISFG) considera que este segundo nivel es el que más información aporta al tribunal, porque conecta el hallazgo genético con la hipótesis central del caso (Gill et al., 2020).
Trabajar así supone formular dos proposiciones enfrentadas, la de la acusación y la de la defensa, y valorar la probabilidad de lo observado bajo cada una de ellas. El cociente entre ambas es la razón de verosimilitud (likelihood ratio), que expresa cuánto apoya la evidencia una hipótesis frente a la otra. Cuando el escenario es complejo, las redes bayesianas permiten representar las dependencias entre variables y propagar la incertidumbre a lo largo del razonamiento. Onofri et al. (2023) las aplicaron, por ejemplo, a la transferencia directa y secundaria de ADN de contacto sobre una tarjeta de crédito.
La implantación de este enfoque es desigual. Según el análisis de Stacey et al. (2025) que recoge el artículo, el marco conceptual está ampliamente aceptado, pero los laboratorios tropiezan con la falta de formación, la escasez de datos de referencia y las dificultades para que lo acepten los operadores jurídicos. Las directrices de la OSAC estadounidense o de la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI) son, para los autores, un paso necesario, aunque insuficiente si no van acompañadas de inversión en formación e investigación.
Lo que está en juego en la sala de vistas
En los delitos contra la libertad sexual, la medicina legal es el eslabón que lleva la muestra desde el cuerpo de la víctima hasta el juicio oral. La estimación del tiempo desde la relación es una de las opiniones periciales con más peso, y la variabilidad biológica y técnica impide formularla de forma categórica. Los autores defienden trabajar con rangos probabilísticos, como ya hacen las guías de algunos servicios forenses anglosajones, y tener en cuenta el ADN de relaciones consentidas anteriores a los hechos, que puede confundir la interpretación y perjudicar tanto a la víctima como al investigado (Magalhães et al., 2015).
El otro frente es el error judicial. El artículo sitúa la transferencia secundaria entre los factores que han contribuido a condenas erróneas, sobre todo cuando el ADN de contacto es la principal prueba de cargo, y recuerda, con Xu y Vinci (2024), que el National Registry of Exonerations de Estados Unidos documentó en 2022 un total de 233 exoneraciones, 44 de ellas con evidencia forense falsa o engañosa. La comunicación pesa tanto como el análisis. La ISFG exige que las escalas verbales vayan siempre acompañadas de su equivalente numérico (Roebuck, 2024), porque una razón de verosimilitud mal explicada puede confundir al tribunal, y de ahí la insistencia del equipo en formar a jueces, fiscales y abogados.
Las lagunas que quedan
La revisión termina señalando lo que falta por investigar. Escasean los datos sobre la prevalencia de ADN ajeno en distintas zonas del cuerpo, poblaciones y contextos culturales; la heterogeneidad de los métodos de recogida, extracción y análisis dificulta comparar estudios; lo que se sabe sobre por qué unas personas desprenden más ADN que otras aún no basta para incorporarlo a los modelos de uso rutinario, y hacen falta herramientas informáticas validadas, como redes bayesianas diseñadas para los escenarios de agresión sexual.
Lo que aporta, y a quién
Es una revisión narrativa, sin la pretensión de exhaustividad de una revisión sistemática, y buena parte de la evidencia que maneja procede de estudios experimentales, cuya extrapolación a los casos reales exige cautela. Su valor está en reunir, desde la medicina legal y la criminología, un campo que se discute sobre todo en la literatura internacional de genética forense, y en trasladarlo a las preguntas que se plantean en un juzgado. Su conclusión de fondo es que la fiabilidad y la equidad de la prueba de ADN dependen de que la comunidad forense sepa comunicar con rigor, transparencia y humildad lo que la evidencia genética permite afirmar y hasta dónde llega.
Recomendamos su lectura a médicos forenses, genetistas y biólogos forenses, jueces, fiscales, abogados y criminólogos, y a cualquier profesional que deba valorar una prueba de ADN en un procedimiento penal.
Ficha del artículo
Título: Interpretación de la evidencia de ADN a nivel de actividad en ciencias forenses: Transferencia, prevalencia, persistencia y recuperación.
Autores: Álvaro Aleixandre Díez, María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina, Sonia Martín Alonso y Mercedes Álvarez Seguí (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia).
Revista: Actum Forense, vol. 2, núm. 1 (2026), págs. 1-19. ISSN 3101-4631.
Tipo de trabajo: revisión narrativa.
Publicación: 22 de septiembre de 2026, en acceso abierto con licencia CC BY-NC-ND 4.0.
Acceso directo al artículo:
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.20
How the DNA got there: interpreting genetic evidence at activity level
Review of a study by professionals at the IMLCF in Valencia on what is known today about the transfer, prevalence, persistence and recovery of DNA on the human body. Its authors argue that forensic genetics should also explain how that DNA got to where it was found, using probabilistic frameworks that courts can understand.
Editorial team – Reviews
For decades, the question put to a DNA sample was whose it was. The sensitivity of current techniques has changed that order: today about one hundred picograms, the equivalent of fifteen to twenty cells, are enough to obtain a complete genetic profile (Sessa et al., 2023). With that detection capacity, finding a person’s DNA on an object or on someone else’s body is no longer enough to explain what happened, and the question that really matters in many trials is how that DNA got there. That is the subject of the review discussed here, published in the scientific journal Actum Forense.
The article, “Interpretación de la evidencia de ADN a nivel de actividad en ciencias forenses: Transferencia, prevalencia, persistencia y recuperación” (Interpreting DNA evidence at activity level in forensic science: transfer, prevalence, persistence and recovery), is signed by Álvaro Aleixandre Díez, forensic physician; María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina and Sonia Martín Alonso, resident physicians in Legal and Forensic Medicine; and Mercedes Álvarez Seguí, forensic physician, criminologist and Head of the Laboratory Service, all of them at the Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia. It is a narrative review of the scientific literature and was published in open access on 22 September 2026.
A debate that has reached the courts
The problem has left the laboratory. In the Idaho case against Bryan Kohberger, touch DNA found on a knife sheath was a central piece of evidence, and cases like this have forced judges, prosecutors and lawyers to understand how DNA can be transferred indirectly (Hall & Wickenheiser, 2024). In sexual offences, moreover, the presence of semen or foreign cells on the victim’s body is often read as direct evidence of contact, although its persistence varies widely from one person and one situation to another.
To structure the problem, the authors start from the synthesis that Woollacott, Goray, van Oorschot and Taylor published in 2025 in the journal Forensic Sciences on DNA found on different areas of the human body (Woollacott et al., 2025), a surface with its own particularities compared with the garments, fabrics or hard surfaces usually studied. They complement it with experimental and casework studies, identified in PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar and published mainly between 2010 and 2025, and read it from the standpoint of legal medicine and criminology.
Four factors behind every sample
The literature groups these factors under the acronym DNA-TPPR: transfer, prevalence, persistence and recovery. The article devotes a section to each of them.
Transfer is the movement of a person’s genetic material onto a surface, an object or someone else’s body. It can be direct, through physical contact, or indirect, through one or more intermediaries (van Oorschot et al., 2019). Ever since van Oorschot and Jones (1997) showed that genetic profiles could be obtained from touched objects, so-called touch DNA has been studied continuously. We now know that the amount transferred depends on the condition of the skin, the pressure and duration of contact, the surface and the individual, because some people shed far more DNA than others (Fonneløp et al., 2017), and even tertiary transfer has been demonstrated experimentally (McCrane & Mulligan, 2024).
One example shows why this matters so much. Noël et al. (2016) found that household laundering can move enough DNA between garments to obtain a complete genetic profile, and they detected DNA from relatives living in the same household on the underwear of children from families where abuse had never occurred. In proceedings for intrafamilial abuse, a finding of this kind calls for very careful interpretation.
Prevalence is the foreign DNA a person already carries before the event under investigation, through everyday contact with a partner, family or co-workers, through shared objects or through a simple handshake. Graham and Rutty (2008) studied “normal” background DNA on the necks of adults, an area that seems far removed from frequent contact, and routinely found foreign DNA, with direct implications for interpreting findings in victims of manual strangulation. Measuring prevalence requires control samples, a practice that is far from widespread, and the scientific community has long called for harmonised protocols (Kokshoorn et al., 2018).
Persistence is the length of time deposited DNA remains detectable. In sexual offences it translates into estimating the time since intercourse (TSI). In a review of 2,141 samples from 765 real cases, Fonneløp et al. (2019) obtained positive results from sperm up to 72 hours after deposition, with a maximum of 12 hours in the oral cavity, and from epithelial cells up to 43 hours. Because these figures vary with the body area, subsequent hygiene, the stage of the menstrual cycle and individual characteristics, the authors insist that any time estimate be expressed in probabilistic terms.
Recovery covers the collection of samples and their processing in the laboratory, and depends on the technique used, the substrate, the time elapsed before analysis and storage conditions. In mixed samples from sexual assaults, with few male cells among many from the victim, the separation technique makes a difference. Schulte et al. (2025) compared classic differential extraction, laser capture microdissection and the DEPArray system, and found that the time since intercourse and the individual donor had a significant influence on the amount of male DNA recovered.
From “who” to “how”
The core of the article is the activity-level interpretation paradigm. DNA evidence can be evaluated at several levels: the source level asks who contributed the DNA, whereas the activity level deals with how it got to where it was found. The DNA Commission of the International Society for Forensic Genetics (ISFG) regards this second level as the most informative for the court, because it links the genetic finding to the central hypothesis of the case (Gill et al., 2020).
Working this way means formulating two competing propositions, the prosecution’s and the defence’s, and assessing the probability of the observations under each of them. The ratio between the two is the likelihood ratio, which expresses how much the evidence supports one hypothesis over the other. When the scenario is complex, Bayesian networks make it possible to represent the dependencies between variables and to propagate uncertainty throughout the reasoning. Onofri et al. (2023), for example, applied them to direct and secondary transfer of touch DNA onto a credit card.
Uptake of this approach is uneven. According to the analysis by Stacey et al. (2025) cited in the article, the conceptual framework is widely accepted, but laboratories run up against a lack of training, scarce reference data and difficulties in gaining acceptance from legal practitioners. For the authors, guidelines from bodies such as the US OSAC or the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) are a necessary step, although an insufficient one unless they are accompanied by investment in training and research.
What is at stake in the courtroom
In sexual offences, legal medicine is the link that carries the sample from the victim’s body to the trial. The estimate of time since intercourse is one of the expert opinions that carries most weight, and biological and technical variability rules out stating it categorically. The authors advocate working with probabilistic ranges, as the guidelines of some forensic services in English-speaking countries already do, and taking into account DNA from consensual relations prior to the events, which can confound the interpretation and harm both the victim and the suspect (Magalhães et al., 2015).
The other front is miscarriage of justice. The article places secondary transfer among the factors that have contributed to wrongful convictions, especially when touch DNA is the main incriminating evidence, and recalls, drawing on Xu and Vinci (2024), that the US National Registry of Exonerations documented 233 exonerations in 2022, 44 of which involved false or misleading forensic evidence. Communication carries as much weight as the analysis. The ISFG requires verbal scales to be always accompanied by their numerical equivalent (Roebuck, 2024), because a poorly explained likelihood ratio can mislead the court, hence the team’s insistence on training judges, prosecutors and lawyers.
The gaps that remain
The review ends by pointing out what still needs to be investigated. Data on the prevalence of foreign DNA on different body areas, in different populations and cultural contexts are scarce; methodological heterogeneity in collection, extraction and analysis makes studies hard to compare; what is known about why some people shed more DNA than others is not yet enough to build it into routine models; and validated computational tools are needed, such as Bayesian networks designed for sexual assault scenarios.
What it offers, and to whom
It is a narrative review, with no claim to the exhaustiveness of a systematic review, and much of the evidence it draws on comes from experimental studies, whose extrapolation to real cases calls for caution. Its value lies in bringing together, from the standpoint of legal medicine and criminology, a field discussed mainly in the international forensic genetics literature, and in translating it into the questions that arise in court. Its underlying conclusion is that the reliability and fairness of DNA evidence depend on the forensic community’s ability to communicate with rigour, transparency and humility what genetic evidence can establish and where its limits lie.
We recommend it to forensic physicians, forensic geneticists and biologists, judges, prosecutors, lawyers and criminologists, and to any professional who has to assess DNA evidence in criminal proceedings.
About the article
Title: Interpretación de la evidencia de ADN a nivel de actividad en ciencias forenses: Transferencia, prevalencia, persistencia y recuperación.
Authors: Álvaro Aleixandre Díez, María Ruíz Mira, Ainhoa Hinarejos Olcina, Sonia Martín Alonso and Mercedes Álvarez Seguí (Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Valencia).
Journal: Actum Forense, vol. 2, no. 1 (2026), pp. 1-19. ISSN 3101-4631.
Type of study: narrative review.
Published: 22 September 2026, open access under a CC BY-NC-ND 4.0 licence.
Directa access:
DOI: https://doi.org/10.68000/actumf.v2i1.20
Bibliografía / References
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