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«Green Victimology»: la obra que pone nombre a las víctimas del daño ambiental
Cuarenta y ocho investigadores de catorce países firman en Madrid el primer volumen colectivo en español sobre victimología verde, dirigido por la criminóloga María Teresa Muiña Ruiz.
Autor: Juan Pablo Castillo Cubillo y Manuela González
Arde el monte y nadie pregunta por la víctima
Cada verano, cuando el humo se cuela en los telediarios, la conversación pública sobre los incendios forestales recorre siempre el mismo circuito. Se cuentan las hectáreas, se discute sobre medios de extinción, se reclama mano dura con quien prendió la primera llama y, en cuestión de semanas, el asunto se apaga con el mismo desinterés con el que se apagan los rescoldos. Rara vez alguien se detiene en la pregunta que debería abrir el debate y no cerrarlo: cuando arde una comarca entera, ¿quién es exactamente la víctima?
La respuesta jurídica española es más pobre de lo que cabría esperar. El titular del monte lo es, desde luego. La administración forestal también, en la medida en que asume el coste de la restauración. Pero el vecino que respira partículas durante dos semanas, el apicultor que pierde la floración de tres temporadas, el pueblo que se queda sin la actividad económica que lo sostenía, el niño con asma que acabará en urgencias en octubre y, por descontado, la fauna calcinada y el suelo esterilizado no aparecen en ninguna diligencia con la etiqueta de perjudicados. Existen, sufren un daño medible y son, a efectos prácticos, invisibles.
Esa invisibilidad es precisamente el punto de partida de Green Victimology. Y la protección global a las víctimas, la obra colectiva internacional que la editorial madrileña GeoForenSeek publicó en agosto de 2026 bajo la dirección científica de la criminóloga María Teresa Muiña Ruiz. Setecientas ochenta y cuatro páginas, cuarenta y ocho investigadores, catorce países y una sola pregunta sostenida a lo largo de todo el volumen: quién sufre cuando el medio ambiente resulta dañado, y qué debería hacer el Derecho al respecto.
Un volumen de 784 páginas que llega cuando más falta hacía
Conviene empezar por la ficha, porque explica bastante del proyecto. Green Victimology se presenta como una obra colectiva de investigación científica, con la etiqueta de volumen académico internacional evaluado por un comité científico. Reúne a cuarenta y ocho autores procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El manuscrito pasó por un proceso de revisión por pares ciegos coordinado por un comité científico internacional, un requisito que en el terreno de las obras colectivas divulgativas suele brillar por su ausencia y que aquí se asume como condición de partida.
La obra nació en el marco de un encuentro científico internacional de victimología y se editó bajo el lema que la editorial ha convertido en divisa, In Dubio Pro Victimae. La contracubierta lo resume en una frase que funciona como declaración de intenciones y que, leída después de un verano de incendios, resulta difícil de olvidar: «La Tierra no clama venganza; clama conciencia».
Según la propia editorial, el volumen se organiza en cuatro partes que recorren la materia desde lo conceptual hasta lo aplicado. La primera asienta los fundamentos de la disciplina. La segunda se ocupa de las ciencias forenses ambientales. La tercera estudia a las víctimas y los casos concretos. La cuarta aborda las respuestas jurídicas, políticas y preventivas. En sus capítulos escriben juristas, criminólogos, victimólogos, médicos forenses, peritos y psicólogos, lo que da la medida del tipo de conversación que la obra quiere provocar.
Ese orden importa, y merece detenerse en él. Colocar las ciencias forenses ambientales en el segundo bloque, antes del estudio de las víctimas y de las respuestas del ordenamiento, supone tomar partido por una idea que en España cuesta abrirse camino: sin prueba técnica solvente no hay víctima reconocible, y sin víctima reconocible no hay reparación posible. Quien haya intentado alguna vez acreditar el nexo causal entre un vertido y un cuadro clínico sabe exactamente de qué se está hablando.
De la criminología verde a la victimología verde: treinta años de camino
La disciplina que esta obra viene a consolidar en español tiene una genealogía identificable. El punto de partida convencional se sitúa en 1990, cuando Michael J. Lynch publicó en The Critical Criminologist un texto breve titulado «The greening of criminology» que reclamaba para la criminología el estudio del daño ambiental. Durante la década siguiente, autores como Nigel South y Rob White fueron construyendo el andamiaje de lo que hoy se conoce como criminología verde.
La rama victimológica llegó algo después y con menos ruido. En 1996, Christopher Williams publicó en Social Justice un artículo fundacional, «An environmental victimology», donde propuso una definición de víctima ambiental que sigue siendo la referencia: quienes, de generaciones pasadas, presentes o futuras, resultan lesionados como consecuencia de un cambio en el entorno químico, físico, microbiológico o psicosocial provocado por una acción u omisión humana deliberada o imprudente, individual o colectiva. Es una definición amplia a propósito, y ahí reside su fuerza: incorpora el daño diferido, el daño colectivo y el daño causado por omisión, tres realidades que el Derecho penal clásico maneja con notable torpeza.
El impulso decisivo vino de dos trabajos publicados en la década siguiente. En 2011, Eileen Skinnider firmó para el International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy el informe Victims of environmental crime: Mapping the issues, que cartografió por primera vez de forma sistemática los problemas que plantea el reconocimiento de estas víctimas en los sistemas de justicia penal. Y en 2013 Matthew Hall publicó Victims of environmental harm, el primer tratado que abordó de manera monográfica los derechos, el reconocimiento y la reparación de los damnificados ambientales en el Derecho nacional e internacional, seguido al año siguiente por el artículo en el que acuñó explícitamente el marbete de green victimology en las páginas de International Review of Victimology.
Treinta años después de Williams, la literatura internacional es sólida y sigue creciendo. Lo que faltaba era una obra de referencia en español, con vocación panhispánica y con el aparato de rigor que exige una disciplina que aspira a comparecer ante un tribunal. Ese hueco es el que viene a llenar Green Victimology, y llenarlo con cuarenta y ocho firmas de catorce países no es un detalle menor: el daño ambiental es transfronterizo por naturaleza, y una obra que quiera decir algo útil sobre él necesita mirar a la vez desde Madrid, desde Bogotá y desde Ciudad de Panamá.
María Teresa Muiña Ruiz: la trayectoria que explica el libro
Quien conozca el trabajo de María Teresa Muiña Ruiz —Maite Muiña para quienes coincidimos con ella en foros profesionales— no se sorprenderá de que esta obra lleve su nombre en la dirección científica. Su perfil combina cuatro cosas que rara vez viajan juntas: formación jurídica, formación criminológica, práctica forense y experiencia de campo.
Es criminóloga y jurista, científica forense, máster en ciberseguridad y doctoranda en medicina legal. Ejerce como perito judicial —figura en el registro de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales de España— y como detective privada, una combinación poco común que explica su insistencia en que la victimología se sostenga sobre prueba y no sobre declaraciones de principios. Dirige científicamente GeoForenSeek, la editorial madrileña especializada en victimología, criminología verde y ciencias jurídicas y forenses desde la que ha empujado esta agenda, y es autora del Diccionario de Victimología, cuyo primer tomo ha ido convirtiéndose en herramienta de consulta habitual entre estudiantes y profesionales del ramo.
Ese recorrido explica el enfoque del volumen mucho mejor que cualquier declaración editorial. Una criminóloga que además pericia comprende que el reconocimiento de la víctima ambiental se juega en el terreno probatorio, y por eso el libro dedica un bloque entero a las ciencias forenses ambientales antes de entrar en el análisis victimológico. Una jurista con formación en ciberseguridad sabe que las evidencias digitales, la teledetección y las bases de datos ambientales van a ser el material con el que se construyan los casos de la próxima década. Y una profesional que ha trabajado sobre el terreno no confunde el sufrimiento de una comunidad con una abstracción.
Muiña Ruiz tampoco se ha limitado al terreno académico. Durante los incendios del verano de 2026 en la Comunidad de Madrid, Ávila, Teruel, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Toledo, Guadalajara, León y Segovia, sostuvo públicamente una posición incómoda y necesaria: quienes provocan estos fuegos de forma intencionada o por negligencias graves ponen en riesgo directo vidas humanas y arrasan la biodiversidad y el futuro de regiones enteras, de modo que el problema desborda con holgura el terreno medioambiental y se instala de lleno en el de la seguridad. Reclamó endurecimiento de las penas, justicia sin sensación de impunidad y, en el mismo aliento, mayor inversión en prevención, gestión forestal y recursos para los equipos de extinción. Es exactamente el tipo de posición que un victimólogo serio sostiene: castigo proporcionado, sí, y también todo lo que evita que haya víctimas que castigar.
La mirada amazónica de Víctor Hugo Ospina Torres
Junto a la dirección científica figura en la cubierta Víctor Hugo Ospina Torres, investigador ambiental cuya aportación aporta a la obra una perspectiva que desde Europa resulta difícil de adquirir. Ospina Torres viene escribiendo sobre gobernanza amazónica con una tesis constante: el Amazonas requiere un modelo de gestión trinacional entre Colombia, Brasil y Perú, comparable al que se aplica en el Misisipi, el Danubio, el Rin o el Paraná, con dragado sostenible apoyado en criterio científico, planificación de contingencias ambientales, participación indígena en la toma de decisiones y canales diplomáticos preventivos.
El desplazamiento del cauce del río, la sedimentación acelerada por la deforestación, la minería y la infraestructura descontrolada, y las tensiones fronterizas asociadas configuran un escenario en el que las comunidades ribereñas e indígenas son víctimas de manual. Que una obra editada en Madrid incorpore esa mirada desde dentro, y no como capítulo exótico de cierre, dice mucho de la seriedad del planteamiento.
El Derecho llegó tarde y ahora corre
La publicación de Green Victimology coincide con un momento en el que el ordenamiento jurídico internacional se está moviendo con una rapidez inusual. Repasar ese movimiento ayuda a entender por qué la obra llega en un momento oportuno.
El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 76/300, que reconoció por primera vez de forma global el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano, con 161 votos a favor. Es una resolución sin fuerza vinculante, conviene decirlo, pero constituye la base sobre la que se apoya buena parte de la litigación posterior.
En el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, sustituyó a la Directiva 2008/99/CE y amplió de forma considerable el catálogo de conductas típicas, con atención expresa al aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. Contempla penas de hasta diez años de prisión cuando la conducta cause la muerte de una persona y hasta ocho años en los casos cualificados por pérdida de servicios ambientales, una categoría que la doctrina ha leído como el equivalente europeo más cercano a la figura del ecocidio.
El ecocidio propiamente dicho llamó a la puerta de la justicia penal internacional el 9 de septiembre de 2024, cuando Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron formalmente una propuesta de enmienda del Estatuto de Roma para incorporarlo al artículo 5 como crimen autónomo. De prosperar, sería el quinto crimen internacional junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático y concluyó por unanimidad que esas obligaciones son jurídicamente vinculantes, que derivan tanto de los tratados como de la costumbre internacional y que su incumplimiento constituye un hecho internacionalmente ilícito susceptible de generar obligación de reparación. Ese pronunciamiento aterriza sobre un panorama en el que ya hay cerca de tres mil litigios climáticos abiertos en unos sesenta países.
En España, el hito más citado es la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, que reconoció personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, la primera norma estatal europea que otorga esa condición a un ecosistema. Impugnada por más de cincuenta diputados, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso en su sentencia 142/2024, de 20 de noviembre, y confirmó que los derechos de la naturaleza encajan sin dificultad en el marco constitucional español.
Lo llamativo del conjunto es la velocidad. En poco más de tres años, el derecho a un medio ambiente sano se ha reconocido en la Asamblea General, la Unión Europea ha reforzado su Derecho penal ambiental, el ecocidio ha entrado en la agenda de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia ha fijado obligaciones climáticas exigibles y el Constitucional español ha avalado que una laguna sea sujeto de derechos. Falta la pieza que Green Victimology pone sobre la mesa: un estatuto victimológico que diga quién puede reclamar, con qué prueba y con qué alcance.
Las cifras que obligan a mirar
La magnitud del fenómeno se aprecia mejor con datos delante. La Organización Mundial de la Salud atribuye a la contaminación del aire alrededor de siete millones de muertes prematuras cada año, una cifra que supera con holgura la de cualquier categoría delictiva convencional y que, sin embargo, no genera ni una fracción de la respuesta institucional que reciben aquellas.
El informe conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente e INTERPOL estimó el valor del delito ambiental entre 91.000 y 259.000 millones de dólares anuales, con un crecimiento del 26 % respecto a la estimación previa, lo que lo sitúa entre las actividades ilícitas más rentables del planeta, por detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas. Ese dinero financia conflictos, alimenta redes criminales transnacionales y deja tras de sí comunidades enteras sin recursos.
Defender el territorio sigue costando la vida. El informe Raíces de resistencia, publicado por Global Witness en septiembre de 2025, documentó al menos 146 personas defensoras del medio ambiente asesinadas o desaparecidas durante 2024, de las cuales 117 en América Latina, con Colombia a la cabeza por tercer año consecutivo con 48 casos. Entre 2012 y 2024 la cuenta acumulada asciende a 2.253 personas.
En España, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo formuló en 2025 alrededor de 1.478 acusaciones en materia medioambiental en sentido amplio. En materia de incendios forestales, el resultado fue de 86 condenas en 2025, y de 478 sentencias condenatorias en el conjunto del quinquenio 2021-2025. La propia Fiscalía atribuye esa cifra a la enorme dificultad probatoria que plantea acreditar la autoría en este tipo de delitos, un diagnóstico que enlaza directamente con el bloque forense del libro.
Y el contexto inmediato tampoco invita al optimismo. Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026, España acumulaba 295.720 hectáreas quemadas, el 45,6 % de las 647.375 hectáreas arrasadas en el conjunto de la Unión Europea, con 213.599 hectáreas concentradas solo entre julio y agosto, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. El año anterior había cerrado con 393.079 hectáreas, la peor cifra desde 1994.
Detrás de cada uno de esos números hay personas concretas. Ese es exactamente el trabajo que se propone Green Victimology: convertir la estadística ambiental en un catálogo de víctimas identificables, con nombre, con daño acreditable y con derecho a reparación.
Por qué interesa a quien trabaja en ciencias forenses
Podría pensarse que un volumen de victimología ambiental interesa sobre todo a juristas y a activistas. La estructura de la obra desmiente esa impresión desde el índice. El bloque dedicado a las ciencias forenses ambientales es, para el lector de este medio, probablemente el de mayor recorrido práctico.
La acreditación del daño ambiental exige un repertorio técnico muy amplio: análisis toxicológico de matrices ambientales y biológicas, dosimetría de exposición, teledetección y análisis de imagen satelital para documentar deforestación o vertidos, geolocalización forense, entomología y botánica aplicadas a la datación, epidemiología para establecer nexos causales poblacionales y análisis de isótopos estables para trazar el origen de un contaminante. Cada una de esas disciplinas tiene ya literatura propia; lo que faltaba era un marco que las ordenara al servicio de una pregunta victimológica concreta.
En el terreno médico-forense, la victimología ambiental plantea además desafíos de método que resultan estimulantes. El daño ambiental suele ser diferido, difuso, acumulativo y multicausal, cuatro características que hacen saltar por los aires el esquema clásico de causalidad penal. Establecer que una exposición prolongada a un contaminante determinado contribuyó de manera significativa a un cuadro clínico concreto obliga a manejar probabilidad, riesgo atribuible y criterios de imputación objetiva con una finura que la práctica pericial ordinaria no siempre exige. Es un terreno donde queda mucho por construir, y una obra que lo señale con claridad presta un servicio considerable.
Un libro que se lee con lápiz
Hay obras colectivas que se publican para engordar un currículum y obras colectivas que se publican porque hacen falta. Green Victimology pertenece con claridad al segundo grupo. Reunir a cuarenta y ocho investigadores de catorce países, someter el resultado a revisión por pares ciegos y sostener a lo largo de setecientas ochenta y cuatro páginas una pregunta común exige una capacidad de coordinación considerable, y el mérito corresponde en buena medida a la dirección científica de María Teresa Muiña Ruiz.
El valor de la obra va bastante más allá de su condición de novedad editorial. Consolida en lengua española una disciplina que llevaba tres décadas construyéndose en inglés, la dota de aparato forense y jurídico, y lo hace en el momento exacto en el que los tribunales internacionales están fijando obligaciones exigibles y las legislaciones nacionales empiezan a reconocer sujetos que hasta ayer eran paisaje. Quien trabaje en criminología, en Derecho penal ambiental, en medicina legal o en peritación va a encontrar aquí un mapa que hasta ahora tenía que dibujarse por su cuenta.
Desde Actum Forense Press celebramos la aparición de este volumen y felicitamos a su directora científica y al conjunto de autores. Y hacemos nuestra la frase de la contracubierta, que resume el espíritu del proyecto mejor que cualquier reseña: la Tierra no clama venganza, clama conciencia.
Ficha de la obra
Título: Green Victimology. Y la protección global a las víctimas.
Dirección científica: María Teresa Muiña Ruiz. Investigador ambiental: Víctor Hugo Ospina Torres. Evaluación: Comité Científico Internacional (revisión por pares ciegos).
Editorial: GeoForenSeek Editorial Científica y Académica (Madrid, 2026). ISBN: 979-12-9922-022-3. Extensión: 784 páginas. Idioma: español. Publicación: agosto de 2026.
Autoría colectiva: 48 investigadores de 14 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Italia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela).
«Green Victimology»: the book that gives environmental harm victims a name
Forty-eight researchers from fourteen countries have signed, in Madrid, the first Spanish-language collective volume on green victimology, under the scientific direction of criminologist María Teresa Muiña Ruiz.
Author: Juan Pablo Castillo Cubillo & Manuela González
The hillside burns and nobody asks who the victim is
Every summer, when the smoke reaches the evening news, public debate about forest fires follows the same circuit. Hectares are counted, firefighting resources are argued over, harsh punishment is demanded for whoever lit the first flame and, within a few weeks, the matter dies down with the same indifference as the embers. Rarely does anyone stop at the question that ought to open the discussion rather than close it: when an entire district burns, who exactly is the victim?
The Spanish legal answer is poorer than one might expect. The owner of the woodland certainly qualifies. So does the forestry administration, insofar as it bears the cost of restoration. Yet the neighbour who breathes particulate matter for a fortnight, the beekeeper who loses three seasons of flowering, the village stripped of the economic activity that sustained it, the asthmatic child who will end up in A&E come October and, of course, the incinerated wildlife and the sterilised soil appear in no case file labelled as injured parties. They exist, they suffer measurable harm and they are, for all practical purposes, invisible.
That invisibility is precisely the starting point of Green Victimology. Y la protección global a las víctimas, the international collective work published in August 2026 by the Madrid-based publisher GeoForenSeek under the scientific direction of criminologist María Teresa Muiña Ruiz. Seven hundred and eighty-four pages, forty-eight researchers, fourteen countries and a single question sustained throughout the volume: who suffers when the environment is damaged, and what should the law do about it?
A 784-page volume arriving exactly when it was needed
It is worth beginning with the bibliographic details, because they say a great deal about the project. Green Victimology presents itself as a collective work of scientific research, badged as an international academic volume assessed by a scientific committee. It gathers forty-eight authors from Bolivia, Brazil, Colombia, Denmark, Ecuador, El Salvador, Spain, Honduras, Italy, Mexico, Panama, Peru, Uruguay and Venezuela. The manuscript went through a blind peer review process coordinated by an International Scientific Committee, a requirement conspicuously absent from most collective works of this kind and here treated as a precondition.
The book grew out of an international scientific meeting on victimology and was published under the motto the publisher has adopted as its own, In Dubio Pro Victimae. The back cover distils it into a line that reads as a statement of intent and that, after a summer of wildfires, is hard to forget: «The Earth does not cry out for vengeance; it cries out for conscience».
According to the publisher, the volume is organised into four parts running from the conceptual to the applied. The first establishes the foundations of the discipline. The second addresses environmental forensic science. The third studies victims and specific cases. The fourth tackles legal, policy and preventive responses. Its chapters are written by jurists, criminologists, victimologists, forensic physicians, expert witnesses and psychologists, which gives a fair measure of the conversation the book wants to provoke.
That ordering matters and deserves attention. Placing environmental forensic science in the second block, ahead of the study of victims and of the responses available under the law, amounts to taking a position on an idea that struggles to gain ground in Spain: without sound technical evidence there is no recognisable victim, and without a recognisable victim there can be no redress. Anyone who has ever tried to establish the causal link between a discharge and a clinical picture knows exactly what is being discussed here.
From green criminology to green victimology: thirty years of groundwork
The discipline this book consolidates in Spanish has an identifiable genealogy. The conventional starting point is 1990, when Michael J. Lynch published a short piece in The Critical Criminologist entitled «The greening of criminology», claiming environmental harm as a proper object of criminological study. Over the following decade, authors such as Nigel South and Rob White built the scaffolding of what is now known as green criminology.
The victimological branch came somewhat later and with less fanfare. In 1996, Christopher Williams published a founding article in Social Justice, «An environmental victimology», proposing a definition of environmental victim that remains the benchmark: those of past, present or future generations who are injured as a consequence of change to the chemical, physical, microbiological or psychosocial environment, brought about by deliberate or reckless, individual or collective human acts or omissions. The definition is deliberately broad, and therein lies its strength: it takes in deferred harm, collective harm and harm caused by omission, three realities that classical criminal law handles with notable clumsiness.
The decisive impetus came from two works published in the following decade. In 2011, Eileen Skinnider wrote Victims of environmental crime: Mapping the issues for the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, the first systematic mapping of the problems raised by recognising these victims within criminal justice systems. And in 2013 Matthew Hall published Victims of environmental harm, the first monograph devoted to the rights, recognition and redress of environmental victims under national and international law, followed a year later by the article in which he explicitly coined the label green victimology in the pages of the International Review of Victimology.
Thirty years after Williams, the international literature is solid and still growing. What was missing was a reference work in Spanish, with a pan-Hispanic scope and the scholarly apparatus demanded by a discipline that aspires to be heard in court. That is the gap Green Victimology fills, and filling it with forty-eight contributors from fourteen countries is no minor detail: environmental harm is cross-border by nature, and any work hoping to say something useful about it needs to look from Madrid, from Bogotá and from Panama City at once.
María Teresa Muiña Ruiz: the career that explains the book
Anyone familiar with the work of María Teresa Muiña Ruiz —Maite Muiña to those of us who cross paths with her at professional gatherings— will not be surprised to see her name in the scientific direction of this volume. Her profile combines four things that seldom travel together: legal training, criminological training, forensic practice and field experience.
She is a criminologist and jurist, a forensic scientist, holds a master’s degree in cybersecurity and is a doctoral candidate in legal medicine. She works as a court-appointed expert —she is listed in the register of the Spanish Professional Association of Judicial Experts— and as a private investigator, an unusual combination that explains her insistence that victimology rest on evidence rather than on declarations of principle. She is scientific director of GeoForenSeek, the Madrid publishing house specialising in victimology, green criminology and legal and forensic sciences from which she has driven this agenda, and she is the author of the Diccionario de Victimología, whose first volume has become a standard reference among students and practitioners in the field.
That trajectory explains the book’s approach far better than any publisher’s blurb. A criminologist who also gives expert evidence understands that recognition of the environmental victim is won or lost on evidentiary ground, which is why the book devotes an entire block to environmental forensic science before turning to victimological analysis. A jurist trained in cybersecurity knows that digital evidence, remote sensing and environmental databases will be the raw material of the next decade’s cases. And a professional who has worked on the ground does not mistake a community’s suffering for an abstraction.
Muiña Ruiz has not confined herself to academia either. During the wildfires of summer 2026 in the Madrid region, Ávila, Teruel, the Valencian Community, Catalonia, Andalusia, Toledo, Guadalajara, León and Segovia, she publicly held an uncomfortable and necessary position: those who start these fires deliberately or through gross negligence place human lives at direct risk and destroy the biodiversity and the future of entire regions, so the problem reaches well beyond environmental policy and lands squarely in the field of security. She called for tougher sentences and for justice that leaves no sense of impunity while, in the same breath, demanding greater investment in prevention, forest management and resources for firefighting crews. That is exactly the position a serious victimologist holds: proportionate punishment, yes, together with everything that prevents there being victims to avenge.
Víctor Hugo Ospina Torres and the Amazonian perspective
Alongside the scientific direction, the cover names Víctor Hugo Ospina Torres, an environmental researcher whose contribution brings the book a perspective that is difficult to acquire from Europe. Ospina Torres has been writing on Amazonian governance with a consistent thesis: the Amazon requires a trinational management model between Colombia, Brazil and Peru, comparable to those applied on the Mississippi, the Danube, the Rhine or the Paraná, with sustainable dredging grounded in scientific criteria, environmental contingency planning, indigenous participation in decision-making and preventive diplomatic channels.
The shifting of the river’s course, the sedimentation accelerated by deforestation, mining and unchecked infrastructure, and the border tensions that come with them make up a scenario in which riverine and indigenous communities are textbook victims. That a volume edited in Madrid should incorporate that view from within, rather than as an exotic closing chapter, says a great deal about the seriousness of the undertaking.
The law arrived late and is now running
The publication of Green Victimology coincides with a moment in which international law is moving at unusual speed. Reviewing that movement helps explain why the book arrives at an opportune time.
On 28 July 2022, the United Nations General Assembly adopted resolution 76/300, recognising for the first time on a global scale the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right, with 161 votes in favour. It is a non-binding resolution, it should be said, but it underpins a good deal of the litigation that followed.
In Europe, Directive (EU) 2024/1203 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on the protection of the environment through criminal law replaced Directive 2008/99/EC and considerably widened the catalogue of criminal conduct, with express attention to air, water, soil and biodiversity. It provides for prison sentences of up to ten years where the conduct causes a person’s death and up to eight years in qualified cases involving the loss of ecosystem services, a category scholars have read as the closest European equivalent to the offence of ecocide.
Ecocide proper knocked on the door of international criminal justice on 9 September 2024, when Vanuatu, Fiji and Samoa formally tabled a proposed amendment to the Rome Statute to include it in Article 5 as a standalone crime. If successful, it would become the fifth international crime alongside genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression.
On 23 July 2025, the International Court of Justice delivered its advisory opinion on States’ obligations in respect of climate change, concluding unanimously that those obligations are legally binding, that they derive from both treaties and customary international law, and that breaching them constitutes an internationally wrongful act capable of giving rise to a duty of reparation. That ruling lands on a landscape in which roughly three thousand climate cases are already under way in some sixty countries.
In Spain, the most frequently cited milestone is Act 19/2022 of 30 September, which granted legal personality to the Mar Menor lagoon and its basin, the first national statute in Europe to confer that status on an ecosystem. Challenged by more than fifty members of parliament, the plenary of the Constitutional Court dismissed the appeal in judgment 142/2024 of 20 November, confirming that the rights of nature fit comfortably within the Spanish constitutional framework.
What stands out is the pace. In little more than three years, the right to a healthy environment has been recognised by the General Assembly, the European Union has strengthened its environmental criminal law, ecocide has entered the agenda of the International Criminal Court, the International Court of Justice has set enforceable climate obligations and the Spanish Constitutional Court has upheld a lagoon as a subject of rights. The missing piece is the one Green Victimology puts on the table: a victimological framework setting out who may claim, on what evidence and to what extent.
The figures that demand attention
The scale of the phenomenon is best appreciated with the data to hand. The World Health Organization attributes around seven million premature deaths a year to air pollution, a figure that comfortably exceeds any conventional category of crime and that nonetheless generates a fraction of the institutional response those categories receive.
The joint report by the United Nations Environment Programme and INTERPOL estimated the value of environmental crime at between 91 and 259 billion US dollars a year, a 26 % rise on the previous estimate, placing it among the most profitable illicit activities on the planet, behind drug trafficking, counterfeiting and human trafficking. That money funds conflicts, feeds transnational criminal networks and leaves entire communities without resources.
Defending one’s territory still costs lives. The report Roots of Resistance, published by Global Witness in September 2025, documented at least 146 land and environmental defenders killed or disappeared during 2024, 117 of them in Latin America, with Colombia leading for the third consecutive year at 48 cases. Between 2012 and 2024 the cumulative count stands at 2,253 people.
In Spain, the Environment and Urban Planning Prosecutor’s Office brought around 1,478 charges in environmental matters in the broad sense during 2025. On forest fires specifically, the outcome was 86 convictions in 2025 and 478 guilty verdicts across the whole 2021-2025 period. The prosecution service itself attributes those figures to the enormous evidentiary difficulty of establishing authorship in this type of offence, a diagnosis that connects directly with the book’s forensic block.
Nor does the immediate context invite optimism. Between 1 January and 2 September 2026, Spain had accumulated 295,720 hectares burned, 45.6 % of the 647,375 hectares lost across the European Union, with 213,599 hectares concentrated in July and August alone, according to the European Forest Fire Information System. The previous year had closed at 393,079 hectares, the worst figure since 1994.
Behind each of those numbers stand identifiable people. That is precisely the work Green Victimology sets out to do: turning environmental statistics into a catalogue of identifiable victims, with names, with demonstrable harm and with a right to redress.
Why it matters to forensic practitioners
One might assume that a volume on environmental victimology is mainly of interest to lawyers and campaigners. The structure of the work contradicts that impression from the table of contents onwards. For readers of this publication, the block devoted to environmental forensic science is probably the one with the greatest practical reach.
Establishing environmental harm calls for a very broad technical repertoire: toxicological analysis of environmental and biological matrices, exposure dosimetry, remote sensing and satellite image analysis to document deforestation or discharges, forensic geolocation, entomology and botany applied to dating, epidemiology to establish population-level causal links, and stable isotope analysis to trace the origin of a contaminant. Each of those disciplines already has a literature of its own; what was missing was a framework organising them around a specific victimological question.
In medico-legal terms, environmental victimology also raises methodological challenges that are genuinely stimulating. Environmental harm tends to be deferred, diffuse, cumulative and multicausal, four features that blow apart the classical scheme of criminal causation. Establishing that prolonged exposure to a given contaminant contributed significantly to a specific clinical picture requires handling probability, attributable risk and criteria of objective imputation with a subtlety that ordinary expert practice does not always demand. There is a great deal still to be built here, and a work that flags it clearly renders considerable service.
A book to be read with a pencil in hand
Some collective works are published to pad a curriculum vitae and some are published because they are needed. Green Victimology clearly belongs to the second group. Bringing together forty-eight researchers from fourteen countries, submitting the result to blind peer review and sustaining a common question across seven hundred and eighty-four pages calls for considerable coordinating ability, and much of the credit goes to the scientific direction of María Teresa Muiña Ruiz.
The value of the book reaches well beyond its status as a new release. It consolidates in Spanish a discipline that had spent three decades being built in English, equips it with forensic and legal apparatus, and does so at the precise moment when international courts are setting enforceable obligations and national legislatures are beginning to recognise subjects that until recently were mere scenery. Anyone working in criminology, environmental criminal law, legal medicine or expert witness practice will find here a map they previously had to draw for themselves.
At Actum Forense Press we welcome the appearance of this volume and congratulate its scientific director and all its contributors. And we adopt the line from the back cover, which captures the spirit of the project better than any review could: the Earth does not cry out for vengeance, it cries out for conscience.
Book details
Title: Green Victimology. Y la protección global a las víctimas.
Scientific direction: María Teresa Muiña Ruiz. Environmental researcher: Víctor Hugo Ospina Torres. Assessment: International Scientific Committee (blind peer review).
Publisher: GeoForenSeek Editorial Científica y Académica (Madrid, 2026). ISBN: 979-12-9922-022-3. Length: 784 pages. Language: Spanish. Published: August 2026.
Collective authorship: 48 researchers from 14 countries (Bolivia, Brazil, Colombia, Denmark, Ecuador, El Salvador, Spain, Honduras, Italy, Mexico, Panama, Peru, Uruguay and Venezuela).
Bibliografía / References
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Créditos de las imágenes / Image credits
Cubierta de Green Victimology. Y la protección global a las víctimas: © GeoForenSeek Editorial Científica y Académica (Madrid, 2026). Reproducida al amparo del derecho de cita, con fines de información y comentario editorial; todos los derechos sobre la obra pertenecen a sus titulares.
Ladera calcinada en el sur de Ávila: Miguel Ángel Masegosa Martínez, «Desastre», CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
Deforestación en Rondônia (Brasil): Bruno Kelly / Amazônia Real, CC BY 2.0, vía Wikimedia Commons.
Minería aurífera ilegal en Madre de Dios (Perú): Coordenação-Geral de Observação da Terra (INPE), CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons.
Vertedero de Agbogbloshie, Acra (Ghana): Muntaka Chasant, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
Mural sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, Los Alcázares (Murcia): B. N. Sánchez, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.
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