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Preparación forense y cumplimiento del ENS en Directorio Activo: auditoría, tiempo, privilegio y la adquisición de un controlador de dominio
Un viernes por la tarde, en una empresa de tamaño medio, alguien abre un documento adjunto que parecía una factura. El lunes por la mañana, mil doscientos ordenadores muestran la misma nota de rescate, los dos controladores de dominio están cifrados y el responsable de sistemas descubre que las copias de seguridad se borraron desde una cuenta de administrador del dominio a las 3:14 de la madrugada del domingo. La dirección pregunta lo de siempre, y lo pregunta tarde: qué ha pasado exactamente, quién entró, por dónde, cuánto tiempo estuvo dentro y qué datos se llevó. La respuesta a esas cinco preguntas tiene poco que ver con el antivirus o el cortafuegos. Depende de decisiones de configuración que se tomaron —o no se tomaron— meses antes, cuando nadie estaba mirando.
Hace unos meses recorrimos ese mismo problema en un servidor Linux, con la pregunta de fondo de cómo se demuestra que una infraestructura cumplió con lo que la norma le exigía cuando el ataque ya ha ocurrido. Aquel recorrido se apoyaba en el concepto de preparación forense, en las dimensiones de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad y en un puñado de herramientas del mundo Unix. Toca ahora llevar ese mismo enfoque al terreno donde de verdad trabaja la mayoría de las organizaciones españolas: un dominio de Directorio Activo sobre Microsoft Windows Server, con sus estaciones de trabajo, su servidor de ficheros, su correo y sus políticas de grupo. Es el entorno más habitual y también el más apetecible para el atacante, porque en él la identidad de toda la empresa cuelga de unas pocas máquinas.
Para ese terreno, el Centro Criptológico Nacional mantiene una familia entera de guías: la serie 500 del catálogo CCN-STIC. Este artículo la recorre con la mirada del perito y del asesor jurídico, y traduce sus exigencias a controles concretos que se pueden verificar en un dominio real, con los comandos que los comprueban y los registros que después sostienen una pericial.
Conviene decir de entrada lo que este texto no es. No sustituye a las guías, que ocupan cientos de páginas y contienen listas de configuración exhaustivas con sus plantillas de seguridad; y presupone un lector con nociones de administración de Windows Server, de políticas de grupo y de los conceptos básicos de autenticación en red. Lo que aporta es el hilo que une la configuración técnica con su valor probatorio, que es exactamente el hilo que se echa en falta cuando el incidente ya ha ocurrido y hay que explicárselo a un juez.
La serie 500: el catálogo del CCN para el mundo Microsoft
El catálogo de guías CCN-STIC está organizado por series numéricas, y esa organización, que ya explicamos en el artículo inaugural de esta serie, tiene una lógica sencilla: las series bajas recogen políticas, procedimientos y normas; la 400 agrupa guías generales; la 500 está dedicada íntegramente a los entornos Microsoft; la 600 a los demás sistemas operativos y bases de datos; la 800 desarrolla el Esquema Nacional de Seguridad; y las 900 y siguientes recogen informes técnicos y guías de empleo seguro de productos.
La serie 500 se ha diseñado de forma incremental, y ese detalle importa más de lo que parece. No existe una única guía que resuelva un servidor: se aplican varias de forma consecutiva, según el sistema operativo, el rol de la máquina y los servicios que preste. Un servidor de correo, por ejemplo, se configura primero como servidor miembro del dominio con la guía general y después se le aplica la guía específica de su producto.
La codificación de estas guías incluye además un sufijo con significado propio. La letra final indica el escenario de despliegue: la A corresponde a equipos que pertenecen a un dominio de Directorio Activo, la B a equipos independientes o aislados del dominio, y AB a documentos que cubren ambos casos. Los dos últimos dígitos señalan el año de la versión, de modo que la 570A25 es la revisión de 2025 de la guía de Windows Server para controladores de dominio y servidores miembro.
Las piezas centrales de la serie, en su estado actual, son las siguientes.
| Guía | Objeto | Detalle relevante |
|---|---|---|
| CCN-STIC-570A25 | Perfilado de seguridad para Windows Server, como controlador de dominio o como servidor miembro | Elaborada tomando Windows Server 2025 Standard como base; recomendada desde Windows Server 2019 |
| CCN-STIC-599AB23 | Perfilado de seguridad para Windows Cliente | No se ata a una edición concreta; incorpora el uso seguro de BitLocker y la protección de equipos portátiles |
| CCN-STIC-573-25 | Perfilado de seguridad para servidor de ficheros, como servidor miembro de un dominio | Publicada en junio de 2025; incluye guía paso a paso de configuración básica |
| CCN-STIC-574A25 | Aplicación de seguridad sobre Microsoft Internet Information Services | Sustituye a la guía anterior de IIS 10 sobre Windows Server 2016 |
| CCN-STIC-576A25 | Aplicación de seguridad sobre Microsoft Exchange Subscription Edition | Correo corporativo, uno de los objetivos preferidos del atacante |
| CCN-STIC-577A21 | Perfilado de seguridad para Microsoft SharePoint Server 2019 | Documentos y colaboración interna |
| CCN-STIC-568A25 | Aplicación de seguridad sobre Windows Server Update Services (WSUS) | El servicio que distribuye los parches, y por tanto un objetivo de alto valor |
| CCN-STIC-575 | Implementación de seguridad en Microsoft SQL Server | Bases de datos, donde suelen residir los datos personales |
El giro conceptual de las versiones recientes está en la palabra perfilado. Las guías antiguas describían una implementación única; las actuales parten de una revisión exhaustiva de las opciones de seguridad disponibles en el producto y las clasifican en perfiles de cumplimiento distintos, de modo que el administrador aplica el que corresponde a su caso: el perfil del ENS, el de sistemas que manejan información de difusión limitada y el de sistemas que tratan información clasificada nacional. La misma guía sirve así al ayuntamiento que necesita cumplir el Real Decreto 311/2022 y al organismo que maneja material clasificado, sin obligar al primero a asumir restricciones pensadas para el segundo.
Ese perfilado tiene una consecuencia jurídica interesante. Cuando una organización declara que ha configurado sus servidores conforme a un perfil determinado de una guía CCN-STIC, está fijando por escrito el nivel de diligencia al que se compromete. Es una afirmación verificable, y esa es justamente su virtud: se puede comprobar, control por control, si el sistema estaba como decía estar. Para el perito, esa comprobación se convierte en el eje del informe.

El propio CCN facilita esa verificación con CLARA, su herramienta gratuita de análisis del cumplimiento técnico. CLARA se ejecuta sobre el sistema Windows a auditar, compara su configuración real con las plantillas de seguridad de las guías correspondientes y emite un informe técnico y otro ejecutivo con el nivel de conformidad alcanzado. Su última evolución incorpora precisamente los perfiles de la serie 500 y añade datos tan prácticos como el fin de soporte del sistema operativo analizado, un dato que en sede judicial pesa: mantener en producción un servidor sin soporte del fabricante es difícil de presentar como diligencia debida.
Por qué el Directorio Activo es el objetivo, y no un detalle de infraestructura
Directorio Activo lleva un cuarto de siglo siendo la columna vertebral de la identidad corporativa. Un informe de Frost & Sullivan de 2020 lo situaba como el mecanismo principal de autenticación y autorización en torno al noventa por ciento de las mil mayores empresas del mundo, y la llegada de la nube no lo ha desplazado: la mayoría de las organizaciones funcionan hoy en modo híbrido, con un dominio local sincronizado contra un directorio en la nube, de manera que el compromiso del primero contamina al segundo.
El Microsoft Digital Defense Report publicado en octubre de 2025 ofrece un contexto elocuente. Más de la mitad de los ciberataques con motivación conocida responden a extorsión o ransomware; los ataques contra la identidad crecieron un treinta y dos por ciento en el primer semestre de 2025, y el noventa y siete por ciento de ellos consistieron en pulverización de contraseñas, esa técnica paciente que prueba unas pocas contraseñas muy comunes contra miles de cuentas para no disparar los bloqueos. El mismo informe señala que cuatro de cada diez ataques de ransomware tienen ya un componente híbrido, cuando en 2023 no llegaban al cinco por ciento. Y aporta un dato que conviene repetir en cada comité de dirección: la autenticación multifactor, sobre todo la resistente a la suplantación, bloquea más del noventa y nueve por ciento de los ataques basados en identidad.
La razón por la que el dominio es el objetivo se entiende mejor con la lógica del atacante. Nadie ataca un controlador de dominio de frente. Se entra por donde es fácil —un correo con adjunto, una contraseña reutilizada, un servicio publicado sin parchear—, se toma una estación de trabajo cualquiera y desde ahí empieza un trabajo de recolección de credenciales y de saltos laterales que termina, con paciencia, en una cuenta con privilegios sobre el dominio. Ese trayecto tiene nombres técnicos conocidos: extracción de credenciales de la memoria del proceso de autenticación, reutilización de resúmenes criptográficos sin conocer la contraseña, solicitud masiva de tiques de servicio para descifrar sus contraseñas en frío, abuso de una delegación mal configurada o de una plantilla de certificados permisiva y, en el último paso, la replicación forzada de la base de datos del directorio para hacerse con todas las credenciales de la organización de golpe.
Cada uno de esos pasos deja huella. El problema es que la huella solo existe si alguien la habilitó de antemano, se conserva el tiempo suficiente y está fuera del alcance de quien acaba de tomar el control del sistema. Ahí, exactamente ahí, está la preparación forense.

Las cinco dimensiones del ENS, traducidas a un dominio Windows
El Esquema Nacional de Seguridad, desarrollado hoy por el Real Decreto 311/2022, evalúa la seguridad de un sistema en cinco dimensiones que se recuerdan con el acrónimo ACIDA: autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. Cada servicio y cada información se categoriza en nivel bajo, medio o alto en cada dimensión, y de esa categorización se derivan las medidas exigibles. Traducir esas cinco palabras al vocabulario de un dominio Windows es el primer trabajo, tanto para configurar como para auditar.
La autenticidad responde a si quien dice ser alguien lo es de verdad. En un dominio se materializa en la política de contraseñas y sus políticas afinadas por grupo, en la autenticación multifactor para los accesos administrativos y remotos, en el uso de Kerberos frente a los protocolos heredados, en la pertenencia al grupo de usuarios protegidos para las cuentas críticas y en la gestión automatizada de las contraseñas de administrador local.
La confidencialidad pregunta quién puede leer qué. Aquí entran los permisos efectivos sobre las carpetas compartidas, el cifrado del disco de los servidores y portátiles, la firma y el cifrado del tráfico de ficheros, la firma de las consultas al directorio y la retirada progresiva de los protocolos de autenticación antiguos.
La integridad exige garantizar que nada se altera sin autorización, y en un dominio su expresión más importante son las políticas de grupo, la vigilancia de los objetos del directorio y la protección de los binarios y controladores mediante integridad de código y reglas de reducción de superficie de ataque.
La disponibilidad se juega en las copias de seguridad, en su aislamiento del dominio y en la existencia de un plan de recuperación del bosque que alguien haya probado alguna vez.
Y la trazabilidad, que es la dimensión donde se decide si habrá caso o no habrá caso, obliga a poder reconstruir quién hizo qué y cuándo. En Windows eso significa directiva de auditoría avanzada, tamaño y retención suficientes de los registros, centralización de eventos fuera del alcance del atacante y un reloj común y demostrable.

Hay una asimetría entre estas cinco dimensiones que conviene tener presente. Un fallo de confidencialidad o de disponibilidad se nota: los datos aparecen publicados, el servicio se cae. Un fallo de trazabilidad no se nota nunca hasta el día en que hace falta la prueba, y entonces ya no hay remedio posible, porque los registros que no se generaron no se pueden generar hacia atrás. Es la única dimensión cuyo incumplimiento se descubre siempre demasiado tarde.
Trazabilidad: la directiva de auditoría avanzada
Windows trae de fábrica una auditoría escasa. Registra los inicios de sesión y algunos cambios de cuenta, y deja apagado casi todo lo que interesa a una investigación. Desde Windows Vista y Windows Server 2008 existe una directiva de auditoría avanzada que descompone las nueve categorías clásicas en más de cincuenta subcategorías, y es ahí donde hay que trabajar.
El primer detalle es puramente operativo y explica un número asombroso de auditorías fallidas. Para que las subcategorías avanzadas tengan efecto hay que activar la opción de seguridad que fuerza la configuración de subcategorías por encima de la de categorías; si no se hace, una política heredada puede pisar toda la configuración fina y dejar el servidor auditando lo mínimo mientras el informe de cumplimiento asegura lo contrario. Se comprueba en un minuto:
:: Estado real de la auditoría, categoría por categoría
auditpol /get /category:*
:: Comprobación de una subcategoría concreta
auditpol /get /subcategory:"Directory Service Changes"
Microsoft publica sus recomendaciones de auditoría para estaciones y servidores, con una línea base y una línea reforzada, y marca expresamente con las siglas del rol las subcategorías que deben activarse en los controladores de dominio. Entre ellas, dos que la instalación por defecto deja apagadas y que son el corazón de cualquier investigación sobre el directorio: acceso al servicio de directorio y cambios en el servicio de directorio. Sin la segunda, un cambio en la pertenencia a un grupo privilegiado deja un rastro pobre; con ella, el registro guarda el atributo modificado, su valor anterior y su valor nuevo.
Las subcategorías que ningún dominio debería tener apagadas, con los eventos que producen, son las siguientes.
| Subcategoría | Eventos característicos | Qué permite reconstruir |
|---|---|---|
| Validación de credenciales | 4776 | Autenticaciones por protocolo heredado contra el controlador |
| Servicio de autenticación Kerberos | 4768, 4771 | Emisión de tiques iniciales y fallos de preautenticación (pulverización de contraseñas) |
| Operaciones con tiques de servicio Kerberos | 4769 | Solicitud de tiques de servicio; cifrado débil como indicio de ataque a cuentas de servicio |
| Gestión de cuentas de usuario y de grupos | 4720, 4722, 4724, 4728, 4732, 4738, 4756 | Creación de cuentas, cambios de contraseña y altas en grupos privilegiados |
| Acceso al servicio de directorio | 4662 | Lectura de objetos y atributos del directorio, incluida la replicación forzada |
| Cambios en el servicio de directorio | 5136, 5137, 5139, 5141 | Modificación, creación, movimiento y borrado de objetos, con valores anterior y nuevo |
| Inicio y cierre de sesión | 4624, 4625, 4634, 4648 | Quién entró, desde dónde, con qué tipo de sesión y con qué credenciales explícitas |
| Inicio de sesión especial | 4672, 4964 | Uso de privilegios administrativos y de grupos vigilados |
| Creación de procesos | 4688 | Qué se ejecutó, con qué línea de comandos y desde qué proceso padre |
| Cambio de la directiva de auditoría | 4719 | Manipulación de la propia auditoría |
| Cambio del estado del sistema | 1102, 4608, 4609 | Borrado del registro de seguridad, arranques y paradas |
Tres precisiones prácticas sobre esta tabla. La primera: el evento 4688 solo resulta útil de verdad si se activa además la política que incluye la línea de comandos en los eventos de creación de proceso, porque conocer que se ejecutó powershell.exe no dice nada y conocer sus argumentos lo dice casi todo. La segunda: conviene sumar el registro de PowerShell —registro de módulos, registro de bloques de script y transcripción de sesiones—, que guarda el código realmente ejecutado incluso cuando venía cifrado o comprimido en la línea de comandos. Y la tercera: el evento 1102, que señala el borrado del registro de seguridad, es una de las alertas más valiosas de todo el sistema, porque su presencia en un servidor sin ventana de mantenimiento programada equivale a una confesión.
Hay además un evento poco conocido que merece atención en cualquier auditoría previa. En el registro del servicio de directorio, el evento 2889 enumera los clientes que se conectan al directorio sin firmar sus consultas. Ese listado es el inventario exacto de lo que hay que arreglar antes de exigir la firma de las conexiones al directorio, medida que cierra una familia entera de ataques de retransmisión de credenciales.
Con la auditoría bien puesta, una consulta como esta reconstruye en segundos la actividad de una cuenta durante la ventana del incidente:
# Actividad de autenticación de una cuenta en las últimas 72 horas
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
LogName = 'Security'
Id = 4624, 4625, 4648, 4672, 4768, 4769
StartTime = (Get-Date).AddHours(-72)
} | Where-Object { $_.Message -match 'jgonzalez' } |
Select-Object TimeCreated, Id, MachineName |
Export-Csv C:\forense\actividad_jgonzalez.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
El tamaño del registro y la ventana de retención
Una organización puede tener la auditoría perfectamente configurada y perder la prueba de todas formas, por una razón trivial: el registro de seguridad se llena y sobrescribe los eventos antiguos. Con auditoría fina activada, un controlador de dominio de una empresa mediana genera cientos de eventos por segundo en horas punta, y el tamaño que Windows asigna de fábrica al registro de seguridad se agota en horas. El atacante no necesita borrar nada; le basta con que pase el fin de semana.
El cálculo que hay que hacer es sencillo y casi nadie lo hace: cuántos eventos por hora genera cada tipo de máquina, cuánto ocupa cada evento y cuántos días de historia se quieren conservar en el equipo antes de que el reenvío se convierta en la única copia. Con esos tres números se dimensiona el registro:
:: Consulta la configuración actual del registro de Seguridad
wevtutil gl Security
:: Asigna 4 GB al registro de Seguridad (valor en bytes)
wevtutil sl Security /ms:4294967296
:: Vuelca el registro completo preservando el original
wevtutil epl Security C:\forense\Security_DC01.evtx
Ese dimensionamiento debe ir acompañado de una decisión documentada sobre el periodo de conservación. El Reglamento General de Protección de Datos no fija un plazo para los registros de seguridad, porque hace depender la conservación de la finalidad; el ENS exige que los registros de actividad se conserven de forma acorde a la categoría del sistema, y la práctica forense recomienda pensar en meses, no en días, porque el tiempo medio que transcurre entre la intrusión inicial y su detección se mide en semanas. Aquí aparece una tensión real con el principio de minimización, y la salida es la de siempre: justificar el plazo en el análisis de riesgos, dejarlo escrito en la política de seguridad y aplicarlo de manera uniforme. Un plazo razonado y documentado se defiende ante la autoridad de control; un plazo improvisado, no.
Centralización: sacar la prueba del alcance del atacante
Un registro que vive solo en la máquina comprometida es una prueba a merced del sospechoso. La preparación forense exige que los eventos salgan del equipo que los genera casi en el momento en que se generan, y Windows ofrece para eso un mecanismo que ya está en el sistema y no cuesta una licencia: el reenvío de eventos de Windows.
Su arquitectura es simple. Un servidor actúa como colector y publica una o varias suscripciones; los equipos de origen, configurados por política de grupo, leen localmente los canales que la suscripción les pide y empujan los eventos hacia el colector a través del servicio de administración remota, autenticados por el dominio. No hace falta agente en los orígenes, no hay lectura remota de registros y el propio colector puede tener asignado un tamaño de registro generoso o volcar a un sistema de gestión de eventos. Añadir a los orígenes un supervisor de sistema como Sysmon completa el cuadro con creación de procesos con su árbol genealógico, conexiones de red, escrituras en el registro de configuración, consultas de nombres y accesos sospechosos a la memoria de otros procesos.

Tres criterios convierten esa arquitectura en algo que aguanta en un juicio. El primero es la ubicación del colector: si el colector está dentro del mismo dominio y una cuenta con privilegios de dominio puede borrar sus registros, el atacante que llegó a administrador del dominio también llega a la copia. Colocarlo en un dominio administrativo separado, en un sistema de otra naturaleza o en un almacenamiento que no admita reescritura resuelve el problema. El segundo es la integridad demostrable: los volcados periódicos deben sellarse con una función resumen —SHA-256 es hoy la referencia razonable— y ese resumen debe registrarse en un soporte independiente, de modo que cualquier alteración posterior se detecte al instante. El tercero es la completitud verificable: hay que vigilar que las suscripciones sigan activas y que ningún origen deje de reportar, porque un silencio de tres días en una máquina concreta es tan significativo como un evento, y en un informe pericial hay que poder explicar si ese silencio significa que no pasó nada o que alguien apagó el reenvío.
El ecosistema del propio CCN encaja aquí de forma natural. Su sistema de gestión de eventos e información de seguridad, GLORIA, está pensado precisamente para correlacionar y priorizar eventos de organismos públicos, del mismo modo que LUCIA ordena la gestión y la notificación del incidente y REYES permite intercambiar indicadores de compromiso. A LUCIA, REYES y al resto de ese ecosistema les dedicamos ya una entrega propia de esta serie, centrada en qué registra cada plataforma y cuánto vale ese registro como prueba.
El reloj: sin tiempo común no hay cronología
En informática forense la cronología lo es todo, y una cronología es una suma de relojes. Si el servidor de correo va treinta segundos adelantado respecto al cortafuegos y el controlador de dominio va cuarenta atrasado, la secuencia de hechos se vuelve discutible, y un abogado competente lo aprovechará. En un dominio Windows, la sincronización horaria se organiza como una jerarquía.
El servicio de tiempo de Windows organiza el dominio en niveles. Los equipos miembros sincronizan con su controlador de dominio; los controladores sincronizan con el que ostenta el papel de emulador del controlador principal del dominio; y ese emulador, en el dominio raíz del bosque, es el único que debe mirar hacia fuera, hacia una fuente de tiempo externa fiable. En España la referencia natural para esa fuente externa es el servicio horario del Real Instituto y Observatorio de la Armada, responsable del patrón nacional de tiempo. Configurar cuatro o cinco fuentes en lugar de una evita que el fallo o la manipulación de un solo servidor arrastre a todo el bosque.

Lo que un perito necesita, más allá de que el reloj esté bien, es poder demostrar que estaba bien en el momento de los hechos. Eso exige dejar rastro de la sincronización: registro de las mediciones del servicio de tiempo, alertas cuando la desviación supere un umbral definido y comprobaciones periódicas guardadas como evidencia. Los comandos son inmediatos:
:: Estado de la sincronización, con detalle de fuente y desviación
w32tm /query /status /verbose
:: Configuración efectiva del servicio de tiempo
w32tm /query /configuration
:: Comparación del reloj local con el del emulador del PDC
w32tm /stripchart /computer:dc01.dominio.local /samples:5 /dataonly
Hay un matiz jurídico que rara vez se comenta. La manipulación deliberada del reloj de un sistema es una forma sofisticada de destruir prueba, porque no borra nada: desplaza la cronología y la vuelve inservible. Por eso la auditoría de los cambios de hora del sistema debe estar activada y vigilada, y por eso el privilegio de cambiar la hora del sistema debe estar restringido a las cuentas que estrictamente lo necesiten. Un desplazamiento de horas en el reloj de un servidor, si se detecta, es un indicio de encubrimiento; si no se detecta, es el final de la investigación.
Identidad y privilegio: quién pudo hacerlo
La pregunta que el jurista formula al perito casi siempre es la misma: ¿quién pudo hacer esto? Y la respuesta técnica depende de cómo esté organizado el privilegio en el dominio. En la mayoría de las organizaciones que sufren un ataque grave, la respuesta incómoda es «cualquiera de cuarenta personas, desde cualquiera de mil doscientos ordenadores», y esa respuesta, además de un problema de seguridad, es un problema probatorio: donde todos pueden todo, nadie responde de nada.
Microsoft mantuvo durante años el llamado modelo por niveles, con su bosque administrativo dedicado, y lo retiró como recomendación general en favor del modelo de acceso empresarial, que habla de un plano de control que agrupa los activos de los que depende la seguridad de todo lo demás. Cambia el nombre y el alcance, pero la idea de fondo se mantiene intacta: los sistemas que controlan la identidad de la organización forman una categoría aparte, y las credenciales que los administran no pueden pisar nunca los equipos de usuario, porque un ordenador de escritorio comprometido convierte cualquier credencial que se use en él en credencial del atacante.

Los controles que materializan esa separación y que un perito debe buscar son concretos y comprobables. Cuentas administrativas separadas de las cuentas de trabajo diario, sin correo ni navegación. Estaciones de administración dedicadas, endurecidas y sin acceso general a Internet, desde las que se administra el dominio. Cuentas críticas dentro del grupo de usuarios protegidos, que impide el uso de protocolos débiles y la conservación de sus credenciales en memoria, y marcadas como sensibles para que no puedan delegarse. Autenticación multifactor resistente a la suplantación —llaves de seguridad o tarjetas criptográficas— para todo acceso administrativo. Contraseñas de administrador local gestionadas y rotadas automáticamente, con la solución que Windows integra desde abril de 2023 en el propio sistema y que además custodia la contraseña del modo de restauración de los controladores de dominio; su predecesora, el producto añadido, quedó descartada en las versiones nuevas. Cuentas de servicio administradas por grupo, con contraseñas que nadie conoce. Y, en el plano de la delegación, revisión periódica de quién tiene permisos sobre los objetos privilegiados del directorio, de las plantillas de la autoridad de certificación y de las relaciones de confianza.
Hay una prueba de estrés muy sencilla para saber si esta arquitectura existe de verdad. Consiste en preguntar cuándo se cambió por última vez la contraseña de la cuenta que firma los tiques de Kerberos en el dominio, y qué pasaría si un atacante la hubiera obtenido hace ocho meses. Si nadie sabe la respuesta, la organización no tiene forma de afirmar que el atacante ya no está dentro:
# ¿Cuándo se renovó por última vez la clave que firma los tiques del dominio?
Get-ADUser -Identity krbtgt -Properties PasswordLastSet, whenChanged |
Select-Object Name, PasswordLastSet, whenChanged
# Miembros efectivos de los grupos del plano de control
'Domain Admins', 'Enterprise Admins', 'Schema Admins', 'Administrators' |
ForEach-Object { Get-ADGroupMember -Identity $_ -Recursive |
Select-Object @{n='Grupo';e={$_}}, SamAccountName, objectClass }
Ese mismo razonamiento se aplica a la vigilancia continua. Que un usuario normal aparezca de pronto en un grupo privilegiado, que una cuenta administrativa inicie sesión en una estación de trabajo de usuario o que se instale un servicio nuevo en un controlador de dominio son sucesos que, aislados y en un entorno bien organizado, justifican una alerta inmediata. Microsoft lo formula con una claridad que conviene citar: un evento merece alerta cuando su simple aparición es un indicio fuerte de actividad no autorizada y su investigación es obligada.
Integridad y confidencialidad: cifrado, firma y protocolos heredados
El cifrado es la única medida técnica que el Reglamento General de Protección de Datos menciona por su nombre, y en un dominio Windows tiene dos frentes.
En reposo, BitLocker con anclaje en el módulo de plataforma segura protege el disco de los servidores y, sobre todo, de los portátiles, que es donde se materializa el riesgo de pérdida y robo; la guía de cliente incorpora expresamente su uso seguro. Hay un caso que se olvida con demasiada frecuencia: el de los controladores de dominio virtualizados. El fichero de disco virtual de un controlador contiene la base de datos completa del directorio, con las credenciales de toda la organización, de modo que quien copia ese fichero de la cabina de almacenamiento o de la copia de seguridad se lleva el dominio entero sin tocar el sistema operativo. Proteger la plataforma de virtualización y las copias con el mismo celo que el propio controlador es parte de la medida, no un añadido.
En tránsito, el trabajo consiste en firmar y cifrar lo que se puede y en retirar lo que sobra. Firma obligatoria y cifrado del tráfico de ficheros; firma de las conexiones al directorio y comprobación de la vinculación del canal, que cierra los ataques de retransmisión; escritorio remoto siempre con autenticación previa y cifrado moderno; y un plan real de retirada de los protocolos de autenticación heredados, que Microsoft ha declarado en desuso y que siguen vivos en tantas redes por una impresora antigua o una aplicación que nadie se atreve a tocar. El inventario para ese plan se saca de los propios registros, cruzando los eventos de validación de credenciales heredadas con los avisos del servicio de directorio sobre conexiones sin firmar.
Al conjunto se suman las medidas que protegen las credenciales en la memoria del equipo, con el aislamiento por virtualización de los secretos de autenticación, y las que reducen la superficie de ataque del puesto de trabajo, con integridad de código y reglas que bloquean los comportamientos característicos de un ataque. Su valor probatorio es indirecto y a la vez considerable: cuando una organización puede acreditar que tenía activadas estas protecciones, la hipótesis del descuido se debilita, y el análisis se orienta hacia cómo se sortearon defensas serias en vez de hacia por qué no había ninguna.
Disponibilidad y recuperación: el día en que hay que reconstruir el dominio
Casi todos los incidentes graves en dominios Windows terminan en la misma encrucijada: hay que recuperar el servicio cuanto antes y, al mismo tiempo, preservar la escena. Las dos exigencias tiran en direcciones opuestas, y quien no ha decidido de antemano cómo resolver esa tensión decide mal, con la dirección encima y el teléfono sonando.
La parte previsible se prepara con antelación. Copias del estado del sistema de al menos dos controladores, guardadas fuera del dominio y en soportes que no se puedan sobrescribir, porque un atacante con privilegios de dominio borra las copias que dependen de credenciales del dominio, y lo hace siempre antes de cifrar. Papelera del directorio habilitada, que permite recuperar objetos borrados con sus atributos durante el plazo de conservación configurado, en lugar de dejarlos como restos irrecuperables. Y un plan de recuperación del bosque escrito, con el orden de restauración, la renovación de las claves críticas y los datos de contacto de quien tiene que autorizar cada paso. Ese plan hay que ensayarlo, porque el día del incidente nadie lee un documento de cuarenta páginas por primera vez.
La parte forense es un acuerdo previo: qué se adquiere antes de tocar nada. Un compromiso razonable, que ninguna organización lamenta haber adoptado, consiste en fijar por escrito que ningún controlador de dominio comprometido se apaga, se restaura ni se reinstala hasta que se haya capturado su memoria y se haya obtenido una imagen o un volcado consistente de sus registros y de la base de datos del directorio. Es un párrafo en el plan de respuesta y es la diferencia entre tener caso y no tenerlo.
Adquisición forense de un controlador de dominio
Llegamos al terreno donde el trabajo del perito es insustituible. Adquirir evidencia de un controlador de dominio tiene reglas propias, y la primera es la más antigua de la disciplina: respetar el orden de volatilidad que estableció el RFC 3227, recogiendo primero lo que antes desaparece.

Lo primero es la memoria. En un controlador de dominio la memoria contiene los tiques de Kerberos en uso, las sesiones abiertas, los procesos en marcha y, con frecuencia, las herramientas que el atacante cargó sin escribirlas en disco. Se captura con una herramienta de adquisición reconocida, documentando su versión y su resumen criptográfico, y se sella el volcado en el acto. Después vienen los datos de red y de sesión: conexiones establecidas, tablas de resolución, sesiones de ficheros abiertas. Y solo entonces se trabaja sobre disco.
En disco, los artefactos que importan en un controlador son bastante específicos: los registros de eventos completos —seguridad, sistema, servicio de directorio, servidor DNS, administración remota, PowerShell—, las políticas de grupo con su histórico, las tareas programadas, los servicios, el árbol de configuración del sistema, los metadatos del sistema de ficheros y, por descontado, la base de datos del directorio junto con la clave que permite descifrarla. Para obtener una copia consistente de esa base de datos sin detener el servicio existe una utilidad del propio sistema pensada para crear medios de instalación, que produce exactamente lo que se necesita:
:: Copia consistente de la base de datos del directorio y del registro necesario
ntdsutil "activate instance ntds" "ifm" "create full C:\forense\ifm_dc01" quit quit
:: Volcado de los registros relevantes de un controlador
for %L in (Security System "Directory Service" "DNS Server") do @wevtutil epl "%L" "C:\forense\%~nL.evtx"
:: Informe completo de todas las políticas de grupo del dominio
powershell -c "Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path C:\forense\gpo_dominio.html"
Ese volcado debe manejarse con la conciencia de lo que contiene: la base de datos del directorio incluye los resúmenes criptográficos de todas las contraseñas de la organización. Su custodia exige cifrado, control de acceso nominativo y registro de cada acceso, y la propia adquisición debería estar autorizada por escrito. Es evidencia y es a la vez un riesgo en sí misma.
Hay un artefacto extraordinariamente útil y poco conocido que rescata investigaciones cuando los registros ya se han perdido: los metadatos de replicación del directorio. Cada atributo de cada objeto guarda cuándo se modificó por última vez, en qué controlador se originó el cambio y cuántas veces se ha modificado. Eso permite fechar la manipulación de un objeto meses después, sin ningún registro de eventos:
# Cuándo y en qué controlador se modificó cada atributo de un objeto
Get-ADReplicationAttributeMetadata -Object "CN=Administrador,CN=Users,DC=dominio,DC=local" `
-Server dc01.dominio.local -ShowAllLinkedValues |
Select-Object AttributeName, LastOriginatingChangeTime, LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity, Version |
Sort-Object LastOriginatingChangeTime -Descending
Dos advertencias específicas de este entorno. La primera afecta a los controladores virtualizados: jamás se revierte una instantánea de un controlador de dominio en producción, porque la reversión provoca una inconsistencia de replicación de la que el dominio no se recupera con facilidad; para trabajar sobre una copia hay que aislarla en una red cerrada. La segunda afecta a la cadena de custodia: cada pieza adquirida necesita su resumen criptográfico calculado en el momento de la adquisición, su acta con quién, cuándo, cómo y por qué, y su copia de trabajo, de modo que el análisis nunca toque el original. Es lo que la doctrina forense llama mismidad, y lo que sistematizan la norma ISO/IEC 27037 para la identificación, recogida y preservación de la evidencia digital y las normas hermanas de la misma familia para la idoneidad del método y el análisis.
El marco legal español añade sus propias condiciones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula en sus artículos 588 sexies y siguientes el registro de dispositivos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos, con exigencia de autorización judicial motivada. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial excluye del proceso la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales. Y en el ámbito laboral, el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales condiciona el acceso del empresario a los dispositivos digitales del trabajador a la existencia de criterios previamente comunicados. Un perito que no atiende a estas tres piezas puede entregar un informe técnicamente impecable y jurídicamente inservible.
Reconstruir el ataque: la cronología que convence
Con todo lo anterior en su sitio, la reconstrucción de un ataque en un dominio deja de ser un ejercicio de intuición. Cada paso del atacante tiene su registro, y el trabajo consiste en ordenarlos en una línea temporal única y explicarla.
Un acceso inicial por correo aparece como creación de proceso hija de la aplicación de correo, seguida de una conexión de red hacia un destino desconocido. El reconocimiento del dominio deja consultas al directorio y, si la auditoría de acceso al servicio de directorio está activa, lecturas de objetos poco habituales para esa cuenta. La recolección de credenciales deja accesos a la memoria del proceso de autenticación, que el supervisor de sistema registra con precisión. El salto lateral produce inicios de sesión de red y accesos a recursos administrativos compartidos en la máquina destino, con la creación de un servicio o de una tarea programada como huella de la ejecución remota. La escalada al dominio deja peticiones anómalas de tiques de servicio, altas en grupos privilegiados registradas con su valor anterior y su valor nuevo, y, en el momento de la replicación forzada de la base de datos, un evento de acceso al directorio desde una cuenta y una máquina que no deberían replicar nada. El final —borrado de copias, despliegue del cifrado— deja instalación de servicios, ejecución de comandos administrativos y, con suerte para el investigador y mala suerte para el atacante, el borrado del registro de seguridad como último y torpe intento de tapar el rastro.

Lo que convierte esa secuencia en prueba es la disciplina con la que se construye: eventos procedentes de un almacén cuya integridad se puede acreditar, relojes cuya sincronización se puede demostrar, artefactos adquiridos con método y documentados uno a uno, y un informe que distingue con honestidad lo que consta de lo que se infiere. Esa distinción es la que más credibilidad da a un perito en sala, y la que más echan de menos los tribunales.
Lista de verificación para el perito y para quien quiere estar preparado
Como cierre operativo, un guion de comprobaciones que sirve en las dos direcciones: al perito, para saber qué pedir; a la organización, para saber si podrá responder.
- Directiva de auditoría avanzada activa en controladores y servidores, con la opción que fuerza las subcategorías, y las subcategorías de acceso y cambios en el directorio habilitadas.
- Línea de comandos incluida en los eventos de creación de proceso, y registro de bloques de script de PowerShell activado.
- Tamaño del registro de seguridad dimensionado con un cálculo escrito, y periodo de conservación justificado en la política de seguridad.
- Reenvío de eventos operativo hacia un colector situado fuera del alcance de una cuenta con privilegios de dominio, con resúmenes criptográficos periódicos de los volcados.
- Vigilancia de la propia auditoría: alertas ante el borrado del registro de seguridad y ante los cambios de la directiva de auditoría.
- Jerarquía horaria correcta, con el emulador del controlador principal apuntando a fuentes externas fiables, y registro de las mediciones de sincronización.
- Cuentas administrativas separadas, estaciones de administración dedicadas y autenticación multifactor resistente a la suplantación en todos los accesos privilegiados.
- Contraseñas de administrador local gestionadas y rotadas de forma automática, y cuentas de servicio administradas por grupo.
- Grupos del plano de control revisados y con vigilancia de altas, delegaciones sobre objetos privilegiados auditadas y plantillas de certificados revisadas.
- Fecha de la última renovación de la clave que firma los tiques del dominio, y procedimiento escrito para renovarla.
- Copias de al menos dos controladores fuera del dominio, en soporte no reescribible, con restauración probada, y papelera del directorio habilitada.
- Plan de recuperación del bosque escrito y ensayado, con el compromiso expreso de no apagar ni reinstalar un controlador comprometido antes de adquirir su memoria y sus registros.
- Informe reciente de conformidad técnica con las guías de la serie 500 que correspondan al perfil declarado, con los desvíos documentados y con plazo de corrección.
Lo que se puede demostrar
Ninguna de estas medidas evita un ataque. Un adversario con recursos, tiempo y un usuario dispuesto a abrir un adjunto acabará entrando en casi cualquier organización, y presentar la seguridad como una promesa de invulnerabilidad es una forma elegante de mentir. Lo que estas medidas cambian es otra cosa, y no es menor: determinan si, cuando el ataque ocurra, la organización podrá contar con precisión lo que pasó, acotar el daño real, notificarlo con datos en lugar de con conjeturas y acreditar ante la Agencia Española de Protección de Datos o ante un juzgado que hizo lo que estaba obligada a hacer.
La serie 500 del CCN ofrece para eso algo bastante valioso: un criterio público, escrito y verificable de lo que significa configurar bien un entorno Microsoft, con perfiles distintos según lo que esté en juego y con una herramienta gratuita para comprobar el cumplimiento. Usarla no convierte a nadie en invulnerable. La deja, eso sí, en una posición muy distinta de la de quien improvisa, y esa diferencia se nota justo cuando más importa.
Seguiremos recorriendo el catálogo. Con las herramientas del CCN —LUCIA, REYES, SAT y AMPARO— ya tratadas en su propia entrega, el terreno que falta por pisar es el de los entornos web, con la guía 812, donde nace buena parte de las brechas de datos que acaban en un expediente.
CCN-STIC Series 500 Guides: What a Windows Domain Can Prove Once the Attacker Has Been Inside
Forensic readiness and Spanish ENS compliance in Active Directory: auditing, time, privilege, and the acquisition of a domain controller.
On a Friday afternoon, at a mid-sized company, somebody opens an attachment that looked like an invoice. By Monday morning, twelve hundred computers display the same ransom note, both domain controllers are encrypted, and the IT manager discovers that the backups were deleted from a domain administrator account at 3:14 on Sunday morning. Management asks the usual questions, and asks them late: what exactly happened, who got in, through which door, how long were they inside, and what data did they take. The answer to those five questions has little to do with the antivirus or the firewall. It depends on configuration decisions taken —or not taken— months earlier, when nobody was watching.
A few months ago we walked through that same problem on a Linux server, guided by one question: how does an organisation prove that its infrastructure met its legal obligations once the attack has already happened? That analysis rested on the concept of forensic readiness, on the security dimensions of Spain’s National Security Framework (Esquema Nacional de Seguridad, ENS) and on a handful of Unix tools. It is time to bring the same approach to the ground where most Spanish organisations actually work: an Active Directory domain running on Microsoft Windows Server, with its workstations, its file server, its mail system and its group policies. It is the most common environment and also the most attractive one for an attacker, because in it the identity of the entire company hangs from a handful of machines.
For that environment, Spain’s National Cryptologic Centre (CCN) maintains an entire family of documents: series 500 of the CCN-STIC catalogue. This article walks through it with the eyes of a forensic expert and a legal adviser, and translates its requirements into controls that can be verified in a real domain, with the commands that check them and the records that later hold up an expert report.
One caveat up front. This text does not replace the guides, which run to hundreds of pages and contain exhaustive configuration checklists with their own security templates; and it assumes a reader with some grounding in Windows Server administration, group policy and the basics of network authentication. What it adds is the thread that connects technical configuration with evidential value, which is exactly the thread everyone misses once the incident has happened and it must be explained to a judge.
Series 500: the CCN catalogue for the Microsoft world
The CCN-STIC catalogue is organised in numbered series, and that organisation, which we explained in the opening article of this series, follows a simple logic: the lower series collect policies, procedures and standards; series 400 gathers general guides; series 500 is devoted entirely to Microsoft environments; series 600 covers other operating systems and databases; series 800 develops the National Security Framework; and series 900 and above hold technical reports and secure product deployment guides.
Series 500 has been designed incrementally, and that detail matters more than it seems. No single guide secures a server on its own: several are applied consecutively, depending on the operating system, the machine’s role and the services it provides. A mail server, for instance, is first configured as a domain member server with the general guide and then hardened with the specific guide for its product.
The numbering also carries a suffix with a meaning of its own. The final letter identifies the deployment scenario: A for machines that belong to an Active Directory domain, B for standalone or domain-isolated machines, and AB for documents covering both. The last two digits mark the year of the revision, so 570A25 is the 2025 edition of the Windows Server guide for domain controllers and member servers.
The core pieces of the series, as things stand, are these.
| Guide | Subject | Relevant detail |
|---|---|---|
| CCN-STIC-570A25 | Security profiling for Windows Server, as a domain controller or member server | Written using Windows Server 2025 Standard as its baseline; recommended from Windows Server 2019 onwards |
| CCN-STIC-599AB23 | Security profiling for Windows Client | Not tied to a specific edition; adds secure use of BitLocker and protection of portable devices |
| CCN-STIC-573-25 | Security profiling for a file server acting as a domain member server | Published in June 2025; includes a step-by-step basic configuration walkthrough |
| CCN-STIC-574A25 | Security hardening for Microsoft Internet Information Services | Supersedes the earlier IIS 10 guide for Windows Server 2016 |
| CCN-STIC-576A25 | Security hardening for Microsoft Exchange Subscription Edition | Corporate mail, one of the attacker’s favourite targets |
| CCN-STIC-577A21 | Security profiling for Microsoft SharePoint Server 2019 | Documents and internal collaboration |
| CCN-STIC-568A25 | Security hardening for Windows Server Update Services (WSUS) | The service that distributes patches, and therefore a high-value target |
| CCN-STIC-575 | Security implementation for Microsoft SQL Server | Databases, where personal data usually lives |
The conceptual shift in recent editions lies in the word profiling. The old guides described a single implementation; current ones start from an exhaustive review of the security options available in the product and sort them into distinct compliance profiles, so that administrators apply the one that fits their case: the ENS profile, the profile for systems handling limited distribution information, and the profile for systems handling national classified information. The same guide therefore serves the town council that needs to comply with Royal Decree 311/2022 and the body handling classified material, without forcing the former to accept restrictions designed for the latter.
That profiling carries an interesting legal consequence. When an organisation states that it has configured its servers according to a given profile of a CCN-STIC guide, it is putting in writing the standard of diligence it commits to. That is a verifiable claim, and this is precisely its virtue: control by control, one can check whether the system was as it was said to be. For a forensic expert, that check becomes the backbone of the report.

The CCN itself makes that verification easier with CLARA, its free technical compliance analysis tool. CLARA runs on the Windows system to be audited, compares its actual configuration against the security templates of the relevant guides, and produces both a technical and an executive report stating the level of conformity reached. Its latest evolution incorporates the series 500 profiles and adds practical data such as the end-of-support date of the operating system analysed, a fact that carries weight in court: keeping an unsupported server in production is hard to present as due diligence.
Why Active Directory is the target, not an infrastructure detail
Active Directory has been the backbone of corporate identity for a quarter of a century. A 2020 Frost & Sullivan report placed it as the primary authentication and authorisation mechanism in around ninety per cent of the world’s thousand largest companies, and the arrival of the cloud has not displaced it: most organisations now run in hybrid mode, with an on-premises domain synchronised against a cloud directory, so that compromise of the former contaminates the latter.
The Microsoft Digital Defense Report published in October 2025 offers eloquent context. More than half of cyberattacks with a known motivation are driven by extortion or ransomware; identity attacks grew by thirty-two per cent in the first half of 2025, and ninety-seven per cent of them were password spraying, that patient technique which tries a few very common passwords against thousands of accounts so as not to trigger lockouts. The same report notes that four out of ten ransomware attacks now have a hybrid component, against fewer than five per cent in 2023. And it offers a figure worth repeating in every board meeting: multifactor authentication, especially the phishing-resistant kind, blocks more than ninety-nine per cent of identity-based attacks.
Why the domain is the target becomes clearer through the attacker’s own logic. Nobody attacks a domain controller head-on. They come in where it is easy —a mail attachment, a reused password, an unpatched published service—, take any workstation, and from there begin a patient job of credential harvesting and lateral movement that ends, sooner or later, in an account with privileges over the domain. That journey has well-known technical names: extracting credentials from the memory of the authentication process, replaying password hashes without ever knowing the password, requesting service tickets en masse to crack their passwords offline, abusing a misconfigured delegation or a permissive certificate template, and, as the final step, forcing replication of the directory database to seize every credential in the organisation at once.
Each of those steps leaves a trace. The trouble is that the trace only exists if somebody enabled it beforehand, is kept long enough, and sits beyond the reach of whoever has just taken control of the system. That, precisely, is what forensic readiness is about.

The five ENS dimensions, translated into a Windows domain
The National Security Framework, currently developed by Royal Decree 311/2022, assesses a system’s security across five dimensions remembered by the Spanish acronym ACIDA: authenticity, confidentiality, integrity, availability and traceability. Every service and every set of information is categorised as low, medium or high in each dimension, and the required measures follow from that categorisation. Translating those five words into the vocabulary of a Windows domain is the first task, both for configuring and for auditing.
Authenticity answers whether whoever claims to be someone truly is. In a domain it takes the form of the password policy and its fine-grained variants, multifactor authentication for administrative and remote access, the use of Kerberos over legacy protocols, membership of the protected users group for critical accounts, and automated management of local administrator passwords.
Confidentiality asks who can read what. Here belong effective permissions on shared folders, disk encryption on servers and laptops, signing and encryption of file traffic, signing of directory queries, and the progressive retirement of legacy authentication protocols.
Integrity requires assurance that nothing is altered without authorisation, and in a domain its most important expression is group policy, together with monitoring of directory objects and protection of binaries and drivers through code integrity and attack surface reduction rules.
Availability is decided in the backups, in their isolation from the domain, and in the existence of a forest recovery plan that somebody has actually rehearsed.
And traceability, the dimension that decides whether there will be a case at all, requires the ability to reconstruct who did what and when. In Windows that means advanced audit policy, sufficient log size and retention, event centralisation beyond the attacker’s reach, and a common, demonstrable clock.

There is an asymmetry among these five dimensions worth keeping in mind. A confidentiality or availability failure shows: the data appears published, the service goes down. A traceability failure never shows until the day the evidence is needed, and by then no remedy exists, because records that were never generated cannot be generated retroactively. It is the only dimension whose breach is always discovered too late.
Traceability: the advanced audit policy
Windows ships with sparse auditing. It records logons and some account changes, and leaves switched off almost everything an investigation needs. Since Windows Vista and Windows Server 2008 there has been an advanced audit policy that breaks the nine classic categories down into more than fifty subcategories, and that is where the work must be done.
The first detail is purely operational and explains a startling number of failed audits. For advanced subcategories to take effect, the security option that forces subcategory settings to override category settings must be enabled; otherwise a legacy policy can overwrite the whole fine-grained configuration and leave the server auditing the bare minimum while the compliance report claims the opposite. It takes a minute to check:
:: Actual audit state, category by category
auditpol /get /category:*
:: Checking one specific subcategory
auditpol /get /subcategory:"Directory Service Changes"
Microsoft publishes audit recommendations for workstations and servers, with a baseline and a stronger tier, and expressly marks with the role’s initials those subcategories that must be enabled on domain controllers. Among them, two that a default installation leaves switched off and that sit at the heart of any investigation into the directory: directory service access and directory service changes. Without the second, a change of membership in a privileged group leaves a thin trail; with it, the record keeps the modified attribute, its old value and its new one.
The subcategories no domain should have disabled, with the events they produce, are the following.
| Subcategory | Characteristic events | What it allows you to reconstruct |
|---|---|---|
| Credential validation | 4776 | Authentications over legacy protocols against the controller |
| Kerberos authentication service | 4768, 4771 | Issuance of initial tickets and pre-authentication failures (password spraying) |
| Kerberos service ticket operations | 4769 | Service ticket requests; weak encryption as an indicator of attacks on service accounts |
| User and group account management | 4720, 4722, 4724, 4728, 4732, 4738, 4756 | Account creation, password changes and additions to privileged groups |
| Directory service access | 4662 | Reads of directory objects and attributes, including forced replication |
| Directory service changes | 5136, 5137, 5139, 5141 | Modification, creation, movement and deletion of objects, with old and new values |
| Logon and logoff | 4624, 4625, 4634, 4648 | Who logged in, from where, with which session type and which explicit credentials |
| Special logon | 4672, 4964 | Use of administrative privileges and of watched groups |
| Process creation | 4688 | What was executed, with which command line and from which parent process |
| Audit policy change | 4719 | Tampering with the auditing itself |
| System state change | 1102, 4608, 4609 | Clearing of the security log, start-ups and shutdowns |
Three practical notes on that table. First: event 4688 only becomes genuinely useful if the policy that includes the command line in process creation events is also enabled, because knowing that powershell.exe ran says nothing, and knowing its arguments says almost everything. Second: it is worth adding PowerShell logging —module logging, script block logging and session transcription—, which keeps the code actually executed even when it arrived encoded or compressed on the command line. And third: event 1102, marking the clearing of the security log, is one of the most valuable alerts in the whole system, because its presence on a server with no scheduled maintenance window amounts to a confession.
There is also a little-known event that deserves attention in any preliminary audit. In the directory service log, event 2889 lists the clients connecting to the directory without signing their queries. That list is the exact inventory of what needs fixing before enforcing signed directory connections, a measure that closes off an entire family of credential relay attacks.
With auditing properly set up, a query like this reconstructs an account’s activity during the incident window in seconds:
# Authentication activity for an account over the last 72 hours
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
LogName = 'Security'
Id = 4624, 4625, 4648, 4672, 4768, 4769
StartTime = (Get-Date).AddHours(-72)
} | Where-Object { $_.Message -match 'jgonzalez' } |
Select-Object TimeCreated, Id, MachineName |
Export-Csv C:\forensics\activity_jgonzalez.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
Log size and the retention window
An organisation can have auditing perfectly configured and still lose the evidence, for a trivial reason: the security log fills up and overwrites older events. With fine-grained auditing enabled, a domain controller in a mid-sized company generates hundreds of events per second at peak hours, and the size Windows assigns to the security log out of the box is exhausted within hours. The attacker need not delete anything; a weekend is enough.
The calculation to be made is straightforward and almost nobody makes it: how many events per hour each type of machine generates, how much each event occupies, and how many days of history should remain on the device before forwarding becomes the only copy. Those three numbers size the log:
:: Query the current configuration of the Security log
wevtutil gl Security
:: Assign 4 GB to the Security log (value in bytes)
wevtutil sl Security /ms:4294967296
:: Export the full log while preserving the original
wevtutil epl Security C:\forensics\Security_DC01.evtx
That sizing must go hand in hand with a documented decision on the retention period. The General Data Protection Regulation sets no fixed term for security logs, since it ties retention to purpose; the ENS requires activity records to be kept in a manner consistent with the system’s category; and forensic practice suggests thinking in months rather than days, because the average time between initial intrusion and detection is measured in weeks. A genuine tension with the minimisation principle appears here, and the way out is the usual one: justify the period in the risk analysis, write it into the security policy, and apply it consistently. A reasoned, documented period can be defended before the supervisory authority; an improvised one cannot.
Centralisation: moving the evidence beyond the attacker’s reach
A log that lives only on the compromised machine is evidence at the mercy of the suspect. Forensic readiness requires events to leave the device that generates them almost as they are generated, and Windows offers a mechanism for that which is already in the system and costs no licence: Windows Event Forwarding.
Its architecture is simple. One server acts as collector and publishes one or more subscriptions; the source machines, configured through group policy, read locally the channels the subscription asks for and push the events to the collector over the remote management service, authenticated by the domain. No agent is needed on the sources, no logs are read remotely, and the collector itself can be given a generous log size or forward everything to a security information and event management system. Adding a system monitor such as Sysmon to the sources completes the picture with process creation and its family tree, network connections, registry writes, name resolution queries and suspicious accesses to other processes’ memory.

Three criteria turn that architecture into something that holds up in court. The first is where the collector sits: if it lives inside the same domain and an account with domain privileges can wipe its logs, the attacker who reached domain administrator also reaches the copy. Placing it in a separate administrative domain, on a system of a different nature, or on write-once storage solves the problem. The second is demonstrable integrity: periodic exports must be sealed with a hash function —SHA-256 being today’s reasonable reference— and that digest must be recorded on independent media, so that any later alteration is detected at once. The third is verifiable completeness: subscriptions must be monitored to confirm they remain active and that no source has stopped reporting, because three days of silence from one machine is as meaningful as an event, and an expert report must be able to explain whether that silence means nothing happened or somebody switched forwarding off.
The CCN’s own ecosystem fits naturally here. Its security information and event management system, GLORIA, is designed precisely to correlate and prioritise events from public bodies, just as LUCIA structures incident handling and notification and REYES enables the exchange of indicators of compromise. We have already devoted an instalment of this series to LUCIA, REYES and the rest of that ecosystem, focused on what each platform records and how much that record is worth as evidence.
The clock: without common time there is no timeline
In digital forensics the timeline is everything, and a timeline is a sum of clocks. If the mail server runs thirty seconds ahead of the firewall and the domain controller forty seconds behind, the sequence of events becomes arguable, and a competent lawyer will exploit that. In a Windows domain, time synchronisation is organised as a hierarchy.
The Windows time service organises the domain in tiers. Member machines synchronise with their domain controller; controllers synchronise with the one holding the primary domain controller emulator role; and that emulator, in the forest root domain, is the only one that should look outwards, towards a reliable external time source. In Spain the natural reference for that external source is the time service of the Royal Institute and Observatory of the Navy, which holds the national time standard. Configuring four or five sources instead of one prevents the failure or manipulation of a single server from dragging the whole forest along.

What a forensic expert needs, beyond the clock being right, is to be able to prove it was right at the time of the events. That means leaving a trail of synchronisation: logging the time service’s measurements, alerting when drift exceeds a defined threshold, and keeping periodic checks as evidence. The commands are immediate:
:: Synchronisation status, with source and offset detail
w32tm /query /status /verbose
:: Effective configuration of the time service
w32tm /query /configuration
:: Compare the local clock against the PDC emulator
w32tm /stripchart /computer:dc01.domain.local /samples:5 /dataonly
There is a legal nuance rarely discussed. Deliberately tampering with a system clock is a sophisticated way of destroying evidence, because it deletes nothing: it shifts the timeline and renders it useless. That is why auditing of system time changes must be enabled and watched, and why the privilege to change system time must be restricted to the accounts that strictly need it. A shift of hours in a server’s clock, if detected, is an indication of cover-up; if undetected, it is the end of the investigation.
Identity and privilege: who could have done it
The question a lawyer puts to a forensic expert is nearly always the same: who could have done this? And the technical answer depends on how privilege is organised in the domain. In most organisations that suffer a serious attack, the uncomfortable answer is «any one of forty people, from any one of twelve hundred computers», and that answer, besides being a security problem, is an evidential one: where everybody can do everything, nobody answers for anything.
Microsoft maintained for years the so-called tiered model, with its dedicated administrative forest, and retired it as a general recommendation in favour of the enterprise access model, which speaks of a control plane grouping the assets on which the security of everything else depends. The name and the scope change; the underlying idea stays intact: the systems that control the organisation’s identity form a category of their own, and the credentials that administer them must never touch user machines, because a compromised desktop turns any credential used on it into the attacker’s credential.

The controls that make that separation real, and that a forensic expert should look for, are concrete and checkable. Administrative accounts separate from day-to-day work accounts, with no mail and no browsing. Dedicated administration workstations, hardened and without general Internet access, from which the domain is managed. Critical accounts inside the protected users group, which prevents the use of weak protocols and the caching of their credentials in memory, and flagged as sensitive so they cannot be delegated. Phishing-resistant multifactor authentication —security keys or cryptographic cards— for all administrative access. Local administrator passwords managed and rotated automatically, with the solution Windows has integrated into the operating system itself since April 2023, which also safeguards the restore mode password of domain controllers; its predecessor, the add-on product, is deprecated on newer releases. Group-managed service accounts, with passwords nobody knows. And, on the delegation front, periodic review of who holds permissions over privileged directory objects, over certification authority templates and over trust relationships.
There is a very simple stress test to find out whether this architecture truly exists. It consists of asking when the password of the account that signs Kerberos tickets in the domain was last changed, and what would happen if an attacker had obtained it eight months ago. If nobody knows the answer, the organisation has no way of asserting that the attacker is no longer inside:
# When was the key that signs the domain's tickets last renewed?
Get-ADUser -Identity krbtgt -Properties PasswordLastSet, whenChanged |
Select-Object Name, PasswordLastSet, whenChanged
# Effective membership of the control plane groups
'Domain Admins', 'Enterprise Admins', 'Schema Admins', 'Administrators' |
ForEach-Object { Get-ADGroupMember -Identity $_ -Recursive |
Select-Object @{n='Group';e={$_}}, SamAccountName, objectClass }
The same reasoning applies to continuous monitoring. A regular user suddenly appearing in a privileged group, an administrative account logging on to a user workstation, or a new service being installed on a domain controller are occurrences that, taken alone and in a well-organised environment, justify an immediate alert. Microsoft puts it with a clarity worth quoting: an event deserves an alert when its mere occurrence is a strong indicator of unauthorised activity and its investigation is mandatory.
Integrity and confidentiality: encryption, signing and legacy protocols
Encryption is the only technical measure the General Data Protection Regulation names explicitly, and in a Windows domain it has two fronts.
At rest, BitLocker anchored in the trusted platform module protects the disks of servers and, above all, of laptops, where the risk of loss and theft actually materialises; the client guide expressly covers its secure use. One case is forgotten far too often: virtualised domain controllers. A controller’s virtual disk file contains the complete directory database, with the credentials of the whole organisation, so whoever copies that file from the storage array or from the backup takes the entire domain without ever touching the operating system. Protecting the virtualisation platform and the backups with the same zeal as the controller itself is part of the measure, not an add-on.
In transit, the work consists of signing and encrypting what can be signed and encrypted, and retiring what should no longer be there. Mandatory signing and encryption of file traffic; signed directory connections with channel binding verification, which closes off relay attacks; remote desktop always with prior authentication and modern encryption; and a real plan to retire legacy authentication protocols, which Microsoft has declared deprecated and which survive in so many networks because of an old printer or an application nobody dares touch. The inventory for that plan comes out of the logs themselves, cross-referencing legacy credential validation events with the directory service warnings about unsigned connections.
To all this are added the measures that protect credentials in device memory, isolating authentication secrets through virtualisation, and those that reduce the workstation’s attack surface with code integrity and rules blocking behaviour characteristic of an attack. Their evidential value is indirect and at the same time considerable: when an organisation can show these protections were enabled, the carelessness hypothesis weakens, and the analysis turns towards how serious defences were circumvented rather than why there were none.
Availability and recovery: the day the domain must be rebuilt
Almost every serious incident in a Windows domain ends at the same crossroads: the service must be restored as soon as possible and, at the same time, the scene must be preserved. The two demands pull in opposite directions, and whoever has not decided in advance how to resolve that tension decides badly, with management leaning over their shoulder and the phone ringing.
The predictable part is prepared ahead of time. System state backups of at least two controllers, kept outside the domain and on media that cannot be overwritten, because an attacker with domain privileges deletes any backup that depends on domain credentials, and always does so before encrypting. The directory recycle bin enabled, which allows deleted objects to be recovered with their attributes during the configured retention period, instead of leaving them as unrecoverable remains. And a written forest recovery plan, with the restoration order, the renewal of critical keys and the contact details of whoever must authorise each step. That plan must be rehearsed, because on the day of the incident nobody reads a forty-page document for the first time.
The forensic part is a prior agreement: what gets acquired before anything is touched. A reasonable commitment, which no organisation regrets adopting, is to state in writing that no compromised domain controller is shut down, restored or reinstalled until its memory has been captured and a consistent image or export of its logs and directory database has been obtained. It is one paragraph in the response plan and it is the difference between having a case and not having one.
Forensic acquisition of a domain controller
We come to the ground where a forensic expert is irreplaceable. Acquiring evidence from a domain controller has rules of its own, and the first is the oldest in the discipline: respect the order of volatility laid down by RFC 3227, collecting first what disappears first.

Memory comes first. On a domain controller, memory holds the Kerberos tickets in use, the open sessions, the running processes and, quite often, the tools the attacker loaded without ever writing them to disk. It is captured with a recognised acquisition tool, documenting its version and its hash, and the dump is sealed on the spot. Next come network and session data: established connections, resolution tables, open file sessions. And only then does one work on disk.
On disk, the artefacts that matter on a controller are fairly specific: the complete event logs —security, system, directory service, DNS server, remote management, PowerShell—, group policies with their history, scheduled tasks, services, the system configuration hive, file system metadata and, needless to say, the directory database together with the key that decrypts it. To obtain a consistent copy of that database without stopping the service, the system provides a utility meant for creating installation media which produces exactly what is needed:
:: Consistent copy of the directory database and the required registry hive
ntdsutil "activate instance ntds" "ifm" "create full C:\forensics\ifm_dc01" quit quit
:: Export of the relevant logs from a controller
for %L in (Security System "Directory Service" "DNS Server") do @wevtutil epl "%L" "C:\forensics\%~nL.evtx"
:: Full report of every group policy in the domain
powershell -c "Get-GPOReport -All -ReportType Html -Path C:\forensics\gpo_domain.html"
That export must be handled with full awareness of what it contains: the directory database includes the password hashes of the entire organisation. Its custody demands encryption, named access control and logging of every access, and the acquisition itself should be authorised in writing. It is evidence and, at once, a risk in its own right.
There is an extraordinarily useful and little-known artefact that rescues investigations when the logs are already gone: the directory’s replication metadata. Every attribute of every object records when it was last modified, on which controller the change originated and how many times it has been modified. That makes it possible to date the tampering with an object months later, with no event log at all:
# When, and on which controller, each attribute of an object was modified
Get-ADReplicationAttributeMetadata -Object "CN=Administrator,CN=Users,DC=domain,DC=local" `
-Server dc01.domain.local -ShowAllLinkedValues |
Select-Object AttributeName, LastOriginatingChangeTime, LastOriginatingChangeDirectoryServerIdentity, Version |
Sort-Object LastOriginatingChangeTime -Descending
Two warnings specific to this environment. The first concerns virtualised controllers: never revert a snapshot of a production domain controller, because reverting causes a replication inconsistency the domain does not recover from easily; to work on a copy, isolate it in a closed network. The second concerns the chain of custody: every acquired item needs its hash computed at the moment of acquisition, its record of who, when, how and why, and its working copy, so that analysis never touches the original. This is what forensic doctrine calls sameness, and what standard ISO/IEC 27037 systematises for the identification, collection and preservation of digital evidence, alongside its sibling standards on the suitability of methods and on analysis.
Spanish law adds conditions of its own. The Criminal Procedure Act regulates, in articles 588 sexies and following, the search of mass storage devices and the remote search of computer equipment, requiring a reasoned judicial authorisation. Article 11 of the Judiciary Act excludes from proceedings any evidence obtained in breach of fundamental rights. And in the employment context, article 87 of the Data Protection and Digital Rights Act conditions an employer’s access to an employee’s digital devices on criteria having been communicated in advance. An expert who ignores these three pieces may deliver a technically impeccable and legally useless report.
Reconstructing the attack: the timeline that convinces
With everything above in place, reconstructing an attack on a domain stops being an exercise in intuition. Every step the attacker took has its record, and the work consists of ordering those records into a single timeline and explaining it.
Initial access by mail appears as a process created as a child of the mail application, followed by a network connection to an unknown destination. Domain reconnaissance leaves directory queries and, where directory service access auditing is enabled, reads of objects unusual for that account. Credential harvesting leaves accesses to the memory of the authentication process, which the system monitor records precisely. Lateral movement produces network logons and accesses to administrative shares on the target machine, with the creation of a service or a scheduled task as the fingerprint of remote execution. Escalation to the domain leaves anomalous service ticket requests, additions to privileged groups recorded with their old and new values, and, at the moment of forced replication of the database, a directory access event from an account and a machine that should not be replicating anything. The finale —deleting backups, deploying the encryption— leaves service installations, administrative command execution and, luckily for the investigator and unluckily for the attacker, the clearing of the security log as a last, clumsy attempt to cover the trail.

What turns that sequence into evidence is the discipline with which it is built: events from a store whose integrity can be shown, clocks whose synchronisation can be proven, artefacts acquired methodically and documented one by one, and a report that honestly distinguishes what is recorded from what is inferred. That distinction is what lends an expert the most credibility in the courtroom, and what courts miss the most.
A checklist for the expert and for anyone who wants to be ready
By way of an operational close, a set of checks that works in both directions: for the expert, to know what to ask for; for the organisation, to know whether it will be able to answer.
- Advanced audit policy active on controllers and servers, with the option that forces subcategories, and directory access and directory change subcategories enabled.
- Command line included in process creation events, and PowerShell script block logging enabled.
- Security log size set from a written calculation, and retention period justified in the security policy.
- Event forwarding operating towards a collector placed beyond the reach of any domain-privileged account, with periodic hashes of the exports.
- Monitoring of the auditing itself: alerts on clearing of the security log and on changes to the audit policy.
- Correct time hierarchy, with the primary domain controller emulator pointing at reliable external sources, and logging of synchronisation measurements.
- Separate administrative accounts, dedicated administration workstations and phishing-resistant multifactor authentication on all privileged access.
- Local administrator passwords managed and rotated automatically, and group-managed service accounts.
- Control plane groups reviewed with alerting on additions, delegations over privileged objects audited and certificate templates reviewed.
- Date of the last renewal of the key that signs the domain’s tickets, and a written procedure to renew it.
- Backups of at least two controllers outside the domain, on non-rewritable media, with restoration tested, and the directory recycle bin enabled.
- A written and rehearsed forest recovery plan, with an express commitment not to shut down or reinstall a compromised controller before acquiring its memory and its logs.
- A recent technical conformity report against the series 500 guides matching the declared profile, with deviations documented and a deadline for correction.
What can be proved
None of these measures prevents an attack. An adversary with resources, time and one user willing to open an attachment will get into almost any organisation, and presenting security as a promise of invulnerability is an elegant way of lying. What these measures change is something else, and it is not minor: they determine whether, when the attack comes, the organisation will be able to state precisely what happened, bound the actual damage, notify it with data instead of guesses, and demonstrate before the Spanish Data Protection Agency or a court that it did what it was required to do.
For that, the CCN’s series 500 offers something quite valuable: a public, written and verifiable criterion of what it means to configure a Microsoft environment properly, with different profiles according to what is at stake and with a free tool to check compliance. Using it makes nobody invulnerable. It does place an organisation in a very different position from the one that improvises, and that difference shows exactly when it matters most.
We will keep working through the catalogue. With the CCN’s tools —LUCIA, REYES, SAT and AMPARO— already covered in their own instalment, the ground left to cover is that of web environments and guide 812, where many of the data breaches that end up in a case file begin.
Bibliografía · References
Brezinski, D., & Killalea, T. (2002). Guidelines for evidence collection and archiving (RFC 3227). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC3227
Centro Criptológico Nacional. (2021). CCN-STIC-577A21. Perfilado de seguridad para Microsoft SharePoint Server 2019. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2023). CCN-STIC-599AB23. Perfilado de seguridad para Windows Cliente. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2025a). CCN-STIC-570A25. Perfilado de seguridad para Windows Server, controlador de dominio o servidor miembro. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2025b). CCN-STIC-573-25. Perfilado de seguridad para servidor de ficheros, servidor miembro de un dominio. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2025c). CCN-STIC-574A25. Aplicación de seguridad sobre Microsoft Internet Information Services. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2025d). CCN-STIC-576A25. Aplicación de seguridad sobre Microsoft Exchange Subscription Edition. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2025e). CCN-STIC-568A25. Aplicación de seguridad sobre Windows Server Update Services (WSUS). CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (2020). CCN-STIC-817. Esquema Nacional de Seguridad. Gestión de ciberincidentes. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/
Centro Criptológico Nacional. (s. f.). CLARA. Herramienta de análisis de cumplimiento del ENS. Manual de uso. CCN-CERT. https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/clara.html
Frost & Sullivan. (2020). Active Directory holds the keys to your kingdom, but is it secure? [Informe técnico]. Frost & Sullivan.
International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2012). ISO/IEC 27037:2012. Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. ISO.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Boletín Oficial del Estado, 157, de 2 de julio de 1985.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Boletín Oficial del Estado, 239, de 6 de octubre de 2015.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del Estado, 294, de 6 de diciembre de 2018.
Microsoft. (2021). Enhanced Security Admin Environment (ESAE) architecture mainstream retirement. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/security/privileged-access-workstations/esae-retirement
Microsoft. (2025a). System audit policy recommendations. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/audit-policy-recommendations
Microsoft. (2025b). Appendix L: Events to monitor. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/plan/appendix-l–events-to-monitor
Microsoft. (2025c). Windows LAPS overview. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/laps/laps-overview
Microsoft. (2025d). Microsoft Digital Defense Report 2025. Microsoft. https://www.microsoft.com/security/security-insider/threat-landscape/microsoft-digital-defense-report-2025
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2022.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016.
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